En la sede de calle Arenales de nuestra ciudad, la CGT Seccional Rafaela convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los motivos sobre la adhesión a este segundo paro nacional del año organizado por la Confederación General del Trabajo y en rechazo hacia la aprobación de la Ley de Bases que continúa con su debate en la Cámara de Senadores. Estuvieron presentes dirigentes y trabajadores vinculados a las estructuras sindicales y gremiales que conforman la CGT local, ciudadanos autoconvocados y distintas organizaciones, como multisectorial Rafaela.
Sebastián Beccaría, representante del sindicato Luz y Fuerza de nuestra ciudad, tomó la palabra y ante los medios locales realizó un resumen acerca de las razones que llevaron a este indeseado pero necesario paro convocado por la CGT durante este jueves
* La Ley Bases para una Argentina más (des)igual. El Proyecto que se convertirá en Ley si el Senado lo aprueba incluye: desincentivos a registrar trabajadores y legalización del fraude laboral, rebajas de impuestos a los ricos, privatizaciones y pérdida de capacidades estatales, destrucción de la industria nacional, eliminación de la moratoria para jubilaciones y desregulación del sector energético.
* Menos impuestos para los ricos. Blanqueo Low Cost: Tasa 0% hasta 100 mil USD sin exigir repatriación, con depósito en cuenta local, la tasa cero no tiene tope, ningún control sobre el origen de los fondos, baja de Bienes Personales de 2.25% a 0.25%, estabilidad por 15 años.
* Más impuestos para los trabajadores. Restitución impuesto a las ganancias 4° categoría: pagarán 1.2 millones de personas (a fin de 2024 más de 2 millones), se eliminan exenciones como aguinaldo, horas extras, guardias médicas o ropa de trabajo. Para los monotributistas: suben las escalas y montos a pagar, y se elimina el monotributo social. Sube más del 700% la cuota.
* El Estado se corre. Con privatizaciones que se pretenden hacer en Aerolíneas, ENARSA, Radio y Televisión. INTERCARGO, AySA, Correo Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y corredores viales, y solo parcialmente, pero que no deja de ser preocupante, Nucleoeléctrica Argentina y el complejo Yacimiento Carbonífero Río Turbio, pérdida de capacidades estatales. El Ejecutivo tiene amplísimas facultades para intervenir, transformar o disolver todo tipo de organismos o empresas estatales como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Hospital Posadas, ARSAT, el Banco Nación.
* Régimen Impositivo para Grandes Inversionistas (RIGI). Excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia: no hay sectores prioritarios ni ninguna obligación de promover proveedores locales ni agregar valor en argentina, aumenta el gasto tributario, coloca al CIADI como tribunal de Resolución de conflictos, pone en riesgo a toda la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional.
* Desregulación del sector energético. Maximización de la renta empresarial: se convierte en el objetivo prioritario y no en el autoabastecimiento o desarrollo económico Desprotege a los consumidores: en lo relativo a los precios de los hidrocarburos No hay razones para reformar un sector que viene creciendo de manera sólida No hay propuesta de agregado de valor. Se abandonó la Ley GNL acordada con Petronas en Malasia en 2023.
* Reforma laboral. Elimina sanciones a empleadores: por ejemplo contratar en negro o retener contribuciones patronales, crea la figura de monotributista con 5 colaboradores sin relación de dependencia, elimina la responsabilidad solidaria por tercerizar trabajadores, permite "blanquear" trabajadores sin exigencias Incrementa el período de prueba de hasta 1 año, habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por 12 meses y luego despedirlos.
* Las moratorias sólo serán para algunos. Con el blanqueo Laboral se condonan deudas y reconocen 60 meses de aportes a empleados que no registraron trabajadores, fin de la moratoria previsional no se reconocen aportes a trabajadores. Afecta a 9 de cada 10 mujeres y a 3 de cada 10 varones que no tienen 30 años de aportes. Se otorga, con suerte, la PUAM.
