La imagen de una comerciante rafaelina durante la emisión del noticiero de Canal 2 Somos Rafaela, en la que denuncia haber sufrido numerosos robos en su comercio de calle Brasil de esta ciudad, invita a reflexionar sobre la inseguridad y sus consecuencias profundas que, en ocasiones, no son tan visibles. 

En varias oportunidades la mujer resultó víctima del accionar delictivo de delincuentes, y piensa -seriamente- en no continuar con la actividad comercial, con el emprendimiento, debido a la pérdida económica sumada en los robos. Sobre todo en el último, cuyo monto fue estimado en alrededor de 20 mil pesos. 

Se la vio resignada, entregada, decepcionada.

No es para menos.

Dijo que hizo denuncias policiales, y que le prometieron ocuparse.

Pero no le alcanza, y es entendible.

En este ejercicio periodístico la mira está centrada en lograr una objetividad de análisis sobre lo que sucede en Rafaela, en materia de hecho contra la propiedad de todo tipo.

Y se concluye en lo siguiente:

* la Policía actúa y muchas veces produce detenciones.

* Los fiscales imputan, y los jueces en importante cantidad de casos (cumpliendo con lo que determina la ley inserta en el nuevo Código Procesal Penal que desde febrero de 2014 rige en la provincia de Santa Fe), fallan aplicando al imputado el pago de determinadas sumas de dinero (a decir verdad, por lo conocido hasta el presente no son abultadas) y la obligación de presentación en la sede de la Fiscalía Regional, un día a la semana.

Buena parte de la comunidad no muestra conformidad de aceptación, cuando se conocen los dictámenes.

Y los comentarios se hacen escuchar en distintos ámbitos ciudadanos, incluso apelando a la posibilidad que brinda LA OPINION a través de notas en la sección internet.

Cabe destacar que las decisiones judiciales, las determinaciones de los jueces, pese a que no se comprendan en toda su dimensión, se ajustan a Derecho.

* Cuando los autores son menores de edad, posterior a la detención de los mismos y el factible recupero de lo robado los transgresores son puestos al cuidado de sus progenitores, porque también así lo determina la ley.

"Están un par de días afuera, y vuelven a robar", se escucha con insistencia.

Y en importante cantidad de casos es verdad.

También es cierto que no son pocas las personas mayores de edad que se vieron beneficiadas por fallos direccionados al pago de una cifra de dinero, y a la obligación de presentarse una vez a la semana en la Fiscalía, y que mientras debían cumplir con dicha pena fueron sorprendidas delinquiendo nuevamente.

QUEJAS Y DEMAS

Suele escucharse a representantes del poder político ciudadano emitir quejas ante el Gobierno provincial por la falta de respuestas policiales, en cuanto a cantidad de delitos cometidos en Rafaela, y escasos resultados de esclarecimientos y detenciones.

Los que no resultan tan insistentes son los reclamos a un área investigativa creada a nivel provincial durante 2014. Mal que le pese a alguno, se trata de un dato objetivo.

Tampoco suele comprobarse -al menos en el terreno periodístico que nos compete- que las quejas y reclamos se proyecten al Poder Judicial.

Mucho menos al Poder Legislativo.

Porque a pocos escapa que son los legisladores los encargados de dictar las leyes. Tal vez así ocurra porque se corre el riesgo de poner en serio aprieto a personas del propio color político.

Mientras tanto...