Por Miguel Kilibarda (*)
Otra
vez estamos discutiendo sobre la “necesidad” de la reforma de la
Constitución. Bueno es recordar algunos conceptos básicos.
“El
principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es el de
evitar en todo lo posible sus reformas”
nos enseña Alberdi en sus “Bases”. Porque “a la ley la hace el
tiempo”, afirma Portalis uno de los autores del Código Napoleón.
Pareciera
que la Constitución tiene la culpa de nuestra demostrada incapacidad
para gobernar, cuando la verdad está en otra parte. ¿Acaso la
Constitución es la responsable de los índices sin precedentes de
inseguridad; del crecimiento geométrico de la burocracia política;
del aumento desmesurado de las tarifas de los servicios públicos,
así como de contribuciones, impuestos, tasas y gravámenes de todo
tipo?
¿Qué
se argumenta para “apurar” la reforma, a tambor batiente e
“invirtiendo” tiempo y muchos recursos? Se dice que el texto
actual resulta anticuado y que hay que incorporar institutos,
derechos y garantías de la Constitución reformada en 1994.
Este
argumento es falso, o por lo menos no es verdadero. No se han leído
las normas vigentes desde hace 165 años en la C.N. y desde hace 56
años en la C.P., que en sus arts. 31 y 33 y 6 respectivamente
disponen que todos los habitantes de la Provincia gocen de “todos
los derechos y garantías que le reconoce la C.N. y la presente,
inclusive de aquellos no prescriptos en ambas y que nacen de los
principios que las inspiran”.
Si se hubiese leído la Constitución habrían evitado afirmar tamaño
disparate.
Los Tratados Internacionales están constitucionalizados
(C.N. art. 75 inc. 22). Y lo que está en la Constitución Nacional
está para todos los habitantes de la Provincia, que es fundadora
de la Nación.
Además
la variedad de institutos y derechos que se proponen pueden ser
establecidos por Ley. En la Legislatura existen numerosos proyectos
sobre estas materias que han ido perdiendo “estado parlamentario”
por falta de tratamiento. Por ejemplo: iniciativa popular, consulta
popular, autonomía municipal, equivalencia de género, ley de
educación incluida la reclamada educación sexual, institutos de
democracia semidirecta en municipios, cooperativismo, mutualismo y
economía social, deportes, minoridad e infancia, derechos de
usuarios y consumidores, de medio ambiente y hábitat, etc. Nada
existe en la Constitución que impida legislar y reglamentar el
“Consejo de la Magistratura” para un adecuado proceso de
selección de magistrados y funcionarios que actualmente se hace a
través de un Decreto del P.E. que ha desmejorado notoriamente el que
estaba vigente hasta el año 2003.
Lo mismo podría decirse respecto
de la selección de los miembros del Tribunal de Cuentas, para que
funcione como tal, y no como un “Tribunal de Cuentos”.
Todo
lo que puede hacerse por Ley debe hacerse por ese medio sin
“encriptarlo” en la Constitución. La Ley es un instrumento más
ágil, más idóneo para adecuarlo a las necesidades de cada época.
La Constitución es un instrumento más pétreo y menos modificable.
Por Ley podría establecerse que el Defensor del Pueblo fuera
propuesto por los sectores de la oposición, para que el “Poder”
no terminara controlándose por él mismo.
“El
hombre es bueno, pero si lo controlamos es mejor”,
solía repetir un conocido estadista argentino. Que el Jefe de
Policía cuente con “acuerdo legislativo” también puede tener
vigencia mediante una simple reforma a la Ley Orgánica Policial.
Pero bueno sería que primero acertaran a proponer a un candidato que
no esté vinculado al narcotráfico o a la corrupción.
Eso
sí, lo que no se
podría hacer por Ley es asegurar la “Reelección inmediata”
del Gobernador, que
¡loado sea Dios!, nuestra sabia Constitución
veda.
Tampoco podría el Poder Ejecutivo endeudarse
sin autorización o referendúm legislativo, comprometiendo los
destinos de la Provincia (C.P. arts. 55 inc. 12 y 73 inc. 11).
En
definitiva: la necesidad de la reforma es un argumento no válido
para mejorar el destino de los santafesinos y solo aparece como
excusa para procurar la permanencia en el poder de algún
funcionario. Bielsa recuerda la anécdota de un destacado
constitucionalista brasileño -Capistrano de Abreu- que consultado
sobre la necesidad de reformar la Constitución de su país dijo:
“Yo solo pondría un artículo: Todo brasileño está obligado a
sentir vergüenza”.
Me
temo que la clase política de nuestra época -no nos excluimos- ha
perdido la capacidad ética de sentir vergüenza; pero lo que es más
grave aún es que hemos perdido la capacidad biológica de
sonrojarnos. Nada nos hace poner colorados.
(*) Presidente del MID Santa Fe.