Una reconocida dirigente vecinal de Rafaela, identificada en el marco de la causa como Miriam G., fue imputada por distintos delitos y quedó en libertad bajo una serie de medidas alternativas dispuestas por la Justicia penal.

La audiencia se realizó este sábado en la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5 de Rafaela y fue presidida por el juez penal de primera instancia Javier Carlos Bottero, con la intervención del fiscal Adrián Darío Soria y del defensor particular Carlos Luis Farías Demaldé.

De acuerdo con la calificación jurídica informada durante la audiencia, a Miriam G. se le atribuyeron tres hechos.

El primero fue calificado provisoriamente como amenazas simples en carácter de autora, mientras que el segundo corresponde a una imputación por coacción, también en carácter de autora. Ambos hechos fueron considerados en concurso real.

Además, se le atribuyó un tercer hecho por publicación no autorizada de información personal, en concurso ideal con estigmatización por conducta sexual, agravada por tratarse de una víctima menor de edad.

Durante la audiencia, la Fiscalía hizo saber que las partes habían arribado a un acuerdo respecto de la aplicación de medidas alternativas, mientras que la defensa no formuló objeciones a su imposición.

En ese contexto, el juez Bottero resolvió disponer la libertad de Miriam G. bajo distintas condiciones. Entre ellas, deberá constituir domicilio en la ciudad de Rafaela y quedar sometida al cuidado de un guardador, además de firmar de manera quincenal en la comisaría correspondiente a su jurisdicción.

También se le impuso la prohibición de mantener contacto o acercarse por cualquier medio, ya sea personal, telefónico o a través de redes sociales, con las personas alcanzadas por la medida.

La resolución establece, además, una prohibición de acercamiento en un radio inferior a los 200 metros respecto de esas personas, de sus domicilios, lugares de trabajo, establecimientos educativos y otros sitios habituales de concurrencia.

Otra de las restricciones alcanza a la difusión de información vinculada con el caso. La medida prohíbe publicar o difundir, por cualquier medio digital, televisivo, radial, gráfico o de otra naturaleza, datos que permitan identificar o individualizar a las personas involucradas, ya sea mediante nombres, iniciales, imágenes, domicilios, barrios, lugares de trabajo u otros elementos que, en el contexto, permitan reconocerlas.

Asimismo, se dispuso la prohibición de revelar información que exponga aspectos de la vida privada, íntima, afectiva, sexual o relacionados con la salud y tratamientos de una de las personas alcanzadas por la medida, así como referencias a familiares fallecidos o a las circunstancias de sus muertes.