Por Guillermo Briggiler

La provincia de Santa Fe se encamina hacia un proceso histórico, la elección de convencionales constituyentes que tendrán en sus manos la posibilidad de reformar la Constitución provincial. La discusión, sin embargo, no está exenta de polémica.

Mientras algunos sectores consideran que esta renovación es imprescindible para actualizar el marco normativo y adecuarlo a las demandas del siglo XXI, otros ven en el proceso una jugada política con intenciones ocultas. De lo que no hay dudas es que no es una demanda que surja de los habitantes, sino de los sectores políticos.

Los argumentos a favor de la reforma se centran en la modernización y ampliación de derechos. La actual Constitución, vigente desde 1962, es una de las más antiguas del país y, según sus críticos, ya no responde a las realidades y desafíos actuales, al tiempo que está pendiente una adecuación de sus contenidos a la nueva Carta Magna nacional sancionada en 1994. Se busca, entre otras cosas, incorporar derechos que en las últimas décadas han cobrado relevancia, como los de niños, adolescentes y adultos mayores, así como la garantía de protección ambiental y el reconocimiento de la tecnología como un eje central del desarrollo social. Además, se pretende fortalecer instituciones clave, como la Defensoría del Pueblo, otorgándole mayor autonomía.

Otro punto crucial de la propuesta es el otorgamiento de mayor autonomía a los municipios, permitiendo que gestionen con mayor independencia sus recursos y estructuras. También se plantea la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, como referéndums y plebiscitos, que darían a la población un rol más activo en la toma de decisiones políticas.

Sin embargo, quienes se oponen a la reforma sostienen que la iniciativa no responde a una verdadera necesidad ciudadana, sino a intereses políticos específicos. Se menciona el riesgo de que esta reforma sea utilizada para habilitar la reelección del actual gobernador, generando suspicacias sobre la transparencia del proceso. En este contexto se inscribe el debate en torno a la duración de los mandatos -de presidentes comunales- y poner límites a la reelección en los distintos cargos, como legisladores provinciales. Además, críticos del proyecto argumentan que el contexto actual de Santa Fe no es el adecuado para una reforma de tal magnitud, dado que la provincia enfrenta problemas urgentes como la inseguridad y la crisis económica.

El costo económico del proceso también genera dudas. Reformar una Constitución no es un ejercicio gratuito y algunos sectores consideran que los fondos destinados a este fin podrían utilizarse en otras áreas más prioritarias.

Más allá de los argumentos a favor o en contra, lo cierto es que Santa Fe está ante una decisión clave. Si el proceso avanza con transparencia, amplio consenso y con la mirada puesta en mejorar la calidad institucional, la reforma podría representar una oportunidad para modernizar la provincia. Si, por el contrario, la discusión se enreda en disputas partidarias y especulaciones políticas, se corre el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica y de aumentar el escepticismo ciudadano sobre las verdaderas intenciones detrás de la iniciativa.

Santa Fe tiene la posibilidad de dar un paso adelante en su desarrollo institucional. Resta ver si la dirigencia política está a la altura del desafío o si la reforma quedará enredada en el laberinto de la grieta. Además, a muchos nos gustaría que traiga más obligaciones para los ciudadanos y menos derechos, ya que más derechos para algunos, es más carga para otros. Lo vamos a decir adaptando las palabras de JFK (John Fitzgerald Kennedy): no preguntes que debe hacer tu provincia por vos, sino que podés hacer vos por tu provincia.

La Constitución se va a reformar, es un hecho al que nos empujaron, solo nos queda elegir bien a los convencionales constituyentes para no lamentarlo luego.

#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler