Por José Angel Di Mauro

El Gobierno sintió una vez más que había perdido el dominio de la agenda y salió a tratar de recuperarla. La paliza legislativa del miércoles 6 de agosto fue demasiado sonora como para poder obviarla y de ahí que resolvieran que el presidente hablara el viernes por la noche, cuestión de quedarse de alguna manera con “la última palabra”.

Como siempre, eligió el prime time, y como de costumbre fue por cadena nacional. No es que el Gobierno haga un uso y abuso de ese recurso, pero no tiene ningún problema en emplearlo, más allá de que el kirchnerismo haya exagerado en su utilización, al punto tal que Cambiemos luego hubiera archivado las cadenas nacionales definitivamente. Digamos que es otra de las cosas que La Libertad Avanza hace para diferenciarse del macrismo.

En su mensaje del viernes, Javier Milei cumplió con su promesa de no insultar. Se refirió al Congreso como institución con la que rivaliza, pero no atacó puntualmente a los legisladores, a quienes ha sabido llamar “ratas”. Muchos se preguntan cuánto tiempo mantendrá esa moderación oral, pero es un avance al menos que el presidente haya cobrado conciencia -o se lo hayan hecho entender- de lo que significa que desde su investidura profiera permanentemente insultos. Precisamente en vísperas de su promesa se conoció un estudio sobre la frecuencia de sus agravios. Según Chequeado, desde su asunción el presidente ha pronunciado más de mil insultos en discursos, entrevistas y redes sociales, con un promedio de 2,4 por día. En redes sociales, entre enero de 2023 y junio de 2025, publicó y compartió 1.589 insultos, siendo el político más agresivo del ecosistema digital argentino, de acuerdo con un informe de la consultora Ad Hoc.

Además, el Monitor Nacional correspondiente al mes de julio elaborado por Analogías reseña que el 73% de la población desaprueba el uso de insultos y agravios por parte del presidente, a quien 2 de cada 3 argentinos perciben como un dirigente violento.

Milei prefirió ponerse en el lugar de “víctima” de los legisladores: en lugar de salir a “matarlos”, planteó que si el Congreso quiere volver atrás sus reformas lo van a tener que “sacar con los pies para adelante”.

Conforme su estilo volcánico, algunos se preguntaban en la antesala de la cadena nacional si el presidente lanzaría una amenaza drástica hacia el Congreso, que cruzara el límite de la institucionalidad. No lo hizo -y de hecho no tiene la fuerza para hacer nada de ese tipo sin abrir las puertas de un juicio político-, y la amenaza se limitó a anunciar dos medidas. Una fue anticipar una disposición por la cual impedirá que el Tesoro Nacional pueda pedirle plata al Banco Central para financiar gasto primario. En rigor, estaría formalizando una práctica que ya se está aplicando y que no requiere nada de parte de los legisladores, a los que sí interpelará con su segundo anuncio: el envío al Congreso de un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La iniciativa establecerá una regla fiscal estricta que exigirá equilibrio o superávit, obligando a los legisladores a identificar la fuente de cada nuevo gasto. E incluirá sanciones penales para quienes incumplan estas normas.

No hay mayores chances de que el Congreso le apruebe esta medida. No en lo inmediato. Por el contrario, le insistirán en que al hablar de “presupuestos” piense en los que no ha mandado al Parlamento, como establece la ley, optando por extender ya dos veces -de manera inédita- el último que elaboró Sergio Massa en 2022. Sobre todo cuando comienzan a alertar algunas voces que el Gobierno preferiría seguir en esa tesitura de cara al próximo año también. Habrá que ver cuán empoderado sale el mileísmo de las próximas elecciones.

