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Locales Lunes 10 de Noviembre de 2025

El Concejo recibe a remiseros por la nueva regulación para el servicio de remises en Rafaela

Los concejales mantendrán un nuevo encuentro con remiseros de la ciudad para abordar cambios en la ordenanza que regula el servicio de remises. Será este lunes a las 10:30.

Agrandar imagen El mes pasado, concejales y remiseros se reunieron para buscar acuerdos en torno a la ordenanza que regula el servicio.
El mes pasado, concejales y remiseros se reunieron para buscar acuerdos en torno a la ordenanza que regula el servicio. Crédito: PRENSA CONCEJO / ARCHIVO

El Concejo Municipal de Rafaela comenzó a debatir un proyecto de ordenanza impulsado por los bloques Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe, que propone actualizar integralmente la normativa que regula el servicio de remises en la ciudad. La iniciativa busca adecuar la legislación local a los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo, especialmente a la incorporación de plataformas digitales de intermediación y nuevas modalidades de contacto entre usuarios y choferes.

El proyecto fue elaborado luego de reuniones con permisionarios y titulares de agencias, quienes aportaron sugerencias y plantearon problemáticas del sector. El Concejo Municipal y el Ejecutivo coincidieron en la necesidad de contar con una regulación moderna, clara y controlable, que garantice un servicio seguro y adaptado a la realidad actual del transporte urbano.

En este marco, y a pesar de que el Municipio permanecerá cerrado este lunes por conmemorarse el Día del Trabajador Municipal y Comunal, los concejales recibirán a las 10:30 una vez más a representantes del sector de remises para "corregir" la iniciativa.

Según los fundamentos del proyecto, la actual ordenanza —la N° 3.338 y sus modificatorias— quedó desactualizada frente a la evolución del transporte de pasajeros y la masificación del uso del teléfono celular y las aplicaciones móviles. “Las playas de estacionamiento han dejado de cumplir su función original”, señala el texto, aludiendo a que la comunicación entre agencias, conductores y usuarios ya no requiere de un punto físico de espera.

Los concejales proponentes argumentan que la modernización del marco regulatorio permitirá “una gestión más eficiente, transparente y trazable” del sistema, reforzando los controles municipales sobre los vehículos, los seguros y las condiciones de prestación. Además, destacan la necesidad de promover equidad y competencia leal entre los distintos subsistemas de transporte —colectivos, taxis, remises y aplicaciones—, garantizando igualdad de condiciones y cumplimiento tributario.

El proyecto también pone el foco en la seguridad, la accesibilidad y la responsabilidad vial. Plantea la obligación de capacitar a los conductores en atención a personas con discapacidad o movilidad reducida, e incorpora sanciones más severas frente a infracciones graves o reiteradas.

 

Principales modificaciones

En la parte resolutiva, la propuesta deroga la actual ordenanza y establece un nuevo marco que redefine la actividad como “servicio público impropio”. Entre los puntos más destacados se incluyen:

Reconocimiento del uso de plataformas electrónicas para la intermediación entre agencias y usuarios, reemplazando la exigencia de contar con playas de estacionamiento físicas.

Nuevos requisitos para agencias y permisionarios, incluyendo la obligación de fijar domicilio fiscal electrónico y mantener actualizada la documentación y los seguros de las unidades.

Habilitación semestral de los vehículos, con inspecciones técnicas obligatorias y exigencia de pintura blanca, aunque se exceptúa a los autos actualmente habilitados que no cumplan con ese color.

Identificación unificada de los remises mediante obleas oficiales y tarjetas con los datos del conductor, la agencia y el vehículo.

Sanciones escalonadas por infracciones, con multas equivalentes al valor de entre 50 y 500 litros de nafta y posibles inhabilitaciones o clausuras temporales para agencias reincidentes.

Creación de un Registro de Antecedentes de agencias, permisionarios y conductores, que será administrado por la Secretaría de Gobierno y utilizado para otorgar o renovar habilitaciones.

Además, se incorpora una disposición transitoria que permite la transferencia de agencias habilitadas dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la norma, manteniendo los derechos y obligaciones de los titulares anteriores.

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