En el mundo la descentralización y la municipalización son fuerzas irreversibles que se manifiestan en diversos cometidos estatales: salud, educación, vivienda y numerosos aspectos, a los que se viene sumando la “seguridad”.

La función de seguridad a cargo de los municipios argentinos desde ya que asume diversas modalidades, dándose una gradación de menor a mayor. Así durante años y aunque no esté escrito en ley alguna los gobiernos locales siempre asistieron económicamente a las delegaciones de la policía provincial.

Luego se dieron los “foros de seguridad” que se multiplicaron a lo largo y ancho de país, donde las municipalidades eran los ámbitos en los que la gente creía como más idóneos para participar y así no sólo controlar sino exigir seguridad a quien por razones constitucionales en Argentina le corresponde: el Gobierno Provincial.

Años después se dieron dos nuevas y fuertes señales de presencia municipal directa en la materia: la creación de las guardias urbanas y las cámaras de seguridad. Con más o menos asistencia provincial y nacional, lo cierto es que quien gestiona las mismas son los entes municipales.

Hasta aquí parecía llegar la cuestión pero ahora hay dos proyectos en marcha en dos grandes provincias, como son Buenos Aires y Santa Fe. En la primera con las policías municipales y en la segunda con las policías de la proximidad.

En nuestra Provincia el senador Miguel Lifschitz presentó su proyecto -en concordancia con la política de seguridad del ministerio provincial- por el que se crearían para las ciudades de más de 70.000 habitantes “unidades especiales de acción local de la Policía de la Provincia de Santa Fe” a las que podrán adherir los municipios que lo consideren así, creando para dicho fin un área municipal -aparte de las guardias urbanas- que coordine con la Provincia esta cuestión, pudiendo incluso determinar la designación del personal provincial de dicho ente a crearse.

En la Provincia de Buenos Aires el actual gobierno y varios partidos proponen en cambio la total municipalización de sectores del aparato policial provincial, creando por ley lo que se denomina “policía de seguridad municipal” a cargo pleno del municipio, ámbito en el que se cree como más idóneo para esta función, el que desde ya coordinará con la Provincia el resto de las funciones que esta no delega.

Esta es la tendencia, como vimos de menor a mayor. El único “problema” es que una vez más los municipios toman competencias que en principio no aparecían como propias pero no se les reconocen la plenitud de los recursos correspondientes, todo ello en un escenario de franca centralización.

Es que Nación recauda entre el 74 % y el 85 % de los tributos, aparte de contar con los recursos del ANSeS, el BCRA y la emisión monetaria, cuando la proporción en gasto de personal es del 13 % para Nación y el 50 % para las Provincias.

En un país en que el gasto público promedio es del 54 % en Nación, 37 % en Provincias y 9 % en Municipios la ecuación de la municipalización del servicio policial -aunque sea parcial- no cierra.

Es que la tendencia internacional de descentralización va acompañada generalmente de los recursos correspondientes, lo que no acontece entre nosotros por razones de concentración de los recursos a nivel nacional básicamente.

Entonces, en lo que es ya un federalismo invertido, la descentralización del servicio policial puede ser una buena idea mal implementada.