La jueza rafaelina, María José Álvarez Tremea, vocal de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, presentó ante la Convención Reformadora de la Carta Magna, que comenzó a sesionar el pasado 14 de julio, un "proyecto tendiente a obtener la incorporación al texto constitucional de la Constitución santafesina el reconocimiento del derecho humano al agua potable y del reconocimiento del agua como bien colectivo". Asimismo, la iniciativa propone "la consagración en el texto constitucional de principio in dubio pro aqua, lo que convertiría a la provincia de Santa Fe en una de las primeras constituciones en receptar este cambio de paradigma en la resolución de conflictos que involucren el agua".
"¿Por qué incorporar a la Constitución Provincial el reconocimiento expreso del derecho humano al agua y de la calificación de agua como bien colectivo? ¿Cuál es la relevancia del principio in dubio pro aqua?", se preguntó la Dra. Álvarez Tremea. "La respuesta se deriva de la responsabilidad histórica que recae sobre esta generación como partícipe de un evento trascendental en la vida de los Estados como lo es la reforma constitucional", sostiene.
Para la camarista rafaelina, la incorporación de las normas propuestas "constituirá un importante legado que esta generación puede dejar a las generaciones futuras" pues "supone garantizarles la posibilidad de acceso a los bienes fundamentales que les van a permitir no solamente vivir, sino elegir como hacerlo, al recibir un patrimonio ambiental al menos en iguales condiciones al que hemos recibido, y con herramientas jurídicas, incorporadas como contenidos relativamente inmutables en la Constitución Provincial".
En tal sentido, Álvarez Tremea consideró que "la Constitución Nacional reconoce el agua como bien colectivo, aunque no lo hace de modo expreso". Al respecto, puntualiza que "la provincia de Santa Fe, dotada de una riqueza hídrica muy importante, debe proteger el recurso, verdadero patrimonio estratégico, y garantizar una gobernanza diferente, tal como la que corresponde a los bienes colectivos, caracterizada por la democratización de las decisiones, limitaciones en el ejercicio del derecho de propiedad con el fin de garantizar a las generaciones futuras la posibilidad de ser representados, incluso, en toda discusión que refiera a la gestión de los mismos a través del Ministerio Público Extra penal".
Además, la magistrada explica que "la incorporación del principio in dubio pro aqua significa la recepción a nivel constitucional de una valiosa herramienta a los fines de la protección del recurso, dado que impondría la resolución de los conflictos ambientales y de agua bajo el paradigma de la Justicia hídrica".
Por último, Álvarez Tremea subrayó que "la reforma constitucional presenta la oportunidad de reconocer al agua como bien colectivo, y por tanto construir una vía idónea para garantizar el goce de los derechos fundamentales a las generaciones presentes, y a las generaciones futuras en tanto sujetos de derecho constitucionalmente reconocidos". Y concluye que "indudablemente es la mejor herencia que podemos dejar como generación".
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