A través de un comunicado, la CGT Rafaela expresó este martes su más enérgico repudio frente al escándalo recientemente revelado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de audios y denuncias públicas que dan cuenta de un presunto entramado de coimas y negociados en la compra de medicamentos, involucrando a funcionarios cercanos al actual gobierno.
"Consideramos de una gravedad extrema que estas maniobras tengan como escenario un organismo destinado a atender a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No se puede lucrar con la necesidad y la vida de quienes más necesitan del Estado.
Como organización sindical confederada, hemos sido críticos de muchas de las políticas de la actual gestión. Sin embargo, esta situación va mucho más allá de cualquier diferencia partidaria. Debiera interpelar a toda la dirigencia política, no solo desde lo ideológico, sino también desde lo humano. El pueblo no puede permanecer indiferente, y menos aún los dirigentes que dicen representarlo", expresa el inicio del texto.
Y agrega que "del mismo modo, esta interpelación alcanza también a la Justicia, cuestionada tantas veces por la sociedad por la selectividad con que decide qué causas avanzar y cuáles dejar de lado. Hoy tiene la responsabilidad de actuar con celeridad, transparencia y sin especulación política, garantizando que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Por ello, exigimos:
1️ -Intervención inmediata y efectiva del Poder Judicial, con preservación de pruebas y sanción ejemplar a quienes correspondan.
2️- Actuación urgente del Congreso de la Nación, con investigaciones y controles efectivos sobre la gestión de la ANDIS y las compras públicas vinculadas a la salud.
3️- Auditoría independiente y transparente de los fondos y contrataciones de la Agencia.
4️- Publicidad activa de toda la información sobre compras, proveedores y contrataciones, en resguardo del interés público.
La CGT Rafaela sostiene con claridad que la corrupción no es un error administrativo, sino un crimen social que siempre termina pagado por los trabajadores, con menos derechos, más ajuste y mayor desigualdad".
Por último, la nota menciona que "ratificamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de la ANDIS y de todo el sistema de salud pública, quienes no deben cargar con el costo de decisiones de cúpula.
La ética pública no se negocia.
El movimiento obrero organizado estará siempre en defensa del pueblo trabajador y de la dignidad social".
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