El gobierno provincial, a través de la obra social Iapos, les debitó 456 millones de pesos a clínicas y sanatorios de Rosario y otros 31 millones a sus colegas del departamento Castellanos por el corte casi total de servicios que ejecutaron en abril, según publicó AIRE en su página web.
La medida, decidida por el propio gobernador Maximiliano Pullaro, fue operativizada el viernes de la semana pasada. En rigor, se trata de un débito sobre el monto que paga quincenalmente por adelantado la obra social provincial, equivalente a la restricción de las prestaciones que llevaron adelante las empresas de salud en reclamo de aumento de aranceles. El débito cayó sobre las tres gerenciadoras de las carteras de Iapos que operan en el departamento Rosario y la única con presencia en el departamento Castellanos. Fue en esas dos jurisdicciones en donde se concretó, de manera explícita, el corte del servicio en abril. Como también continuó parcialmente la suspensión de las prestaciones en mayo, no se descarta en el gobierno la aplicación de otra decisión de igual formato y magnitud.
Aún así, este martes hubo una nueva reunión entre las partes para intentar avanzar en un acuerdo. El espinoso tema del débito surgió previsiblemente en el encuentro y la respuesta oficial fue: los servicios prestados serán pagados. Acercaron posiciones y quedaron en verse las caras otra vez la semana próxima. Si se observan las palabras previas de los funcionarios provinciales, puede decirse que es una determinación que se veía venir. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo Olivares advirtió: “Las prestadoras de salud están cobrando Iapos. No me parece una conducta ética estar cobrando el Iapos, estar discutiendo un incremento de retribución y al mismo tiempo no prestar el servicio. No es ético cobrar por un servicio que no se presta. Primero se interrumpió la atención de los afiliados, siguieron con el reclamo, pero al mismo tiempo siguieron cobrando. Esa es una situación que no puede sostener”.
En la Casa Gris argumentan que el criterio aplicado a gerenciadoras y prestadores es similar al utilizado con los descuentos de días de paro a docentes y estatales. Dicho de manera simplificada: quien no brinda los servicios que paga el Estado, no cobra. Todo ello se da en un contexto crítico para el Iapos, según la mirada del gobierno provincial. Vale recordar, como publicó oportunamente AIRE, que la gestión administrativa de la obra social pasó a la órbita del ministerio de Economía y es su propio titular quien protagoniza las tensas negociaciones.
En el decreto mediante el cual el gobernador formalizó esa decisión se afirma que el Iapos “ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico-asistenciales y de seguridad social de los afiliados”. Además, el decisorio gubernamental asevera que el “entorno macroeconómico ha influido específicamente en la ecuación de costos de los sistemas de salud a partir del proceso de desregulación iniciado a fines de 2023 y el salto devaluatorio del mes de diciembre de dicho año” y, por lo tanto, el Iapos requiere un abordaje diferenciado que implica no perder de vista su misión central que es garantizar el acceso al derecho a la salud de los empleados y empleadas estatales, pero que además contemple aspectos de gestión que permitan mejorar el desempeño”.
NUEVOS COSTOS
Mientras tanto, a partir del 1 de junio, el Iapos incrementará el aporte que realizan sus afiliados para cubrir los costos de órdenes de consulta, bono asistencial, orden de internación y servicio complementario. Hasta el momento, los afiliados se hacen cargo del 20% del costo total de cada prestación, pero desde junio dicho aporte se elevará al 32,25%. De esa manera, la orden de consulta, que en estos momentos cuesta 900 pesos, pasará a costar 2.000 pesos; mientras que una orden de internación y el servicio complementario, que en estos momentos cuestan 3.600 pesos, costarán 8.000 pesos.
Así lo dispuso la obra social a través de la Disposición 45, con fecha de este miércoles 29 de mayo, donde se plantea que "resulta necesario, visto la inflación en el sector salud, avances tecnológicos y nuevos tratamientos, más la crisis sanitaria global; proponer una metodología de ajuste del valor de la orden de consulta, bono asistencial, orden de internación y servicio complementario". "Con el fin de equilibrar los copagos que abonan los afiliados con los valores de las prestaciones que brinda el Instituto, se sugiere elevar el porcentaje del 20% al 32,5% para el cálculo del valor de la orden de consulta", agrega. Fuentes del Gobierno de Santa Fe explicaron que, hasta 2020, las actualizaciones del valor de estos "bonos de Iapos" acompañaban los aumentos salariales de los empleados públicos provinciales.
CON LA PANDEMIA SE MODIFICO
EL SISTEMA DE COPAGO
Sin embargo, con la llegada de la pandemia de covid en 2020, este sistema quedó suspendido. Y si bien en 2022 volvió a instrumentarse el mecanismo original actualizado por salarios, el tiempo transcurrido hizo que se perdiera la base de referencia. A modo de ejemplo: si se considera el 20% de lo que un médico percibe del Iapos por una consulta, el "bono" debería costar en estos momentos 1.200 pesos al afiliado. Sin embargo, cuesta 900 pesos por la pérdida del valor de referencia que se produjo durante el período de la pandemia. Para establecer los nuevos valores, que regirán desde el 1 de junio, el Iapos tomó como base los 1.200 pesos que hoy debería constar una consulta. Por cada consulta en consultorio, el Iapos pagará al profesional el 67,50% del total, mientras el afiliado aportará desde junio el 32,5% de ese monto. De allí surgen los 2.000 pesos que se toman como referencia para calcular el copago del resto de las prestaciones.
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