Por REDACCION
BUENOS AIRES, 3 (NA). - El obispo de Merlo-Moreno e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, Fernando Maletti, formuló ayer una nueva advertencia sobre la "inejecución" de la ley 26.160, que prevé el relevamiento territorial de los pueblos originarios. También advirtió sobre "la brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas".
Fue al presentar junto al obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, monseñor Jorge Lozano, un informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Monseñor Maletti criticó que se haya gastado casi el 80 por ciento del presupuesto dispuesto por ley pero que sólo se haya relevado "un 13% de los territorios".
Tras recordar que en noviembre expira la reglamentación en este sentido, que también frena el desalojo de las comunidades, Maletti dijo que esta situación genera "perplejidad, dolor e interrogantes" entre quienes acompañan a los pueblos originarios.
Lozano recordó que la "preocupación" de la Iglesia por esta problemática no es nueva y recordó el documento "Una tierra para todos", de 2006, en el que se reclamaron políticas de Estado para evitar el "creciente proceso de extranjerización" de tierras productivas, según AICA. Cuestionó además la falta de una legislación que frene la "expulsión" de aborígenes y productores rurales de sus lugares de origen.
Por su parte, el presbítero Ponciano Acosta, coordinador de ENDEPA, destacó que no es sólo un trabajo "de escritorio" sino desde "la realidad" y la tarea que el Equipo realiza en 20 diócesis del país.
"Detrás de estas demoras e incertidumbre están la vida y la muerte, y el desalojo de muchas comunidades aborígenes", puntualizó el sacerdote, quien reclamó a los gobiernos nacional y provincial que "tomen nota y hagan cumplir la ley".
El letrado Juan Manuel Salgado, miembro de la Asesoría Jurídica de ENDEPA, alertó que los pueblos originarios son despojados de sus tierras ancestrales con consentimiento de los gobiernos y lamentó la "muy baja ejecución" del relevamiento territorial que debía hacer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pese a que se gastó el 75% de los 60.000.000 de pesos asignados.
Manifestó que en todo el país se relevó apenas el 12,48%, mientras en las provincias "más conflictivas como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, tan solo el 4% de los territorios".
Salgado denunció, además, que de los 46 millones de pesos utilizados, la mitad fue a la "Universidad Nacional de Lanús, sin que se sepa el resultado de esa transferencia", y recordó que ese movimiento fue cuestionado por la Auditoría General de la Nación.
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