El referente de La Libertad Avanza en Rafaela, Bryan Mayer, cuestionó con dureza la gestión del intendente Leonardo Viotti luego de que el Municipio debiera reprogramar los vencimientos del Derecho de Registro e Inspección (DREI) a raíz de inconvenientes en el nuevo sistema informático implementado para su cobro.
Mediante la Resolución Nº 5587, el Ejecutivo local dispuso modificar las fechas de vencimiento correspondientes a los períodos fiscales 01/2026 y 02/2026. En el primer caso, el plazo fue trasladado al 11 de marzo de 2026, mientras que el segundo operará el 20 de marzo de 2026. La medida alcanza tanto a contribuyentes directos como a aquellos alcanzados por el régimen de Convenio Multilateral.
Desde el espacio libertario, Mayer vinculó la decisión a lo que definió como “fallas” en la puesta en marcha del nuevo software de gestión tributaria. Con tono irónico, sostuvo que “por fin la inoperancia juega a favor de los que trabajan”, en alusión a que la prórroga termina otorgando más tiempo a comerciantes, profesionales y empresas para cumplir con la obligación fiscal.
El dirigente, que también integra el Gobierno nacional en el área de derechos humanos, fue más allá y cuestionó la planificación del cambio de sistema. Según expresó, no debería haberse desactivado la plataforma anterior sin verificar previamente el correcto funcionamiento de la nueva herramienta. También pidió que el intendente asuma responsabilidades políticas por la situación y evitó que se trasladen culpas al personal municipal.
El episodio vuelve a poner en el centro del debate el esquema tributario local y la relación entre el Ejecutivo y el sector productivo, en un contexto en el que distintas fuerzas políticas vienen planteando reparos sobre la presión fiscal municipal y la eficiencia administrativa.
Qué es el DREI y por qué genera debate
El Derecho de Registro e Inspección (DREI) es una tasa municipal que abonan las actividades comerciales, industriales y de servicios por la habilitación, control e inspección de los establecimientos radicados en la ciudad.
En términos generales, se liquida como un porcentaje aplicado sobre la facturación declarada por el contribuyente, con alícuotas que varían según la actividad. En el caso de empresas que operan en más de una jurisdicción, el cálculo se realiza bajo el régimen de Convenio Multilateral, que distribuye la base imponible entre las distintas provincias y municipios.
Si bien desde el Municipio se lo presenta como un recurso clave para sostener los servicios de control y fiscalización, sectores empresariales y referentes políticos cuestionan su peso sobre la actividad económica, especialmente en contextos de retracción del consumo y caída de ventas.
Las recientes dificultades en el sistema de liquidación reavivaron esa discusión, ya que para algunos el problema expone falencias de gestión; para otros, abre una oportunidad para revisar integralmente el esquema tributario local.
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