Al respecto, Juan Manuel Martínez Silva, titular del Director del Servicio Penitenciario, celebró el falló de máximo Tribunal santafesino, aclarando que "este no es el desenlace automático de una situación", y agregando "se trabajó muchísimo para lograr este resultado. Fueron cuatro años arduos para defender los intereses de la Provincia".

Según información de La Capital, Martínez Silva señaló que "la Provincia se opuso desde un primer momento al pago de sueldos a las personas privadas de la libertad. Ganón presentó un habeas corpus que, entre otros puntos, planteaba la inconstitucionalidad de la ley 11.671. Y si hubiera sucedido, era aplicable la ley de ejecución penal y correspondía el derecho laboral de los internos, por lo que podrían exigir una remuneración por las tareas que desarrollan en la cárcel".

"Es un tema muy delicado que tuvo que transitar todas las instancias judiciales para llegar a la Corte", destacó el funcionario santafesino, y añadió "la Provincia se opuso desde un primer momento al pago de sueldos a las personas privadas de la libertad, y esto fue atacado por el entonces defensor público quien sostenía que los internos tenían derechos a cobrar un sueldo".

5700 PRIVADOS DE LIBERTAD

"En otras provincias se les paga a los internos, no en Santa Fe", advirtió Martínez Silva, quien recordó que en el Servicio Penitenciario provincial hay 5700 personas privadas de la libertad, y señaló "nosotros argumentamos que se trata de una instancia de formación, de enseñanza de un oficio de una persona privada de la libertad, a los fines de su reinserción social".