Hoy, en el marco de la globalidad, en la extensión de los ajustes económicos, el incremento de la pobreza y de la brecha entre quienes más y quienes menos poseen, de los esfuerzos para generar condiciones para vivir con mayores niveles de seguridad, se impone incluir herramientas que permitan involucrar nuevos actores, establecer alianzas y compromisos que reorganicen un movimiento en pos de la valorada meta social.

Es necesario propiciar el abordaje de la seguridad desde una perspectiva integradora, reubicando el problema en un contexto más abarcativo que el correspondiente a los ámbitos de la justicia y policía. Intentar instalar el enfoque de la seguridad ciudadana desde una óptica superadora del estrecho marco de la criminalidad.

Las demandas de seguridad son múltiples, a menudo antagónicas. La seguridad se inscribe en una diversidad de situaciones. Considerar a las diferentes violencias urbanas como abuso de poder, nos permite quizás tener una mirada diferente de los protagonistas de la inseguridad urbana y de las políticas de seguridad urbana.

Seguridad e inseguridad urbana se explican y comprenden a través del significado y consecuencias que los procesos de exclusión y segregación social traen aparejadas. Este es el punto de partida para la creación de mecanismos y estrategias de superación.

La inseguridad no es solamente un problema de criminalidad. En general, los modelos de seguridad urbana son modelos de juristas. Es necesario retomar el tema de la gestión urbana (estética urbana) para luego reintroducir lo legal.

Nuestros códigos jurídicos y sistemas penales no son los únicos que deben ocuparse del problema. La inseguridad que sienten los ciudadanos en su vida cotidiana, resulta sobre todo consecuencia de un abandono social. Los ciudadanos se sienten abandonados por sus instituciones, por el personal policial, su vecindario, hasta por su familia.

La soledad se incrementa por la incertidumbre laboral, las malas condiciones habitacionales, el barrio sin servicios públicos adecuados, las malas condiciones sanitarias. El aumento de enfermedades, de suicidios, de suicidios de nuestros jóvenes por adicciones, de buscar la salida y no encontrarla ni en la sociedad ni en el Estado, la violencia en todas sus formas, ponen de manifiesto este estado de abandono.

Enfrentar la inseguridad, es manifestar la voluntad política de poner fin a este abandono. Es pensar que todos los ciudadanos de una misma sociedad, de una misma ciudad, pueden tener los mismos derechos y deberes y tener acceso al bien común que representa la seguridad.

Políticas de la ciudad con respecto al tema de la seguridad: Si bien en términos de percepción social, la inseguridad es visualizada por la población como un problema unitario, remite a la necesidad de articular varios problemas profundamente vinculados entre sí, rescatando el concepto de sistema para enunciar el nuevo modelo comprensivo de seguridad, que pone de relieve la importancia y la necesaria articulación de todos y cada uno de los segmentos que hacen al funcionamiento de la seguridad en su conjunto.

Cada ciudad, cada barrio, presenta rasgos heterogéneos, indicadores totalmente distintos. Se impone, por ello, un análisis de situación que permita visualizar dónde y para quien es un problema la violencia, puesto que las connotaciones sociales de determinados grupos son soporte necesario de criminalidad para otros sectores sociales. La inseguridad deteriora la calidad de vida de ciertos barrios y del centro de las ciudades.

La calidad de vida en las ciudades se relaciona con la seguridad que sus habitantes alcanzan en su interior. La libertad de los habitantes para circular, movilizarse y permanecer en cualquier espacio urbano, se relaciona con la forma de uso de las distintas áreas. El uso constante y masivo de los espacios públicos, en un contexto de convivencia solidaria y de respeto por las diferencias, genera mayores posibilidades de protección social.

La inseguridad cambia el uso que la gente le da a la ciudad. El primer efecto es el desincentivo del uso de las calles y espacios públicos y la tendencia de hacerlos privados.

Las políticas locales de seguridad necesariamente deben provenir de articulaciones del sector privado, el sector público, de las distintas instancias del sistema de justicia penal, los servicios sociales, de educación, de salud y de planificación urbana, teniendo en cuenta que la nueva organización de los estados municipales deben responder a la preocupación de los ciudadanos, así como generar una reflexión y análisis de cómo impactan sobre la criminalidad las decisiones que se toman en los distintos sectores.

Algunas consideraciones acerca de la participación en estos tiempos: la participación constituye un valor de la sociedad democrática pero requiere una revisión acerca de los objetivos, procedimientos y mecanismos con y por los cuales se persigue un mayor involucramiento colectivo en programas de seguridad ciudadana.

Puede colaborar mucho en esta dirección, analizar las situaciones que viven las Organizaciones de la Sociedad Civil, uno de los actores más dinámicos de la comunidad y protagonista clave de las iniciativas de participación ciudadana. Hay aspectos contextuales como la existencia de redes de relaciones y confianza en una comunidad que contribuyen a una interacción mucho más fluida y menos violenta, incluso en condiciones de pobreza. Este “capital social” es el que puede marcar la diferencia entre una comunidad pobre con bajos índices de violencia y una comunidad de similares características pero con altos índices de violencia. También se detecta un “capital social perverso” en la cual las redes, contactos y asociaciones están al servicio de actividades ilegales.

Es conocido el papel destructor del tejido social que desempeña la pobreza, marco que conduce a empeñar todas las energías posibles en la lucha por la supervivencia diaria. La pobreza económica lleva a “pobreza del poder”. Las organizaciones populares se debilitan y atomizan. Un tejido social debilitado es una base endeble para la participación.

Existen diferencias entre la participación Real y la participación Simbólica. Esta última asume dos connotaciones: una, el referirse a acciones a través de las cuales no se ejerce -o se ejerce en grado mínimo- una influencia a nivel de la política y del funcionamiento institucional; otra, el generar en los individuos y grupos comprometidos la ilusión de ejercer un poder inexistente. Es decir, que cuando identificamos la participación como variable de calidad de los programas, nos referimos a las preguntas ¿quién decide?, ¿en qué se decide?, ¿este programa favorece la participación real?, es decir, ¿supone modificaciones en la estructura de concentración de poder?.

Varias declamaciones o intentos de promover la participación son discutibles ya que no implican cambio alguno en los esquemas de tomas de decisiones o en la naturaleza de las mismas. Muchas veces enmascaran distintas formas de conservación y legitimación del poder establecido. Se genera así una nueva situación que suma el no acceso a los bienes y servicios, el no acceso a los procesos de participación Real.

Reflexión: Si no se pone en marcha una verdadera transformación de los servicios por parte del Estado -en este caso, una mejora palpable en la atención al ciudadano en las Comisarías, en los juzgados y demás organismos relacionados con la seguridad- será muy difícil lograr el compromiso de la comunidad que se encuentra debilitado en parte como consecuencia de la gran cantidad de promesas incumplidas.

Sigue además presente el peligro siempre latente de utilizar la participación comunitaria como un mecanismo de desplazamiento de la responsabilidad del Estado en la solución de los problemas relacionados con la seguridad pública.