Si bien el Gobierno afirmó que
quiere tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil en 2018, el
debate ya comenzó y los distintos sectores políticos del país se
expresaron a favor y en contra de la posibilidad de bajar la edad
mínima de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque coincidieron en
que existe la necesidad de reformular la normativa que rige desde
1980.
La modificación del régimen también genera diferencias entre
los dirigentes de un mismo partido, mientras la Iglesia ya aclaró
que está en contra de llevar la edad de imputabilidad a los 14 y
reclamó no convertir a los jóvenes en "enemigos sociales".
Antes del inicio de la campaña electoral, el Gobierno anticipó
su intención de discutir la cuestión en el Congreso después de
los comicios, aunque señaló que convocará a una comisión de
expertos para elaborar la propuesta legislativa.
Dentro del oficialismo existen algunos matices con respecto al
tratamiento del Régimen Penal Juvenil, aunque hay consenso en la
cuestión de fondo.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió recordó esta semana que su
espacio presentó un proyecto sobre el tema, que contempla a los
jóvenes de entre 14 y 18 años, y establece penas de "privación de
libertad domiciliaria y privación de libertad en centros
especializados" sólo en casos de delitos graves.
En tanto, el diputado de la Unión Cívica Radical Mario Negri
expresó: "Creo que hay que abordar el tema desde un Instituto
Penal Juvenil. Pero si el Gobierno eligió el camino de la
consulta, no de la mediatización de un tema que tiene que ver con
el dolor, creo que va por el camino correcto. Es impensado
imaginar que vamos a ir a la atropellada a modificar el Código
Penal".
Entre los que se encuentran a favor está el Frente Renovador
de Sergio Massa, que en 2015 presentó un proyecto para bajar el
límite de la imputabilidad, pero advirtió que esa medida debe ser
acompaña con mejoras del sistema, ya que -según dijo- "la baja de
edad sola es, sin duda, un golpe de efecto que no resuelve el
problema".
En ese grupo también está el vicepresidente del Partido
Justicialista, Daniel Scioli, quien ya había impulsado la
reducción de la edad de imputabilidad para casos graves cuando
estuvo al frente de la Gobernación bonaerense.
En contra figuran la aliada política de Massa, Margarita
Stolbizer, quien no avala las penas para los menores de 16, pero
concuerda en que debe haber una discusión sobre el Régimen Penal
Juvenil.
El jefe del bloque de diputados nacional del Frente para la
Victoria, Héctor Recalde, rechazó la baja, aunque dijo que están
dispuestos a "discutirla", junto con un reforma general "del
sistema juvenil".
La expresidenta Cristina Kirchner se había mostrado conforme
con un debate sobre la baja a 14 años en 2011, al considerar que
sería una "adecuación a los tiempos que corren".
"Ya tiene media sanción por parte del Senado (había sido
votada en 2009) la reducción a 14 años que, en definitiva, es un
derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección
pero también de adecuación a los tiempos que corren", había
señalado la exmandataria en ese momento.
A su turno, el secretario general de La Cámpora, Andrés
Larroque, afirmó que "el problema no son los menores", ya que
los delitos cometidos por ese sector de la población representa
"un 5 por ciento" del total.
El peronista bonaerense Julián Domínguez, en tanto, se declaró
en contra y advirtió que "pretender bajar la edad de
imputabilidad a 14 años es pensar que el fuego se apaga con
nafta".
Por el Frente de Izquierda, el exdiputado nacional Nicolás Del
Caño rechazó la propuesta y agregó: "La respuesta a los problemas
de seguridad no pasa por bajar la edad de imputabilidad de niños
y adolescentes".
El dirigente del Frente Renovador y exministro de Desarrollo
Social bonaerense, Daniel Arroyo, remarcó que la medida no dio
resultado en otros países y consideró que debe haber una reforma
"integral" del sistema.
En tanto, la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que
preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel,
manifestó su "preocupación" tras el anunció del Gobierno, al
evaluar que con estas iniciativas "se profundiza la
criminalización y la estigmatización de los jóvenes".
PUNTOS CENTRALES
DE LA LEY ACTUAL
El actual régimen penal aplicable a los menores incursos en
delitos fue promulgado por el dictador Jorge Videla en 1980: en
él se establece que "no es punible el menor que no haya cumplido
16 años de edad" y que "tampoco lo es el que no haya cumplido 18
años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o
con inhabilitación.
Respecto a la punibilidad, son sujetos del derecho penal, con
reglas especiales, los menores de entre 16 y 18 años en conflicto
con la ley: en su caso, el juez "dispone provisionalmente" de
ellos, por lo cual puede devolverlos con su padres o destinarlos
a un instituto, tras disponer "informes y peritaciones
conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones
familiares y ambientales en que se encuentre".
La imposición de pena respecto del menor está supeditada a los
siguientes requisitos: a que previamente haya sido declarada su
responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a
las normas procesales; que haya cumplido 18 años; y que haya sido
sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un
año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
"Las disposiciones relativas a la reincidencia no son
aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que
la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los 18
años de edad", indica la norma.