La metáfora utilizada sin anestesia por el intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, para dimensionar la crisis que atraviesan las finanzas de muchos municipios santafesinos, permite superar ese lugar común que plantea la frase hecha “uno no sabe si reír o llorar”. Tras acordar con la FESTRAM un aumento del 24 por ciento a pagar en tres etapas a los trabajadores municipales, el jefe del Gobierno santotomesino admitió que "sin reforma tributaria la Provincia se va al carajo” y que en ese hipotético escenario “no nos salva ni el Chapulín Colorado".

Esta definición, entonces no generó sonrisas o llanto sino las dos cosas, en ese orden. La sinceridad del Intendente se suma a un debate en el que se destacan los esfuerzos del Gobierno de Antonio Bonfatti para convencer a la mayoría legislativa justicialista sobre la necesidad de tratar, lo antes posible, una reforma tributaria. Desde el PJ reparan en la cuestión semántica al sostener que lo que impulsa el Ejecutivo, en realidad, es una suba de impuestos desesperada para cubrir el creciente déficit del sector público provincial. Porque, según entienden, una reforma impositiva debiera ser el resultado de un proceso más amplio de debate en el que se busquen corregir asimetrías y repartir con equidad los tributos.

Las urgencias por financiamiento son tan grandes que la semana pasada la Legislatura recibió un mensaje en el que se solicita autorización para emitir letras por un monto máximo de 456 millones de pesos.

A gritos, desde el PJ cuestionan lo que consideran el exceso del gasto político por masivos nombramientos y designaciones de familiares de funcionarios de primera línea del Gobierno o la realización de costosos recitales en tiempos donde la racionalización del gasto debería ser norma. Así, condicionan su rol a que el Estado revise en qué está gastando la plata de todos los santafesinos y lo informe públicamente.

Mientras tanto, las entidades de la producción, como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, manifestaron su rechazo al aumento de los Ingresos Brutos decidido por el Ejecutivo mientras esperan conocer hasta dónde abarcará la promocionada reforma tributaria.

La semiparalización de la obra pública y la extensión en los plazos de pago a los proveedores constituyen datos irrefutables de la profundidad de la crisis que afecta a la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social. Desde los círculos del Gobierno se defienden apuntando a que la Nación también soporta la presión de un elevado gasto público. Si bien quieren mantener el clima cordial de diálogo porque necesitan los votos justicialistas, intentan reflejar que en la Nación también se manifiesta un problema similar: los gastos superan los ingresos.

Los legisladores peronistas exhiben su poder ante un débil Frente Progresista en ambas cámaras. Pero a su vez se esfuerzan para disimular las presiones que reciben de intendentes y presidentes comunales que también precisan la reforma tributaria o la suba de impuestos -como se prefiera denominar a la necesidad estatal de aumentar sus ingresos- para recomponer sus raquíticas tesorerías.

Si bien los municipios y comunas desactivaron el conflicto con sus trabajadores, aún desconocen, en ciertos casos, con qué recursos pagarán el aumento del 24 por ciento en los salarios acordados con la FESTRAM el martes pasado. A todo esto, los empleados municipales reflejaron cierta desazón porque habían efectuado medidas de fuerza para lograr una suba más cercana al 29 por ciento, pero deberán conformarse con un 24 que recién se completará en agosto.

Al menos el Gobierno de Bonfatti logró imponer su criterio al gremio de los docentes, al que le dio una lección y lo dejó en un proceso deliberativo para revisar si conviene apostar todo el capital disponible para una negociación salarial en la primera mano. Los maestros pararon desde el inicio mismo del ciclo lectivo y después, en lugar de reclamar una mejor propuesta salarial tal como lo sostenían, debieron resignarse con evitar el descuento de los días no trabajados.

Al menos la Provincia logró superar dos conflictos con trabajadores del sector público. Lo que, en este contexto, no es poco.