Los concejales de La Libertad Avanza (LLA), Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, ingresaron en el Concejo Municipal de Rafaela un proyecto de resolución que propone modificar el sistema de cálculo de las dietas de los ediles. La iniciativa busca cumplir con una de sus promesas de campaña: impulsar una reducción del 50% en los salarios de los concejales, que actualmente se ubican entre los 3 y 4 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, al plantear que la remuneración pase a ser el equivalente a dos veces el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), la baja efectiva sería sensiblemente menor a la que los concejales libertarios habían mencionado en campaña. El último valor disponible del RIPTE publicado por el Gobierno nacional corresponde a septiembre, cuando fue de $1.551.831, lo que implica que el salario de un edil, de aprobarse el cambio, rondaría los $3,1 millones mensuales. En la práctica, la reducción sería apenas simbólica.
El proyecto presentado por Dellasanta y Zafra, que será analizado en la reunión de comisiones del lunes, propone modificar el artículo 17 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, actualmente basado en un esquema ligado a categorías del escalafón municipal, para reemplazarlo por un mecanismo automático atado al RIPTE, actualizado dos veces al año (enero y junio). El texto remarca que la dieta constituirá “una compensación por la representación política que ostenta el concejal” y no una equiparación con empleados de planta permanente del municipio.
En los fundamentos, los concejales de LLA sostienen que el RIPTE es “el único parámetro que mide los salarios de los trabajadores” y que vincular la dieta a ese índice impediría que los ediles puedan incrementarse el salario por decisión propia. A su vez, argumentan que este esquema incentiva a los funcionarios a promover el empleo y la productividad, ya que solo un aumento general de los salarios registrados impactaría en la remuneración de los concejales.
El proyecto también cita normas como la Ley de Ética Pública y la Constitución Nacional, y plantea que la austeridad republicana y la eliminación de gastos superfluos son obligaciones éticas de quienes administran fondos aportados por los contribuyentes. En ese sentido, los autores afirman que reducir la dieta ayudaría a disminuir el costo de la política y, eventualmente, a bajar tasas e impuestos locales.
La iniciativa incluye además una modificación en la remuneración de los secretarios de bloque, quienes percibirían el 50% de la dieta de los concejales, también calculada sobre la base del RIPTE. Según fundamentan los autores, este cambio busca evitar un perjuicio excesivo sobre dichos cargos, que dependen directamente de la proporción fijada en relación a la dieta de los ediles.
Finalmente, el proyecto invita al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar medidas similares “para reducir el gasto político y aliviar la presión fiscal sobre el sector productivo”. De aprobarse, la nueva normativa entraría en vigencia inmediatamente después de su sanción.
La propuesta ahora deberá ser analizada por las comisiones internas del Concejo y debatida por el resto de los bloques políticos. Aunque el planteo retoma el eje discursivo de austeridad que LLA sostiene en el ámbito nacional, la aplicación concreta de la fórmula propuesta dejaría las remuneraciones casi en el mismo nivel que el actual, sin alcanzar la reducción del 50% prometida en campaña.
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