El estudio jurídico Regali anunció que impulsará una investigación penal para determinar las responsabilidades civiles y penales de los directivos y funcionarios de la cooperativa láctea SanCor CUL, en el marco del proceso concursal que atraviesa la histórica empresa desde febrero pasado y que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de los Tribunales de Rafaela. Según el comunicado difundido por el equipo legal, la medida busca esclarecer las irregularidades cometidas durante los últimos diez años de gestión, período que coincide con el plazo de prescripción de determinadas acciones judiciales.
El estudio, que representa a más de 500 acreedores —en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores—, señaló que la situación de SanCor “es crítica” y que las decisiones adoptadas por la conducción “han generado un gravísimo daño económico y social” tanto a quienes confiaron en la marca como a las comunidades donde la empresa tiene presencia. “No sólo se ha afectado directamente a empleados y ex empleados, sino también al Estado y a toda la economía regional”, advierte el comunicado.
Entre los puntos más destacados del documento se menciona la solicitud formal de intervención de la administración con desplazamiento de los actuales cargos directivos. El estudio sostiene que la actual conducción ha mostrado “falta de voluntad y de espíritu de lucha” para sacar adelante la cooperativa, y que incluso el juez de la causa “no conoce personalmente a los directivos”, quienes “no demuestran interés en el salvamento de la empresa”.
Además, el texto detalla que existen graves irregularidades en la gestión, como la falta de información verificable, negociaciones realizadas sin conocimiento de la sindicatura —como el caso de la firma Elcor S.A.— y la presentación de “850 recibos apócrifos” en el expediente judicial. “La sindicatura depende de los datos que aporta la empresa, pero nadie puede garantizar que esos datos sean fiables”, remarca el escrito.
El estudio Regali subrayó que continuará bregando por la intervención antes que la quiebra, ya que esta última “podría dejar sin cobrar a la mayoría de los acreedores”, debido a que el valor de remate de los activos sería inferior al total de las deudas. También aclaró que la planta de Sunchales “posee tecnología obsoleta y un bajo valor de venta”, lo que agrava el panorama patrimonial.
El comunicado indica, asimismo, que el Juzgado solicitó a SanCor la presentación de un plan de contingencia, donde la empresa deberá demostrar qué asesoramiento tiene actualmente, qué decisiones adoptó y cuáles planea ejecutar para revertir la crisis. Según el estudio, la intención del magistrado es “darle una última oportunidad” a la cooperativa antes de avanzar con los pedidos de quiebra ya formulados por el gremio y un grupo de ex trabajadores.
Finalmente, el estudio recordó que su gestión ha sido activa “desde el día cero” del proceso, organizando asambleas, asesorando a centenares de acreedores y promoviendo medidas procesales para resguardar el patrimonio de la empresa. “Estamos preparados para enfrentar la ola de impugnaciones que realizará SanCor con el fin de ganar tiempo”, advirtió el equipo legal. Incluso a comienzos de septiembre, Regali y Asociados presentó un pedido de quiebra de la cooperativa, el segundo que ingresó al Juzgado después del presentado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).
Con un tono crítico hacia la conducción actual, el comunicado concluye: “Buscaremos determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que llevaron a SanCor a esta situación, causando un daño irreparable a miles de personas y empresas”.
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