Afuera una mañana fría y húmeda la de este lunes, mientras que en el sexto piso se respiró un clima ameno pese a que, con todos los concejales presentes, se trataron numerosos proyectos.
Luego de un minucioso análisis, y de una visita al Concejo de los jueces de falta el pasado 16 de mayo, se logró dar despacho al proyecto que establece la modificación de dos artículos de la Ordenanza Nº2969 del Código de Tránsito, en relación a la problemática de los escapes antirreglamentarios que se traduce en un aumento significativo del ruido y en una alteración de las emisiones y el rendimiento del motor. En cuanto al texto definitivo del proyecto, el presidente del Concejo Lisandro Mársico comentó “que los jueces están conformes con las modificaciones, se elevaron las multas, además de otros ajustes”.
“Que si bien la Ordenanza en el Artículo 65, Punto B6, otorga a la autoridad competente municipal la atribución de retener los vehículos como medida cautelar y según las circunstancias del caso, cuando se configura uno de los supuestos enumerados en ella, carece de claridad respecto a las condiciones en que deben encontrase los vehículos al momento de ser detectados en infracción; ya sea si deben estar circulando o también se puede llevar a cabo el procedimiento estando estacionados los rodados. Que a los fines de disipar dicha cuestión y de otorgarle la real operatividad que debe tener la norma; y, considerando, la actual redacción del Código de Tránsito de Rafaela, resulta conveniente agregar un párrafo al Artículo 65-B) 6 que comprenda la especial situación de los vehículos que no estando circulando a pesar de encontrarse en condiciones de hacerlo, se encuentren estacionados en la vía pública y posean el caño de escape adulterado”, se lee en el Considerando.
Esto último se aclara ahora en el 1° artículo de la ordenanza, agregándose que “el titular deberá disponer su recambio y/o inclusión por un caño de escape original o reglamentario y/o homologado, todo a su exclusivo cargo; condición indispensable para retirar el vehículo de las dependencias municipales. El antirreglamentario será decomisado y destruido por la autoridad de aplicación”.
Y el artículo 2º establece que ante “la falta de silenciador, alteración del mismo o colocación de dispositivos que provoquen mayor ruido que el elemento original de fábrica, la salida directa total o parcial de gases del escape y el uso o instalación indebida de interruptor de silenciador, multa de 20 a 80 unidades”. A pedido suyo, el proyecto será informado este jueves por el presidente del Concejo Lisandro Mársico.
MINUTAS DE LA OPOSICIÓN
En cuanto a minutas, se dio despacho a la relacionada al "Programa Municipal de Red de Videovigilancia Público-Privada", creado mediante ordenanza sancionada en diciembre de 2022, cuyo objetivo es integrar las imágenes de cámaras privadas con vista a la vía pública al sistema de monitoreo municipal, en el marco de una política de seguridad ciudadana. En este caso, la oposición solicita al Departamento Ejecutivo que informe: acciones llevadas a cabo en el marco del Convenio Suscripto con el Centro Comercial e lndustrial de Rafaela; cantidad de cámaras privadas integradas al sistema municipal hasta la fecha; y sectores de la ciudad cubiertos actualmente por este sistema mixto de vigilancia entre otras cosas.
Al respecto se manifestó el concejal opositor Juan Senn: “Queremos saber por qué no se está implementando; llevarlo adelante era un compromiso, y más entendiendo la importancia que tiene en este momento el incorporar las cámaras del sector privado que apuntan a la vía pública”. Aclaró además que es la empresa que tiene a su cargo el monitoreo la que facilita la información al Centro de Monitoreo, no los vecinos. En relación a que el tema ya había sido hablado en la Mesa de Transición, la concejal Valeria Soltermam manifestó que “estaba todo listo para comenzar a implementarlo, y que se había hecho una prueba”. “Es una herramienta más ante el crecimiento de la inseguridad, un paliativo, haciendo partícipes también a los vecinos que tienen cámaras de seguridad propias que apuntan a la vía pública”, agregó.
En otro orden de cosas, se dio despacho a la minuta relacionada a la aplicación de la Ordenanza N° 5.536 que fue sancionada en abril del 2024, en la que el Municipio se adhirió a la Ley Provincial N º 14.191 que crea el "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos". Su objetivo principal, prevenir la comercializaci6n de bienes obtenidos de manera ilícita mediante hechos delictivos, especialmente en relación con metales no ferrosos y autopartes.
