La CGT Delegación Rafaela manifestó su “solidaridad con la UOM” y expresó su rechazo a la intervención judicial dispuesta sobre la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, luego del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las últimas elecciones del sindicato y desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán.
A través de un pronunciamiento difundido en las últimas horas, la central obrera local sostuvo que “la intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores” y cuestionó duramente a los jueces Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII del tribunal laboral que dictó la resolución.
En el documento, la CGT Rafaela señaló que se rechazan “todos los argumentos de la resolución dictada” por los magistrados, a quienes identificó además como “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al levantar la cautelar presentada por la CGT nacional contra esa iniciativa.
La central sindical rafaelina, que es presidida por Roberto Oesquer, quien a su vez es secretario General de la UOM Seccional Rafaela, consideró además que la medida judicial constituye una “operación” con “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar la capacidad de lucha, atacar la autonomía de los trabajadores y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
En el tramo final del comunicado, la CGT local expresó su apoyo “a las compañeras y compañeros metalúrgicos, con su secretario Abel Furlán y con toda la UOM”, al tiempo que remarcó la consigna “No a la intervención de la UOM” y afirmó que “la defensa de la democracia sindical no se negocia”.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera anular las elecciones nacionales realizadas en marzo de este año en la UOM y dispusiera la intervención judicial del sindicato por 180 días.
La medida incluyó el cese inmediato de Abel Furlán y del resto de las autoridades electas, además de declarar la acefalía del gremio y designar como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevos comicios.
El fallo tuvo origen en una denuncia presentada por la Lista Naranja, opositora a la conducción oficialista, en torno a presuntas irregularidades registradas durante la elección desarrollada en la seccional Campana entre el 2 y el 4 de marzo.
Según la resolución judicial, una de las principales observaciones estuvo vinculada a la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes para preservar la inviolabilidad del voto.
Los jueces consideraron que las elecciones de Campana y la nacional eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastraba también la invalidez de la elección nacional celebrada el 18 de marzo.
Desde la conducción de la UOM rechazaron el fallo y denunciaron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria” destinada a “disciplinar” al sindicato metalúrgico en medio de las negociaciones salariales y los conflictos con las patronales del sector.
“El ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos”, sostuvo el gremio en un comunicado difundido tras conocerse la decisión judicial.
La organización sindical también cuestionó que sectores derrotados en las elecciones “pretendan conseguir en los juzgados lo que no lograron en las urnas” y convocó al conjunto del movimiento obrero argentino a respaldar a la UOM frente a la intervención.
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