La Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de Santa Fe rechazó este martes el recurso presentado por la defensa de Miguel Alberto Olivares y confirmó la negativa a otorgarle la libertad condicional, en el marco de la causa por la millonaria estafa contra las firmas locales Las Taperitas S.A. y Sucesores de Alfredo Williner S.A.

La audiencia, que se desarrolló en la Sala 8 de la Oficina de Gestión Judicial y a través de la plataforma Zoom, fue encabezada por el juez Mario Javier Guedes, quien resolvió no hacer lugar a la apelación y ratificar lo dispuesto en primera instancia el pasado 26 de febrero.

Durante el debate, el defensor oficial Adrián Rocca sostuvo que Olivares reunía las condiciones para acceder al beneficio, al destacar su buena conducta, el arrepentimiento manifestado y su delicado estado de salud, señalando además que los informes psicológicos y sociales presentaban inconsistencias.

Sin embargo, el fiscal Guillermo Loyola y el querellante Carlos Farías Demaldé -abogado del querellante Marcelo Daniel M., ex contador de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner que resultó damnificado por el uso de su DNI de forma apócrifa, y la modificación de sus datos biométricos bancarios- coincidieron en que los informes criminológicos evidencian una insuficiente elaboración del delito por parte del condenado, con una actitud ambigua frente a su responsabilidad. También remarcaron que no están plenamente cumplidos los requisitos subjetivos necesarios para avanzar hacia la libertad condicional.

En su intervención final, Olivares aseguró estar arrepentido “desde el minuto cero” y reclamó atención médica por problemas de salud, además de expresar su intención de reinsertarse laboralmente.

Al fundamentar la decisión, el juez Guedes consideró que la resolución apelada se encuentra debidamente fundada en los informes técnicos disponibles, y que aún persisten aspectos a trabajar en relación a la comprensión del hecho delictivo y sus consecuencias.

Una maniobra millonaria

La causa tiene su origen a comienzos de 2024 en una sofisticada maniobra de fraude que afectó a las dos empresas lácteas rafaelinas, con un perjuicio estimado en alrededor de 172 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación, los involucrados suplantaron la identidad de un excontador de las firmas para acceder al control de cuentas bancarias. A partir de allí, gestionaron nuevas credenciales y herramientas de seguridad, lo que les permitió realizar transferencias, compras y operaciones de gran magnitud sin autorización.

En este entramado ya fue condenado, en enero de 2025, Marcelo Castro —oriundo de Buenos Aires— a tres años de prisión efectiva tras reconocer su participación en un juicio abreviado. En su caso, se comprobó que utilizó documentación falsificada para obtener una tarjeta de coordenadas y operar sobre las cuentas de las empresas, concretando múltiples transacciones y adquisiciones de bienes.

La imputación contra Olivares se inscribe en ese mismo esquema delictivo, en el que se le atribuye haber intervenido como coautor en las estafas y como autor en el uso de documentación falsa y el acceso ilegítimo a sistemas informáticos.

El magistrado recomendó al Servicio Penitenciario que incorpore al interno a espacios de reflexión que favorezcan un posicionamiento crítico sobre el delito, y que en futuros informes se incluya información detallada sobre su estado de salud y tratamientos recibidos.

Historia de la causa

En la audiencia imputativa y de medidas cautelares llevada a cabo el 16 de marzo de 2024 a Marcelo Daniel Castro y a Daniel V., Alejandro B. y Cristian R., siendo todos ellos los principales involucrados en las maniobras defraudatorias a las empresas rafaelinas; el fiscal Guillermo Loyola dio lectura a los hechos imputados a esta banda. Lo que sigue es la imputación del funcionario judicial:

Dijo el fiscal Loyola que: “El 23 de enero de 2024 Marcelo Daniel C. se comunicó al teléfono 0800-444-XXXX asignado al Banco de Santa Fe, y utilizando los datos del CPN Marcelo Daniel M., (ex-empleado de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner), llevó adelante gestiones tendientes a lograr cambiar el correo electrónico de bloqueo y cambio de clave de acceso, en el perfil bancario que este último tenía dentro de la cuenta de empresa de Las Taperitas S.A., accediendo sin autorización a la base de datos informáticos de Marcelo M., para de esa manera poder cambiar la contraseña de home banking y obtener la tarjeta de coordenadas.

“Esta modificación impactó, a su vez, en el perfil y cuentas personales del mismo Marcelo M. dentro de la nombrada entidad bancaria. Habiendo logrado ese cometido ese mismo día, Marcelo Daniel C., con el fin de hacerse de la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar transacciones bancarias de las empresas y mediante la utilización de un DNI apócrifo -que tenía los datos de Marcelo M. pero una foto de Marcelo Daniel C.-. indujo al error al empleado del Banco de Santa Fe, sucursal Buenos Aires, para poder así retirarla.

“Con esta tarjeta de coordenadas en su poder, Marcelo Daniel C. logró ingresar a la cuenta corriente número XXXXXX-01 de Las Taperitas, y luego de común acuerdo con sus destinatarios realizó 38 transferencias a los CBU […]

“Las maniobras fraudulentas ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y como consecuencia obtener una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto para la firma Las Taperitas S.A. de 153 millones de pesos por las transferencias bancarias realizadas.

“De igual modo valiéndose de la misma tarjeta de coordenadas mencionada Marcelo Daniel C., también ingresó a la cuenta corriente de número XXXXXX-XX perteneciente a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A., firma relacionada a Las Taperitas S.A. y luego de común acuerdo con sus destinatarios transfirió en fecha 23 y 24 de enero [sumas millonarias].

“A su vez Marcelo Daniel C., desde una línea telefónica registrada a su nombre, el 23 de enero de 2024 mantuvo conversaciones por WhatsApp con la empresa Dermotrac perteneciente a la industria Catalán S.A., y una vez más desplegando maniobras engañosas, invocó al señor Marcelo Daniel M. y actuó en representación de Suc. de Alfredo Williner S.A., para lo cual utilizó el DNI apócrifo de una supuesta organización para actuar en nombre de la empresa, lo que le permitió como consecuencia del ardid adquirir 500 amoladoras angulares y 500 taladros, por un valor total de $ 16.598.245 pesos, suma que Marcelo Daniel C. transfirió ese mismo día de la cuenta de la firma antes mencionada al CBU […] correspondiente a la firma Catalán S.A., retirando los elementos descritos el 24 de enero de 2024.

“Las maniobras engañosas desplegadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y obtener como consecuencia una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A. por $ 18.610.245 pesos por las transferencias bancarias realizadas”.