En la minuta opositora, se solicita al Ejecutivo información sobre cuántas personas humanas o jurídicas se han inscripto en el Registro; qué mecanismos de control y fiscalizaci6n se encuentran actualmente en funcionamiento; si se han labrado actas o iniciado actuaciones administrativas o judiciales por incumplimientos a la ordenanza desde su promulgación; y si se ha detectado la radicación de nuevos establecimientos. “Que después de un año de sancionada la norma, creemos imprescindible verificar la efectiva aplicación de la ordenanza y la adhesión a los registros provinciales pertinentes”, se lee al final de los Fundamentos. “Era una normativa compleja y estaba el compromiso que de Provincia iba a venir un referente que realizaría las inspecciones. Queremos saber en qué instancia está todo porque también tenemos algunos reportes de que ha recrudecido el robo de cables y metales”, argumentó la concejal Paz Caruso.
REGRESO DE LA POLICÍA DE ACCIÓN TÁCTICA
Por otro lado, la oposición solicita al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Abog. Pablo Cococcioni la reincorporaci6n de los 48 agentes de la Policía de Acción Táctica a la ciudad de Rafaela. El pedido recuerda en el Considerando que, mediante nota de junio del 2024 dirigida al Cuerpo Legislativo, se da respuesta a la resolución N ° 2. 721 votada por el Concejo en abril del 2024 donde solicitaba al Ministerio de Seguridad que informe los motivos por los cuales retiraron la Policía de Acción Táctica de la ciudad, a su vez que informe si la decisión era temporal o definitiva. También se lee la respuesta oficial dada en junio del año pasado: "Por la presente informo que el retiro de la Policía de Acción Táctica se realiza en todas las localidades de la provincia, volviendo a su lugar de origen a fin de cumplir sus funciones específicas para las cuales fueren creadas. Que el retiro de la ciudad de Rafaela es solamente de la base operativa; si la situación lo vuelve a requerir, la P.A.T. estaría disponible para ser reasignada”.
Al respecto se pronunció el concejal Senn: “Este es un pedido concreto para el ministro, ya que cuando responde la primera resolución que habíamos enviado al Gobierno provincial, dijo que “cuando la situación lo requiera, enviaba nuevamente las P.A.T. a Rafaela. Las situaciones de público conocimiento que atravesamos en la ciudad, hablan de que se han triplicado prácticamente los heridos de arma de fuego en el Departamento Castellanos y sabemos que Rafaela, al ser la ciudad más grande, tiene la mayor capacidad de recibir estos números. Lo que ocurre está a la luz de los hechos y todos vemos lo que está pasando. Es un simple pedido para que se restituyan a la ciudad los 48 efectivos y los dos móviles que trabajaban en el sector más afectado de la ciudad".
Por otro lado, y dado los fenómenos climáticos de público conocimiento que se están dando en nuestro país y a los que han afectado a Rafaela, el justicialismo también solicita al Departamento Ejecutivo información sobre el Plan de contingencias climáticas vigente; Plan de Saneamiento Hídrico de la actual gestión; Plan de mitigación de amenazas, y planes de respuesta entre otras cuestiones. “Suponemos que hubo una actualización respecto a lo que se venía haciendo, y cuando hicimos el diagnóstico del libro de Ciudad Sustentable, hay una serie de iniciativas que, en el tema de abordaje frente a inclemencias climáticas, daban en rojo. Había muchas cuestiones que abordar, por eso deseamos saber si se pudo hacer algo al respecto”, manifestó Caruso.
PEDIDOS DE ILUMINACIÓN
A través de otra minuta, el bloque opositor solicita se evalúe la factibilidad de llevar a cabo la colocación de columnas de alumbrado faltante en la esquina de A. Marini y Thomas Edison del barrio Villa Dominga. “Nos llegan reclamos de vecinos que deben transitar por esa esquina y refieren que es una intersección peligrosa debido a la oscuridad”, dice en sus Fundamentos. “Más allá del recambio LED que se viene ejecutando, hay algunas cuestiones que no se van a mejorar con esto. Una es el faltante de columnas de alumbrado público en algunos puntos”, manifestó el concejal Martín Racca.
En otra minuta, solicitan al DEM que evalúe la factibilidad de llevar a cabo la reparación de las columnas de iluminación y colocación de algunas más en calle Córdoba, entre Remedios de Escalada y Fernando Fader, de barrio La Cañada. “Vecinos del sector se comunicaron conmigo y manifiestan la insuficiente cantidad de columnas, más allá de que aún el recambio LED no les llegó. El pedido es que se evalúe si no harían falta nuevas columnas de alumbrado público”, dijo también el funcionario de Juntos Avancemos.
Asimismo, en otro proyecto se solicita se evalúe la posibilidad de reforzar la iluminación y reparar la ya existente en las inmediaciones del obrador y Corralón Municipal. “Nos llegan sugerencias de vecinos que deben transitar por esa zona para ir a trabajar, estudiar y demás cuestiones de la vida cotidiana y sienten que la oscuridad, debido a la insuficiente iluminaci6n de las veredas y el follaje de algunos árboles entre otros factores, son responsables de estas molestias”, se recalca en los Fundamentos “.
Comentarios