SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Ofrecemos a continuación las fundamentaciones ofrecidas por Laura Balduino.

La ordenanza de retiros especiales vigente no fue el resultado de una decisión unilateral ni improvisada. Por el contrario, fue una norma ampliamente debatida, consensuada y enriquecida con aporte de todos los bloques políticos de este Concejo, con la participación activa del Departamento Ejecutivo y finalmente aprobada por unanimidad. Esto no es un dato menor, significa que la ordenanza representa un acuerdo institucional sólido, construido con responsabilidad y con plena conciencia de sus alcances, costos y efectos.

Sin embargo, luego de su sanción, hemos recibido notas por parte de agentes municipales que sin reunir aún a los requisitos exigidos solicitan acogerse al régimen anterior ya derogado. Frente a estos reclamos el ejecutivo remite a este concejo un proyecto para que sea el cuerpo legislativo sea quien asuma la decisión política y jurídica de apartarse de la normativa vigente. Esta actitud resulta cuanto menos contradictoria.

El mismo oficialismo a través de sus concejales impulsaron el proyecto original, participó de su tratamiento, prestó su conformidad y se aprobó de manera unánime y pretenden ahora desconocer el régimen acordado y trasladar la responsabilidad de resolver situaciones particulares que no encuadran en la ley vigente.

Es importante dejar en claro que no puede invocarse la existencia de derechos adquiridos cuando los agentes involucrados no habían cumplido todavía con las condiciones exigidas para acceder al beneficio al momento de la derogación de la norma anterior y tampoco hoy los cumplen.

La doctrina y la jurisprudencia son uniformes en sostener que los derechos se adquieren cuando se consolidan los requisitos legales necesarios, mientras ello no ocurra, existe tan sólo una expectativa de derecho que no goza de protección constitucional frente a modificaciones normativas.

En consecuencia quienes no reunían las condiciones no poseen derecho incorporado a su patrimonio sino una mera expectativa.

Aprobar una excepción de estas características significa sentar un precedente sumamente grave, implicaría admitir que toda norma puede dejar de aplicarse frente al primerreclamo particular, vaciando de contenido el principio de igualdad ante la ley y debilitando la seguridad jurídica.

Además, colocaría al Concejo Municipal en una situación de permanente presión para dictar excepciones toda vez que un caso individual no se ajuste a las disposiciones vigentes , convirtiendo las ordenanzas en meras referencias optativas y no en normas obligatorias para todos, claramente eso es lo que está haciendo hoy el ejecutivo y los concejales oficialistas con la presentación de estos proyectos.

Entonces, vale decir que mañana cualquier agente municipal o también un ciudadano podrá exigir un trato diferenciado invocando la existencia de normas anteriores basados en expectativas personales, afectando de esta manera la previsibilidad y la equidad en el ordenamiento jurídico local.

El Concejo Municipal legisla con alcance general, no debe convertirse en una instancia para validar excepciones destinadas a eludir la aplicación de normas. Y lo peor norma impulsada por ellos mismos.

A todo lo expuesto se suma un antecedente institucional de relevancia que refuerza la improcedencia de los proyectos. Ante el primer reclamo oportunamente presentado , intervino la Comisión evaluadora de Retiros especiales, órgano específicamente previsto para analizar y dictaminar sobre las solicitudes vinculadas al régimen. Como resultado de ese tratamiento y con la firma de los 6 concejales se dejó expresa constancia de la decisión de no hacer lugar a ninguna excepcionalidad respecto de los requisitos exigidos por la ordenanza vigente.

Ese pronunciamiento no sólo constituye un antecedente administrativo y político claro, sino también una manifestación inequívoca de la voluntad del concejo municipal en pleno de preservar el carácter general y obligatorio de la norma .Que les pasa a los concejales oficialistas que firmaron con absoluta convicción ???

Si en su momento el Concejo por unanimidad y mediante la intervención de la comisión competente resolvió expresamente que no correspondiá admitir cualquier tipo de excepción no existen fundamentos objetivos para apartarse hoy de ese criterio, hacerlo significaría desconocer nuestras propias decisiones. Debilitar la coherencia institucional y transmitir un mensaje nefasto como el de que las normas pueden flexibilizarse según la intensidad de la presión o la coyuntura del momento. A todas luces se trata de esto último.

