Con un enfoque que combina regulación, diálogo social y búsqueda de alternativas laborales, la ciudad de Rafaela se encamina a un cambio profundo en el uso del espacio público. La decisión del intendente Leonardo Viotti de prohibir la actividad de lavacoches, limpiavidrios y cuidacoches en el macrocentro desde el 15 de abril se inscribe en una tendencia más amplia que ya atraviesa a Santa Fe y comienza a replicarse en otras provincias.

Lejos de tratarse de una medida aislada, la iniciativa local se articula con un proceso político y legislativo que busca dar respuesta a una problemática urbana que en los últimos años se instaló con fuerza en ciudades grandes y medianas. La proliferación de los denominados “trapitos” —muchas veces asociada a situaciones de informalidad, conflictos con automovilistas e incluso episodios de extorsión— llevó el tema a la agenda pública, donde conviven demandas de ordenamiento con reclamos por inclusión social.

El decreto firmado por Viotti establece la prohibición de estas actividades en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), es decir, el macrocentro rafaelino. La normativa no solo alcanza a quienes desarrollan la tarea, sino también a quienes la aceptan o facilitan, con multas que pueden superar el millón y medio de pesos.

Sin embargo, el Gobierno municipal busca diferenciar su estrategia de otros antecedentes en el país. Según el último parte oficial, el proceso se desarrolla de manera “progresiva y dialogada”, con encuentros directos entre el intendente y personas que hoy subsisten de esta actividad.

La intención es doble. Por un lado, ordenar el espacio público y dar respuesta a los reclamos de vecinos y comerciantes. Por otro, ofrecer alternativas laborales que permitan una transición fuera de la informalidad. “Es una decisión política, pero también es un trabajo social”, había señalado Viotti al presentar la medida a mediados de febrero.

Actualmente, se estima que alrededor de 100 personas se dedican a estas tareas en la ciudad. El período previo a la entrada en vigencia de los controles —60 días desde la firma del decreto— funciona como una etapa de información, adaptación y eventual reconversión. Así, el próximo miércoles 15 de abril es el día "D" para el decreto firmado por el Intendente.

Y si la Legislatura convierte en ley un proyecto que modifica el Código de Convivencia de la Provincia para prohibir la actividad de lavacoches -ya tiene media sanción del Senado y el 9 de abril se trataría en Diputados-, dando participación a la Justicia y a la Policía, entonces los gobiernos locales tendrán más herramientas para gestionar la problemática. Será ese el momento que el Concejo Municipal de Rafaela saldrá a escena con un proyecto de ordenanza que, dicen en el Departamento Ejecutivo, ya tienen en formato borrador, que toma el decreto de Viotti como columna vertebral e incorporará elementos del proyecto provincial.

En febrero del año pasado, el Centro Comercial e Industrial había publicado los resultados de una encuesta, que entre sus conclusiones señalaba que ocho de cada diez de sus asociados rechazaba la presencia de lavacoches en el área central de la ciudad. Más de un centenar de comerciantes habían participación del relevamiento: más de la mitad confió que había registrado problemas vinculados a los lavacoches, en su mayoría de inseguridad. A partir de esta situación, la gremial empresaria subió el tono del planteo ante el Municipio para buscar una solución a una problemática que se acentuó en los últimos años.

En 2018, hubo un intento por regularizar la situación bajo la gestión del intendente Luis Castellano y cuando Marcos Corach ocupaba la jefatura de gabinete municipal. Se abrió un registro de lavacoches, hubo un proceso dialogado, entrega de pecheras y por unos meses se observaron mejoras. Sin embargo, con el correr del tiempo todo se diluyó y volvió hacia el punto de partida.

El respaldo provincial y el debate legislativo

En paralelo, la problemática avanza en el plano legislativo santafesino. La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto impulsado por Ciro Seisas que propone modificar el Código de Convivencia para prohibir estas actividades en toda la provincia. "Se terminó el vacío legal en Santa Fe. Presentamos la modificación al Código de Convivencia para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El espacio público vuelve a ser de la gente", destacó Seisas tras la aprobación.

La iniciativa, respaldada por el gobernador Maximiliano Pullaro, establece un régimen de sanciones que incluye multas, trabajo comunitario e incluso arresto en casos de reincidencia u organizaciones coordinadas. También prevé agravantes cuando medien amenazas, violencia o situaciones de vulnerabilidad. "Tolerancia cero a las mafias. Las penas se agravan en eventos masivos, zonas comerciales o ante situaciones de violencia. Si hay organización o bandas detrás, las sanciones se endurecen aún más", había señalado Seisas.

Un aspecto clave del proyecto es que otorga a los municipios un rol central en la aplicación de las medidas, incluyendo la posibilidad de requerir intervención policial para desalojar espacios públicos ocupados por estas prácticas.

De aprobarse en Diputados, la norma dotaría a los gobiernos locales de mayores herramientas legales, consolidando un marco que hoy aparece fragmentado y sujeto a ordenanzas o decretos municipales.

Córdoba se suma a la tendencia

El fenómeno no se limita a Santa Fe. Este domingo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que impulsará una ley para prohibir los “naranjitas” y limpiavidrios en toda la provincia.

La iniciativa cordobesa, discutida este domingo por el mandatario junto a funcionarios provinciales y municipales como el intendente capitalino Daniel Passerini, plantea un esquema similar al santafesino: respeto por la autonomía municipal, posibilidad de autorización regulada en algunas jurisdicciones y prohibición total en otras.

Al mismo tiempo, se prevé la implementación de programas de reinserción laboral, en línea con el enfoque que Rafaela intenta aplicar a nivel local. "Vamos a impulsar una ley que prohíba los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia. En ese marco, vamos a respetar y fortalecer la autonomía municipal, tal como lo establece la Constitución. Serán los municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los naranjitas en sus jurisdicciones. En los casos en que se permita, deberán implementar un sistema formal de registro, identificación y control. Donde no estén autorizados, la actividad estará prohibida", publicó Llaryora este domingo en sus redes sociales.

"Avanzaremos en programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen, generando oportunidades concretas para quienes hoy desarrollan estas actividades", resaltó el Gobernador cordobés. "El objetivo es claro: ordenar el uso del espacio público con reglas precisas, fortalecer el rol de los municipios y acompañar este proceso con alternativas de inclusión laboral", completó.

Entre el orden y la inclusión

El avance de estas medidas expone una tensión de fondo. Por un lado, la necesidad de ordenar el espacio público, garantizar la libre circulación y evitar prácticas abusivas. Por otro, la realidad social de quienes encuentran en estas actividades una forma de subsistencia en contextos de precariedad.

En ese equilibrio se juega buena parte del éxito —o fracaso— de las políticas en curso. Las experiencias más conflictivas en otras ciudades, marcadas por operativos coercitivos sin contención social, funcionan como advertencia.

Rafaela intenta posicionarse en ese escenario como un “caso testigo”, apostando a una salida que combine firmeza normativa con acompañamiento. El interés de medios nacionales en el modelo local refleja que el debate trasciende lo municipal y se proyecta como uno de los ejes de gestión urbana en la Argentina actual.

De cara al 15 de abril, la ciudad se prepara para una etapa clave. No solo por la aplicación de sanciones, sino por la capacidad de transformar una problemática compleja en una política pública integral que logre, al mismo tiempo, ordenar y contener.