SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- En la sesión ordinaria de la semana anterior el Concejo Municipal dio curso favorable a un proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo para la contratación directa del servicio de Auditoría Contable Externa, cuya fundamentación ofreció la concejal Brenda Torriri, cuyas expresiones se reproducen más adelante.

El despacho que hoy traemos a consideración propone autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a formalizar, mediante contratación directa, un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral para la realización de una auditoría contable externa correspondiente al ejercicio 2024.

Esta medida no solo da cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza N.º 1971/2010 —que establece la obligatoriedad de presentar un informe de auditoría externa junto al resumen presupuestario anual—, sino que también expresa una voluntad política clara de avanzar en el fortalecimiento del control público, la transparencia institucional y la mejora continua de los procesos de gestión financiera municipal.

Cabe recordar que, conforme lo establece la normativa vigente, durante el mes de abril se procedió a solicitar presupuestos a distintos posibles oferentes. Como resultado, se recibieron dos propuestas formales, ambas acompañadas de la documentación técnica requerida. Tras su análisis, se concluyó que los valores cotizados superan los topes definidos para contrataciones directas en la Ordenanza N.º 2550/2016, modificada por la N.º 316B/2024, por lo que se requiere la autorización expresa del Concejo Municipal para avanzar con la contratación.

En ese contexto, se evaluaron tanto los aspectos económicos como los criterios técnicos, priorizando no solo el costo del servicio, sino también el respaldo institucional, la experiencia y la continuidad operativa ofrecida por los oferentes. La propuesta presentada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL se destacó en todos estos aspectos, especialmente por tratarse de la misma unidad académica que actualmente audita el ejercicio 2023, lo que garantiza un conocimiento previo y una comprensión profunda del funcionamiento administrativo, contable y presupuestario del municipio.

El alcance del trabajo propuesto es amplio y riguroso: incluye el análisis de la normativa aplicable, la revisión de documentación contable y presupuestaria, entrevistas con responsables técnicos de distintas áreas y una evaluación integral del sistema de control interno. Todo esto se traducirá en un informe final que no solo contendrá un dictamen técnico, sino también recomendaciones concretas para el fortalecimiento de la gestión financiera.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto ofrecido asciende a $8.500.000, con un esquema de pagos dividido en dos etapas (70% al momento de la firma y 30% con la entrega del informe final), y un plazo de ejecución estimado en 60 días corridos. Comparativamente, la otra propuesta recibida —correspondiente a GEO DELTA Consultoría Organizacional— resultó más elevada y con condiciones menos favorables, tanto en lo económico como en lo operativo.

Esta decisión, más allá de responder a una exigencia normativa, refleja un compromiso institucional más profundo: recuperar el tiempo perdido en materia de controles externos y brindar a la ciudadanía garantías reales sobre el uso de los recursos públicos. No se trata solo de cumplir con una formalidad, sino de asumir una responsabilidad con seriedad y visión de futuro, promoviendo una administración municipal más ordenada, transparente y confiable.

En la ordenanza se prevén dos artículos: el primero autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar directamente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL para la auditoría contable externa del ejercicio 2024; el segundo, lo faculta a readecuar partidas y ampliar recursos del Presupuesto 2025 a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.

Por ello, pido el acompañamiento de este Concejo al proyecto de ordenanza, entendiendo que su aprobación permitirá avanzar con una herramienta de control clave para el presente ejercicio, y al mismo tiempo consolidar una política pública de transparencia que debe sostenerse en el tiempo.