Entre los Panamá Papers y los despabilados tribunales federales de
Comodoro Py, la Argentina está ante la oportunidad de establecer
nuevos cimientos contra la corrupción, pero la propia experiencia
indica que puede ser solo otra cruzada fugaz.
Una ofensiva judicial avanzó hacia el corazón del kirchnerismo
en la última semana, con las detenciones Ricardo Jaime y Lázaro
Báez, el "arrepentimiento" de Leonardo Fariña y la posibilidad de
que las principales causas contra la administración pública trepen
hasta la propia ex presidenta Cristina Kirchner.
Esa embestida tomó al actual gobierno, que había llegado al
poder pretendiendo ser la antítesis de esas prácticas, en plena
aparición del presidente Macri en el escándalo internacional de
sociedades offshore conocido como Papeles de Panamá.
Antes de avanzar en el análisis, vale decir que ambas
situaciones no son equiparables. Por un lado se trata de casos de
corrupción múltiples y expuestos. Por el otro, por ahora son
manchas al puritanismo pretendido de Cambiemos.
Ocurre que esas sociedades en paraísos fiscales no suelen tener
fines filantrópicos. Además, salvando las distancias con el
exhibicionismo kirchnerista, los ocho años gobernados por Macri en
la Ciudad de Buenos Aires tampoco estuvieron marcados por la
castidad en la administración pública.
Y no está mal que un fiscal federal, Federico Delgado, abra una
investigación para ver si hubo omisión maliciosa de Macri en sus
declaraciones juradas de las sociedades comerciales Fleg Trading y
Kagemusha, creadas por su padre y surgidas de la filtración de los
documentos del estudio pañameno Mossack Fonseca.
¿ESCONDEDOR O
TRANSPARENTE?
Para el Gobierno de Cambiemos el caso resultó un aprendizaje.
Primero buscó minimizarlo, luego debatió cómo enfrentarlo -si
proteger o exponer al Presidente ante la opinión pública-, hasta
que trató de pasar a la ofensiva con una batería de medidas. Para
ello tuvo el invalorable aporte de Báez yendo y viniendo de
Tribunales esposado, con chaleco y rodeado de policías.
Macri recurrió a la Justicia en lo civil para que determine si
obró mal, lo cual no invalida el trabajo de la justicia penal;
anunció la apertura de un fideicomiso ciego para que administre
sus bienes sin su conocimiento; y anunció el envío al congreso de
una Ley de Acceso a la Información Pública.
Este último punto no es menor. Las ONG que se ocupan de la
transparencia dogmatizan que a mayor opacidad en el Estado hay
mayores posibilidades de que haya hechos de corrupción.
La Ley
FOIA (Freedom of Information Act) es un emblema de la
transparencia porque implica que la obligación del Estado de
responder pedidos de información de cualquier ciudadano.
Al asumir el Gobierno en 2003 Néstor Kirchner dictó el decreto
1172/03 de Acceso a la Información para el ámbito del Poder
Ejecutivo. Esa herramienta funcionó, hasta que el camporista
Andrés "Cuervo" Larroque copó el organismo encargado de elaborar
las respuestas y ese proceso se frustró.
Paralelamente, el kirchnerismo frenó varias veces los proyectos
para que haya una ley del parlamento. La diferencia entre aquel
decreto y una ley como la que se va a debatir ahora es que también
obliga a responder pedidos de información a la Justicia, el
Congreso y al Ministerio Público Fiscal.
El kirchnerismo también se encargó de desmantelar a los
organismos de control, a excepción de la Auditoría General de la
Nación (AGN), que por ley depende del Congreso y debe estar
conducida por la oposición. Pero vació la Oficina Anticorrupción
(OA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Defensoría
del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
Macri quiere mostrar contraste, pero la designación de Laura
Alonso en la OA pareció un contrasentido. La ex directora de Poder
Ciudadano y ex diputada del PRO es idónea para dar marco a la
cristalinidad del Estado, pero su identificación partidaria le
restó credibilidad en sus intervenciones respecto al contrato de
YPF-Chevron y ahora en Panama Papers.
Otro hecho que opaca este virtual "mani pulite" local fue la
renuncia del juez Norberto Oyarbide. Es el mismo que acumuló 43
pedidos de juicio político en 21 años, que zafó en 2001 en una
causa por prestar cobertura a prostíbulos, el que usaba un anillo
de 250 mil dólares, que renovaba todos su muebles cada cuatro años
y el que sobreseyó en tiempo récord por enriquecimiento ilícito a
los Kirchner. El mismo que ahora era investigado por frenar un
allanamiento por pedido del Gobierno anterior.
Lo que causa ruido no es la renuncia sino su anunciada
aceptación.
Elisa Carrió había puesto sobre aviso que Daniel
Angelici había negociado esa jubilación del juez. Por esos
servicios de "gestor" hay una causa abierta.
El caso Oyarbide podría haber sido un ejemplo para el "Nunca
más" contra la impunidad del que habló Ricardo Lorenzetti.
El
presidente de la Corte Suprema lo dijo ahora con todas las letras
luego de años de referencias ambiguas y solo sugerentes.
Según datos del Ministerio Público Fiscal de 2010 y del Centro
de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) de 2008 la tasa
de condenas por delitos de corrupción es menor al 3% en la
Argentina y los procesos duran 12 años en promedio, con condenas
que en su mayoría no son de cumplimiento efectivo.
Esa falta de resultados obedece al desgano de los mismos jueces
federales que ahora están energizados; y también por la
indiferencia de una sociedad que -con absoluta lógica- tuvo como
prioridades el bolsillo y su seguridad.
En ese contexto, es justo plantear el interrogante sobre si
esta embestida judicial y esta refundación de la transparencia
será profunda o pasajera. El Gobierno de la Alianza nació bajo la
misma atmósfera, pero ese vigor duró hasta que la Banelco y una
economía sin tregua condujeron al estallido.