Por Roberto F. Bertossi* 

Cada especulativa desorganización o enroque político, cada ego o personalismo que vienen enredando o atrapando tanto a los partidos políticos tradicionales, como a coyunturales asociaciones electoralistas, es violencia institucional.
Violencia institucional también refiere y aplica a situaciones sistémicas de instituciones y/o sus desprendimientos, por caso, cuando se producen o crecen las denuncias o reclamos de adultos mayores por la mala atención personal que reciben en dependencias públicas hospitalarias, bancarias o previsionales. Basta con mencionar a nuestros abuelos y/o adultos mayores haciendo vanas colas o larguísimas filas vg., entre las 4 a las 9 horas de la mañana para que, cuántas veces, se les recibe con: un “se acabaron los turnos/números”; “se cayó el sistema”, un “vuelva la próxima semana” cuando no, un desinformado “´estamos de paro o trabajando a reglamento´”, etc., etc.
La violencia institucional comprende también la criminalización o extorsión de legítimas protestas sociales (hoy, vg., los crónicos y justos reclamos de nuestros maestros y no docentes, de nuestros médicos y enfermeros, en todo el territorio nacional).
Asimismo, aquellos mecanismos estatales institucionalizados, normalizados o naturalizados, activos u omisivos, que vienen garantizando como nunca antes fueros de impunidad ante vg., obscenos y flagrantes enriquecimientos ilícitos de funcionarios, legisladores y magistrados; lavado de dinero, etc.
Hablamos de una política vernácula como sistema prebendario del Estado para favorecer intereses de amigos y/o grandes grupos económicos-financieros; algo bien conocido por todos.
Resumiendo, dicha violencia institucional aún con lo mucho relacionado, no se agota ahí.
Efectivamente, qué agregar sobre justos y legítimos reclamos ante violentas privaciones de derechos vg., inseguridad física e insatisfacción de las necesidades físicas básicas (vg.: aire y ambiente limpios, agua potable y saneamiento; alimentación nutritiva, salud, educación, trabajo, vivienda, transporte y servicios públicos dignos en la medida que confirmen un básico bienestar); violencia sexual, patronal, económica (proliferación y sofisticación de hurtos y robos), patrimonial; violencia intelectual-ideológica (mentiras, falacias, engaños, pos verdades); violencia ecológica/ambiental, etc.); y todo ello cuando la autoridad o funcionario pertinente -sin razón ni fundamento- se niega a recibirlas o las desestima sin más; ello no obstante sus específicas atribuciones que le corresponden y obligan institucionalmente en relación con tales peticiones, cínicamente silenciadas e invisibilizadas.
Claramente cada omisión funcional en tales casos, es violencia institucional que conculca derechos humanos, entendidos éstos como inherentes e intrínsecos sólo por y para existir digna y decorosamente como seres humanos.
Por último, la violencia institucional alcanzó su paroxismo con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), tremendo aparato paraestatal que asesinó a sacerdotes, artistas y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.
No se olvide que la triple “A” fue responsable de la desaparición y muerte de miles de argentinos, así como del exilio forzado de gran cantidad de artistas e intelectuales; todo un elogio a la aporía durante las presidencias institucionalmente democráticas de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, entre 1973 y 1976.

(*) Docente e investigador universitario. #Premio Adepa-Faca, 1990´