La estabilidad de las reglas, la igualdad ante la ley y el respeto por los antecedentes administrativos que parece que algunos desconocen son los pilares esenciales de toda gestión pública RESPONSABLE.

Durante todo el proceso de análisis y debate que fue extenso de la ordenanza vigente en ningún momento el bloque oficialista ni el departamento ejecutivo propusieron la incorporación de una cláusula transitoria que contemplara situaciones particulares de agentes próximos a cumplir requisitos previstos en la normativa anterior.

( ACLARO QUE EL MÁS PRÓXIMO SE CUMPLE RECIÉN EN DICIEMBRE DEL 2026 cuando la normativa ya cummple más de 1 año de haber sido sancionada)

Si hubiera existido voluntad política de resguardar a quienes se encontraban en esa situación ese era el momento oportuno para plantearlo y debatirlo de manera transparente, general y objetiva. NO SE HIZO, por el contrario, la norma fue aprobada sin cláusulas transitorias, sin disposiciones de excepción y sin reservas de ningún tipo, incluso el Concejal Astor menciona en la fundamentación y repito textual Astor:” De hecho es muy claro en los requisitos para adherirse al Régimen, la edad referencia de la edad jubilatoria, o estás en la edad o estás a dos años de la edad. Así no tenemos retirados jóvenes.

Porque eso sí puede tornarse la verdad una cuestión abusiva”.... se olvidó concejal? Y yo le agrego que son agentes de carrera, idóneos con basto conocimiento para su desempeño, claramente jóvenes a los que además de seguir cobrando un sueldo deberán ser reemplazados con otro personal y eso también fue analizado.

.Ello demuestra que existió un acuerdo expreso y consciente de que el nuevo régimen debía aplicarse de forma inmediata y uniforme a todos los casos. No se trata de corregir una omisión involuntaria, de hecho contábamos con el listado de personal al momento de su tratamiento, se trata de alterar de manera posterior el alcance de una norma cuya redacción fue cuidadosamente discutida y aprobada con pleno conocimiento de sus efectos. Aceptar este planteo significaría otorgar un beneficio especial a un grupo determinado de agentes sobre la base de circunstancias particulares.

Hoy se pretende reabrir una discusión ya saldada y pretenden eludir responsabilidades Si el régimen transitorio no fue incorporado no existe razón institucional válida para crearlo ahora con destinatarios claramente individualizados.

El ejecutivo y los concejales oficialistas ahora padecen de amnesia: . Todos los concejales al momento de la aprobación de la nueva ordenanza de retiros especiales entendió que era necesario establecer reglas claras, uniformes y sostenibles para el municipio.

Resulta que hoy y cuando aparecen reclamos individuales el ejecutivo pretende trasladar al Concejo el costo político de desandar el camino recorrido mandando un proyecto de excepción y lo más ridículo de todo los concejales oficialistas a su vez presentan un alternativo al del propio ejecutivo, una incoherencia total y absoluta. En otras palabras, pretenden que este Concejo trate otra ordenanza para otorgar excepciones mediante una cláusula transitoria para no asumir ante los agentes municipales que cumplirían los requisitos en los próximos años la responsabilidad de aplicar la norma que impulsaron ellos mismos.

Si cada ordenanza aprobada por unanimidad puede ser modificada apenas surgen intereses particulares, entonces las leyes dejan de ser reglas generales para convertirse en simples borradores sujetos al humor, a la presión o al reclamo del momento. Se sienta un precedente gravísimo, se pone en riesgo la credibilidad de esta institución y la igualdad de todos ante la ley. Las normas no pueden torcerse según quien reclama, cuánto presiona o que costo político se quiere evitar.

Las leyes están para cumplirse y parece ser que el ejecutivo y los concejales oficialistas no tiene el coraje de hacerlo, aún cuando ellos mismos fueron los autores del proyecto y lo han votado de manera favorable.

Estas actitudes resultan reprochables en todo sentido, obteniendo como consecuencia un claro debilitamiento institucional.