La Municipalidad de Rafaela destinó 213 millones de pesos durante el 2023 para cubrir el déficit del transporte público de pasajeros que presta a través de una flota de más de 20 minibuses. La ecuación del servicio el año pasado fue la siguiente:
-Ingresos por venta de pasajes a través del sistema SUBE: $ 54,6 millones.
-Ingresos por subsidios nacionales y provinciales: $ 273,3 millones. De esta cantidad, $ 158 millones fueron transferidos por el Gobierno nacional a través del Fondo Compensador para el Transporte del Interior.
-Aporte compensador del Municipio: $ 213 millones.
El costo operativo del servicio trepó entre enero y diciembre del año pasado a la friolera de $ 541 millones. Es decir, que los ingresos reales por ventas de pasajes a los usuarios ($ 54,6 millones) cubren apenas el 10 por ciento de las gastos de funcionamiento, en tanto que el 90 por ciento restante corresponden a subsidios del Municipio, de la Provincia -a través del Boleto Educativo y otro fondo específico- y de la Nación.
En cuanto al costo de $ 541 millones, el 57% se destinó al pago de salarios de choferes, administrativos y mecánicos, lo que alcanzó los $ 309 millones, el 14% a pagar las facturas de combustible (casi $ 75 millones) y el 11% a reparaciones y repuestos (cerca de $ 60 millones).
Y en enero de 2024 el Municipio debió aportar prácticamente $ 50 millones para cubrir el rojo del servicio.
Así lo muestra un informe presentado ayer por el intendente, Leonardo Viotti y el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente del Municipio, Juan Pablo Aversa, durante una conferencia de prensa que brindaron en el Salón Verde del edificio municipal para dar cuenta del impacto que tendrá el servicio ante la decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte para las localidades del interior del país.
Viotti viajó el jueves a Buenos Aires para formalizar un planteo ante el Gobierno nacional mediante la flamante Red Federal de Intendentes, que integran entre otros el rosarino Pablo Javkin, el santafesino Juan Pablo Poletti, el cordobés Daniel Passerini y la paranaense Rosario Romero. “Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires junto a intendentes de distintas provincias y de distintos espacios políticos, consensuando una postura única. Fuimos a la capital precisamente para que los medios nacionales hagan eco de esta situación”, indicó el mandatario rafaelino.
“Es entendible que el Gobierno nacional busque el equilibrio fiscal, apoyamos y compartimos este objetivo. Pero queremos una mirada federal y equilibrada entre la necesidad de Buenos Aires y el resto de las provincias. El pedido de una mirada federal nace a partir de cómo se distribuye el fondo destinado al transporte público: antes, el 85% quedaba en Buenos Aires y el AMBA, mientras que el 15% se distribuía en el resto de las provincias. Con la nueva decisión, el Gobierno nacional quita este 15% que va a las provincias pero sostiene el 85% en Ciudad de Buenos Aires”, indicó Viotti.
Este aporte que no percibirá más la ciudad de Rafaela -el año pasado ascendió a $ 158 millones- implicará que el boleto pase de tener un costo de 300 pesos a uno mayor que rondará entre 1.000 y 1.200 pesos. “El problema se nos presenta este año que demanda 50 millones de aportes municipales mensuales para mantenerlo”, agregó.
Según Viotti, “de mantenerse esta estructura de costo sin el aporte de Nación, se nos está haciendo insostenible mantener el servicio. Hay que aclarar algo, a diferencia de grandes ciudades, el transporte público de Rafaela tiene un fin social”.
El fin social del transporte público reside, según Viotti, en que “casi el 50% del corte de boletos se lo lleva la Tarifa Social Federal, es decir que tenemos un transporte público con un fin social muy elevado con respecto a la Tarifa Plana que representan alrededor de 134.200 boletos”.
PRÓXIMOS PASOS
A partir de esta red conformada entre intendentes de localidades del interior del país, Viotti dijo que “vamos a seguir gestionando, estamos evaluando la posibilidad de hacerlo también de manera judicial en una segunda instancia, pero inicialmente vamos a apelar al diálogo con el Gobierno nacional para que entienda lo que implica para los trabajadores del interior”.
Además, se trabajará en un sinceramiento de la tarifa: “Vamos a tener que empezar a trasladar a la tarifa estos costos. Hoy estamos destinando 50 millones que deberían ir a obras, a acciones que necesitamos en todos los barrios. Esto no lo podemos sostener durante mucho tiempo más”.
“Vamos a defender el transporte público hasta el último minuto. Pero vamos a tener que tomar algunas medidas para sostenerlo. Países del primer mundo tienen una política en defensa del transporte público porque evita que decenas de autos salgan a las calles, lo que representa menor contaminación y mayor ordenamiento del tránsito”, finalizó Viotti.