Por lo pronto, esta administración busca recuperar el dominio de la agenda con esta medida que inexorablemente quedará para la próxima composición del Parlamento, habida cuenta de que ha resignado pedirles algo a los legisladores actuales. Un estudio realizado por parlamentario.com precisó que tras la “goleada” del miércoles pasado, el Gobierno lleva 36 derrotas legislativas en lo que va de este período ordinario en el que apenas consiguió aprobar en Diputados el DNU que le permitió negociar con el FMI. Fue en la sesión del 19 de marzo pasado, la única que pidió el devaluado oficialismo legislativo desde la apertura del período ordinario. Ni siquiera atinó a cumplirle a Milei el pedido formulado aquella vez de aprobar la baja de edad de imputabilidad en lo inmediato. Por el contrario, el oficialismo decidió asumir una actitud defensiva para evitar que la oposición pueda votar cosas que no quiere, como por ejemplo designaciones en la Auditoría General de la Nación.

Hasta ahora, los magros logros que ha conseguido La Libertad Avanza este año en el Congreso han pasado estrictamente por lo que pudo evitar o postergar. El miércoles pasado perdió votación tras votación, pero al menos tuvo el alivio de que la oposición no completara la faena del Senado respecto del rechazo del veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca. En el inicio de la sesión, se quitó del temario, pero fue porque la oposición no tenía asegurados los votos para rechazar el veto. En ese tema es que el Gobierno cuenta con la artillería aparentemente suficiente como para evitar que las leyes que impulsa la oposición puedan perdurar. Es la razón por la cual la oposición ha decidido postergar el debate de los vetos.

Probablemente queden pendientes hasta la semana del 20 de agosto. Será después de que se hayan cerrado las listas y cuando el Gobierno ya no tenga a mano esa prenda de negociación. Se debatirán, si la oposición calcula que tiene chances para imponerse sobre los vetos; sino lo hará más adelante, más cerca de las elecciones, y que el Gobierno pague entonces el costo de medidas tan impopulares como rechazar el aumento a los jubilados; desentenderse del reclamo de las familias de los discapacitados; desfinanciar a las universidades, o darle la espalda a los médicos del Garrahan.

Esta semana ese Congreso que ha sido tan cuestionado por el Gobierno estará dedicado (al menos los diputados) a cumplir con los emplazamientos votados la semana pasada. No es nada habitual que se trabaje en las comisiones la semana previa al cierre de listas, pero es lo que les toca.

Por lo pronto, ya se cumplió con el cierre de alianzas, que ofreció como dato saliente la concreción del acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se replicó el entendimiento alcanzado en la Provincia. Para sorpresa de muchos y enojo de algunos, como María Eugenia Vidal, quien se especulaba sería candidata si el Pro no arreglaba con LLA, en una suerte de reversión de Juntos por el Cambio. La exgobernadora dejó clara su postura, aunque no hará lo que ella misma le reprochó a su amigo Horacio Rodríguez Larreta, de jugar por afuera del Pro. Habrá que ver si a los que sí aceptan ser candidatos los obligan a calzarse el buzo violeta como hicieron con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro el jueves en el inicio de campaña de la alianza La Libertad Avanza en el corazón de La Matanza.

Campaña que comenzó con la difusión de encuestas que dan al oficialismo nacional por debajo del peronismo en PBA. Llamó la atención, porque la información fue difundida por los propios voceros libertarios, luego de que hasta ahora circularan sondeos que los daban siempre arriba.

Como sea, tampoco debería sorprender que gane el peronismo, habitualmente imbatible en provincia de Buenos Aires, en cuyo caso eso favorecería al Gobierno de cara a la elección de octubre, ya que una victoria kirchnerista el 7 de septiembre favorecería a la polarización en octubre, en detrimento de las fuerzas que compitan a la búsqueda de los votantes “del medio”. Un voto que en CABA tiende a diluirse entre la exagerada oferta que habrá, al no haber prosperado la propuesta de unificarlo en una suerte de tercera vía, como un JxC blue. La decisión del Pro de inclinarse ante LLA desinfló esa posibilidad.

Si bien los voceros oficialistas se muestran muy confiados respecto de un triunfo en octubre aunque en septiembre les vaya mal, la realidad es que semejante resultado representaría la peor señal para la economía, según admiten en el Palacio de Hacienda. (Fuente Parlamentario.com)