CONFLICTO CON IAPOS Y DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO PROVINCIAL
A continuación, Beccaría también hizo mención al grave problema que vienen sufriendo los trabajadores afiliados al IAPOS, la obra social más importante de Santa Fe y que tiene sus servicios cortados en Rafaela y el departamento. Con respecto a esta situación, el dirigente agregó que “sobre la crisis de IAPOS debe ser atendida con urgencia por el Gobierno Provincial. Desde el conjunto de gremios que integran la CGT Rafaela expresaron su preocupación por la situación que afrontan los trabajadores afiliados al Instituto Autárquico de Obras Sociales de Santa Fe (IAPOS), quienes desde hace varios días tienen suspendidas las prestaciones de los servicios médicos. Todos conocemos las dificultades que implica la cobertura de los servicios médicos para nuestras familias. A las organizaciones gremiales nos toca administrar obras sociales que se sostienen con el aporte solidario y equitativo de los trabajadores afiliados a cada organización gremial. Se trata de contribuciones porcentuales de los salarios de cada trabajador y si esos salarios caen en su poder adquisitivo, naturalmente ocurre lo mismo con la capacidad de las obras sociales para responder a los costos crecientes de los servicios y prácticas médicas. En este contexto, con los sueldos castigados por tarifazos, impuestazos y la escalada de precios de la canasta básica de subsistencia, las obras sociales cumplen un rol clave en la subsistencia de las familias”. Luego destacó que “el IAPOS seguramente no escapa a esa realidad, porque los salarios de los trabajadores estatales que sostienen con sus aportes a la obra social también pierden por goleada en la relación con el crecimiento del valor de las prestaciones. Lo preocupante es la actitud asumida por el Gobierno Provincial, que no parece interesado en solucionar el problema, se desentendió de la suerte de los servicios para los cuales retiene los porcentajes a maestros, policías, médicos, enfermeros, agentes del estado provincial en general, activos y pasivos. Está embarcado en confrontar con los trabajadores inventando excusas para ajustar hacia abajo los sueldos y quitando derechos. En paralelo con lo que hace el gobierno nacional, saca el cartelito de "no hay plata" cuando se trata de asegurar dignidad a sus propios trabajadores, pero "sí hay plata" cuando hay que financiar herramientas extorsivas y de persecución, como sucede con el presentismo a los docentes. Entre las múltiples declaraciones de funcionarios provinciales, no hemos leído ni escuchado ninguna palabra de llamado al diálogo o de avances en la solución de estos problemas, que son reales, están a la vista y tienen consecuencias sobre la salud física y mental de los compañeros estatales. Esperamos respuestas. Exigimos respuestas. Del gobierno provincial y también de las autoridades locales, que son agentes de retención a los compañeros municipales y parecen ser testigos pasivos de una situación que ya es insoportable para las familias trabajadoras”.
FUERTES MENSAJES
Por su parte, Roberto Oesquer, representante de la UOM, fue duro con sus palabras y remarcó durante la conferencia que "nos llama la atención el silencio del empresariado local. No hay que confundirse, hay que ser claros: si no peleamos antes de que las cosas pasen, una vez que esto avance, ¿con qué lo vamos a afrontar? Esto va hacia la destrucción de la industria nacional. Hay que trabajar y pelear todos juntos. Los llamamos a que se despierten y trabajemos en conjunto para pelear por la defensa de la industria de Rafaela". Por otro lado, Marcelo Lombardo, de SOIVA, también fue crítico y remarcó que "nos llenan de calificativos, ninguno bueno ni lindo: que somos apretadores, patoteros, extorsionadores y no sé cuántas cosas más porque decretamos un paro. Me pregunto qué serían los empresarios que amenazan a los trabajadores con modificarle sus condiciones de empleo, con descontarles sueldos, premios, y hasta con el despido, si hacen paro. No sólo los empleadores privados, también lo hace el Estado ahora". También estuvieron presentes los dirigentes Adrián Oesquer, de AMSAFE Castellanos, Eduardo Isaurralde, de Smata, Nicolás González del rubro alimenticio, Domingo Possetto, de Atilra, y Andrés Brarda, del PJ local, entre otros.
ADHESION DE UN 60%
Ya en la parte final de la conferencia, Beccaría dio a conocer un informe de lo que se relevó con las distintas organizaciones que componen la CGT local sobre cómo ha impactado esta medida de fuerza en los sectores. En el rubro UPCN, ATE, municipales, APJ -personal jerarquizado del municipio-, docentes universitarios, Foecit -trabajadores del correo, Luz y Fuerza y bancarios el acatamiento fue de un 100%, mientras que Judiciales, Amsafe, Sadop e industriales -ATILRA, UOM, Sindicato de la Carne, SOIVA, plásticos, alimenticios, SMATA la adhesión fue de un 50%. En tanto, otros servicios, como camioneros, UTEDIC y farmacias el acatamiento también fue de un 50%. En tanto, acerca del comercio, no hay datos precisos porque muchos estuvieron abiertos y fueron atendidos por sus dueños. En promedio, según la CGT de Rafaela, la adhesión en Rafaela fue de un 60%. Además, como no trabajaron los minibuses y UTA se adhirió a la medida de fuerza, la Terminal de Ómnibus estuvo prácticamente vacía.
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