La eliminación del programa nacional “Volver al Trabajo”, que entrará en vigencia a partir de abril, tendrá un fuerte impacto en el departamento Castellanos, donde al menos 402 familias dejarán de percibir este ingreso, según advirtió la CTA Autónoma Regional Rafaela en un duro comunicado. Se trata del plan social que hasta ahora otorgaba una asignación mensual de $78.000 a cada beneficiario -monto congelado desde 2023- y funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo.
La organización sindical alertó que la medida forma parte de un recorte de alcance nacional que alcanzará a 953.679 personas, mientras que en la provincia de Santa Fe afectará a 34.575 trabajadores y trabajadoras informales. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que notificó por correo electrónico y a través de Mi Argentina a cada beneficiario, que percibirá la última cuota en este mes de abril.
En el plano local, el impacto se dimensiona a partir de los registros del programa Potenciar Trabajo, antecesor del actual esquema. Allí se contabilizan 402 titulares distribuidos en once localidades del departamento, con una marcada concentración en Rafaela, que reúne 311 beneficiarios.
Detrás aparecen San Antonio, con 63 titulares, y Sunchales, con 12. El listado se completa con María Juana (5), Frontera (4), Humberto Primo (2), Bella Italia (1), Ataliva (1), Aurelia (1), Estación Clucellas (1) y Plaza Clucellas (1).
Desde la CTA Autónoma remarcaron que estas cifras constituyen “un piso mínimo” del impacto real, en un contexto donde el Gobierno nacional aún no difundió datos definitivos del programa vigente.
Además del efecto social, la central obrera puso el foco en la retracción económica que implicará la medida. A nivel provincial, estiman que dejarán de circular unos 2.697 millones de pesos mensuales, recursos que —según señalaron— estaban destinados casi en su totalidad al consumo en barrios populares y comercios de cercanía. En tanto, a nivel nacional el gobierno absorbe $74.600 millones mensuales sin precisar hasta el momento cuál será el destino de esos fondos.
Presión sobre municipios y Provincia
Uno de los ejes más fuertes del pronunciamiento apunta a los gobiernos locales. La CTA recordó que los municipios actuaban como unidades de gestión del programa, encargándose de implementar proyectos productivos, sociales y comunitarios.
En ese sentido, mencionaron casos como Rafaela, San Antonio, Sunchales y Frontera, donde se desarrollaban iniciativas vinculadas a cooperativas de trabajo, mantenimiento de espacios públicos, huertas comunitarias y apoyo escolar.
“Los gobiernos locales no pueden lavarse las manos. Fueron parte de la gestión de estos programas, conocen a los beneficiarios, saben qué tareas realizaban y cómo se insertaban en la trama comunitaria. Ahora que el gobierno nacional los deja en la calle, los municipios tienen la obligación de dar una respuesta”, expresaron desde la CTAA Regional Rafaela, al tiempo que reclamaron respuestas urgentes para contener a los beneficiarios que quedarán sin ingresos.
El pedido se extiende también al Gobierno provincial, al que instaron a implementar políticas que amortigüen el impacto de la medida nacional en los territorios.
Impacto en mujeres y sectores vulnerables
El informe pone especial énfasis en el perfil de los beneficiarios. Según los datos relevados, el 65% de los titulares son mujeres, muchas de ellas vinculadas a tareas de cuidado y trabajo comunitario no remunerado.
También se verán particularmente afectados recicladores informales, personas con discapacidad, estudiantes, integrantes del colectivo LGBTIQ+, cooperativas y espacios comunitarios como comedores y merenderos.
Para la CTA, la eliminación del programa profundiza condiciones de precariedad en sectores que ya enfrentan altos niveles de informalidad y dificultades de inserción en el mercado laboral formal.
Críticas al rumbo de la política social
El documento enmarca la decisión dentro de un proceso más amplio de recortes en áreas sensibles. Según señalaron, desde 2023 se registraron reducciones del 77% en Asistencia Social, 96% en Potenciar Trabajo y 81% en Monotributo Social, en términos reales.
En ese contexto, cuestionaron el reemplazo del programa por esquemas individuales como los “vouchers educativos”, al considerar que desarticulan la lógica comunitaria que sostenía proyectos productivos y redes de contención en los barrios.
Finalmente, la CTA Autónoma Regional Rafaela se sumó al plan de lucha impulsado a nivel nacional y convocó a visibilizar la problemática, al tiempo que exigió la continuidad del programa, la recomposición de ingresos y la implementación de políticas públicas que sostengan el empleo y la organización comunitaria.
Comentarios