Diversas organizaciones que nuclean a personas con discapacidad realizaron este jueves una jornada a lo largo de todo el país para exigir “la pronta sanción” de la Ley de Emergencia en Discapacidad a nivel federal, que pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida.
Además, se llevó a cabo un paro con movilización al que se plegaron familiares y prestadores que trabajan en el sector de discapacidad, visibilizando “la desjerarquización” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su “confinamiento” a la órbita del Ministerio de Salud.
Y en este contexto, Rafaela se adhirió al reclamo con una importante movilización que se convocó en horas de la tarde en la Plaza 25 de Mayo para reclamar la sanción de dicha ley. En la ocasión, entre los presentes estuvieron Marcelo Gieco, responsable del Centro Azahares, y especialista en Ciencias Sociales de la Discapacidad; Gabriela Frautschi, Licenciada en Kinesiología y Fisiatría Coordinadora de Kairos Espacio Terapéutico y la Directora Médica de ALPI, María Fernanda Odetto, representantes de Granja El Ceibo y del Centro De Rehabilitación Neurológica El Árbol, entre otros.
Con respecto a cómo fue la actividad, Gieco le comentó a este Diario que "decidimos hacer esta manifestación en la Plaza por una cuestión de accesibilidad, ya que no podíamos trasladarnos en sillas de rueda por la avenida Santa Fe, convocando a todos los profesionales, familiares y personas con discapacidad que hoy se ven afectados por esta situación. Hay una necesidad de que salga una emergencia nacional y que se va a tratar la semana que viene en diputados. Es una necesidad urgente, ya que lo que pide la emergencia es que solamente se cumpla la ley, donde hace desde diciembre que no se actualizan los aranceles y esto hace que haya una situación precaria en el trabajo de todos los centros, hogares, profesionales y todas las actividades que tengan que ver con la discapacidad. La ANDIS es la que se encarga de regular los aranceles a través de su directorio que está conformada por todas las cámaras, instituciones, profesionales, cámaras de hogares y de entidades formadas por padres de personas con discapacidad y por personas con discapacidad".
Y agregó: "esta situación compromete todos los ámbitos, desde el trabajo que se hace en las terapias, las cuales las obras sociales no autorizan o demoran las autorizaciones, para luego recibir los pagos tres meses después. Y al no existir actualización de aranceles esto se complica y mucho, afectando a todos, desde el transporte, que hoy cobra 500 pesos por kilómetro cuando el litro de nafta es muchísimo más caro, disminuyendo las vías que llevan a los pacientes a las terapias o a las personas que concurren a los centros o para alguna otra actividad. El transporte interurbano y otras empresas de transporte no cumplen con el cupo de llevar a las personas con discapacidad gratuitamente, tal vez por falta de pago también de todo esto. O sea, se trata de una cuestión en la cual está vulnerabilizado el trabajo tanto de los profesionales como el de la vida diaria de personas con discapacidad".
Respecto al impacto político, el profesional remarcó que "hoy, el gobierno nacional considera que no es responsabilidad del Estado, que la discapacidad es un gasto y esto no es así, ya que nuestro país adhirió a la convención de los derechos de las personas con discapacidad en 2006 y desde ahí fuimos ejemplo para toda Latinoamérica por el sistema de prestaciones básicas que tenemos. Y en la actualidad, esto se ve notoriamente complicado, vulnerabilizado y hace que no puedan tener una vida digna las personas con discapacidad".
Y consultado por la situación actual a nivel local, Gieco respondió que "en Rafaela tal vez no llegue a pasar como en otros lugares, que están cortando las prestaciones, cerrando instituciones porque se están endeudando, no pueden pagar sueldos, no pueden comprar los insumos. Esto todavía no está pasando en nuestra ciudad, pero puede llegar a pasar porque todo el país se está viendo afectado. Por eso esta manifestación, esta marcha y este paro que hubo es a nivel nacional y todos estamos esperando que salga la emergencia nacional y que no pase como amenazó el gobierno, de vetarla".
Cabe consignar que la iniciativa que se debatirá en el Congreso de la Nación “busca asegurar hasta el 31 de diciembre de 2027, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.Además, la Ley de Emergencia en Discapacidad contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.
SIN APOYO DEL MUNICIPIO
Por último, a modo de queja local, los organizadores de esta marcha en la ciudad plantearon la falta de apoyo de la Municipalidad local para prestarles un equipo de sonido para realizar la actividad.