El radicalismo dio el primer paso en la discusión para actualizar el régimen electoral de la provincia al ingresar en el Senado un proyecto de 199 artículos que busca unificar en un solo cuerpo normativo la organización de los partidos políticos y los procesos electorales. La iniciativa forma parte del paquete de adecuaciones derivadas de la reforma de la Constitución provincial y apunta a que las nuevas reglas estén vigentes para las elecciones de 2027.
Aunque lleva la firma de legisladores de la UCR dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, el texto no representa aún la posición definitiva de la coalición oficialista. Por el contrario, el acuerdo alcanzado entre los principales socios fue que cada fuerza elaborara su propia propuesta para luego unificarlas durante el tratamiento legislativo. En ese marco, el Partido Socialista y el PRO también presentarán proyectos propios, mientras que el debate comenzaría en agosto.
La iniciativa propone una actualización integral del sistema electoral santafesino. En lugar de modificar aspectos puntuales, reemplaza la normativa vigente por una ley que regula desde el funcionamiento de los partidos políticos y su financiamiento hasta las elecciones primarias, la oficialización de candidaturas, la boleta única, la paridad de género, las inhabilidades para ser candidatos y el procedimiento electoral.
Uno de los cambios más visibles es el nuevo diseño de la Boleta Única. El proyecto mantiene este mecanismo de votación, pero reorganiza las categorías en dos papeletas. Una concentrará todos los cargos provinciales —gobernador y vicegobernador, diputados y senadores provinciales—, mientras que la otra reunirá las categorías municipales y comunales, como intendentes, concejales y presidentes comunales.
La propuesta conserva la posibilidad de votar por categorías diferentes, por lo que el elector podrá seguir combinando opciones de distintas fuerzas políticas. Según la visión del oficialismo, el esquema simplifica el acto electoral y reduce la cantidad de boletas que hoy recibe cada votante, sin eliminar la posibilidad de desdoblar el voto.
El proyecto también introduce cambios en las reglas de competencia electoral. Establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar un piso del 1,5 % del padrón electoral para acceder a las elecciones generales tras las PASO. Además, para integrar las listas definitivas, las distintas nóminas internas deberán obtener al menos el 10 % de los votos conseguidos por su partido, frente o alianza, aplicándose luego el sistema proporcional D'Hondt para conformar la lista final.
La iniciativa mantiene las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, aunque incorpora la posibilidad de prescindir de ellas en determinados cargos municipales cuando todas las fuerzas presenten una única lista de precandidatos, oficializándose directamente las candidaturas para la elección general.
Entre otros aspectos, el texto regula con mayor detalle el reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos, establece nuevas exigencias para la presentación de listas, incorpora normas sobre financiamiento y control patrimonial, reafirma la paridad de género en las candidaturas y amplía las incompatibilidades e inhabilidades para acceder a cargos electivos, incluyendo condenas por determinados delitos y la inscripción en registros de deudores alimentarios morosos.
La discusión, sin embargo, recién comienza. El socialismo anticipó que presentará su propia iniciativa con diferencias en el diseño de la Boleta Única, mientras que el PRO también trabaja en una propuesta. La intención es que los distintos proyectos confluyan en un texto consensuado dentro de Unidos antes de avanzar en el tratamiento parlamentario.
El oficialismo tampoco será el único actor que impulsará modificaciones. Días atrás, el bloque de diputados referenciado en el exgobernador Omar Perotti presentó su propio proyecto, acompañado por Miguel Rabbia y Luciana Deponti. Esa iniciativa propone mantener una boleta única por cada categoría, sin agrupar cargos provinciales y locales en una misma papeleta, exige la presentación de candidaturas completas y fija un umbral del 1,5 % del padrón para acceder a las elecciones generales. Además, incorpora una cláusula de "fidelidad política", al establecer que los legisladores que rompan deliberadamente los compromisos asumidos con la agrupación que los postuló cesarán en sus funciones y serán reemplazados.
Con distintos modelos sobre la mesa, la Legislatura provincial se prepara para abrir uno de los debates institucionales más relevantes de los próximos meses. El objetivo compartido es que Santa Fe cuente con un nuevo Código Electoral antes del proceso electoral de 2027, aunque el diseño definitivo dependerá de las negociaciones políticas que se desarrollen durante el segundo semestre.
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