El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad, Gabriel Cáceres, advirtió que alrededor de 6.000 familias podrían quedarse sin asistencia alimentaria en caso de que el Concejo Municipal no apruebe la prórroga de la ordenanza que habilita el uso del sistema de compra directa de alimentos hasta el 31 de diciembre.
El funcionario presentó, este martes por la mañana en el Centro Integrador Comunitario (CIC), un relevamiento social vinculado a las políticas alimentarias que impulsa el Estado local con datos concretos sobre la asistencia actual en Rafaela.
Cáceres explicó que el mecanismo de compra directa de alimentos frescos y secos, vigente desde 2018, venció el pasado 30 de junio. Esta modalidad fue implementada por el Ejecutivo para garantizar agilidad en la provisión de alimentos, evitando los extensos plazos de las licitaciones tradicionales, que pueden demorar hasta dos meses.
El Departamento Ejecutivo Municipal envió al cuerpo legislativo un proyecto para extender la compra directa hasta fin de año y espera que se apruebe en la sesión de este jueves. Sin embargo, el bloque de la oposición planteó sus reparos en dar continuidad a este sistema y sugiere el uso del formato de licitación pública.
“La compra directa es un mecanismo más ágil, pero no menos transparente. Se realiza con sobre cerrado, testigos y selección por mejor precio. En cambio, la licitación es más compleja administrativamente y puede demorar hasta dos meses y medio”, subrayó Cáceres.
La prórroga solicitada permitiría continuar con la entrega de viandas en los comedores de los barrios San Agustín, Barranquitas y 2 de Abril, así como con el refuerzo alimentario que se distribuye desde la oficina de Santos Vega, en barrio Villa del Parque. A su vez, el Municipio lleva adelante un relevamiento social para optimizar el uso de recursos y asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.
En ese escenario, el funcionario hizo un llamado a la responsabilidad política para no obstaculizar el sistema de asistencia. “No se trata de una decisión política ni de falta de fondos, sino de una limitación administrativa que debe resolverse”, señaló. Y enfatizó: “Estamos hablando de alimentos, de sectores extremadamente vulnerables. En Rafaela hay muchas personas que dependen de esta ayuda: jubilados que cobran la mínima, personas con enfermedades crónicas, niños, personas con discapacidad. No podemos darles la espalda”.
De acuerdo con los datos presentados, el refuerzo alimentario que se entrega en la oficina de Santos Vega alcanzó a unas 5.000 familias entre enero y julio, con más de 30.000 bolsones distribuidos en ese período, con un promedio de 4.400 por mes. Este esquema está destinado a personas que enfrentan situaciones inesperadas, como pérdida de empleo o problemas de salud, y su padrón se actualiza mensualmente.
En cuanto a los comedores comunitarios, el relevamiento efectuado en los dispositivos de los barrios Barranquitas y 2 de Abril indica un promedio de 15.000 viandas mensuales, lo que representa la atención a aproximadamente 3.500 familias. Hasta el momento, se registraron 750 grupos familiares beneficiarios, con un promedio de 3,6 integrantes por hogar, alcanzando a 2.800 personas.
“El 43% de los beneficiarios son menores de edad. También se contabilizan 300 jubilados, 100 personas con discapacidad y 100 familias numerosas, con más de seis integrantes. Estos números reflejan la magnitud del trabajo del Estado para llegar a quienes realmente lo necesitan”, concluyó Cáceres.
Desde marzo, se implementó un nuevo sistema para el control en la entrega de viandas en el Centro Integrador Comunitario para garantizar información más confiable y actualizada, destacó el Municipio.
Precisamente, en un lapso de cuatro meses que va de marzo a junio, aumentó un 20 por ciento tanto las viandas como las raciones que se entregan a los beneficiarios. En marzo se repartieron 12.834 raciones y en junio la cifra aumentó a 15.484. En cuanto a las viandas, en marzo se distribuyeron 3.615 y en junio 4.325.
Reunión en el Concejo
Este miércoles por la mañana, los concejales recibirán a Cáceres para analizar la situación de la asistencia alimentaria. En tal sentido, el funcionario entregará una copia del relevamiento presentado este martes para justificar la necesidad de continuar al menos hasta fin de año con el sistema de compra directa de alimentos. Al mismo tiempo, los ediles tienen plazo hasta el mediodía para darle despacho de comisión y que el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo se incluya en el orden del día de la sesión de este jueves.
La iniciativa señala, en sus considerandos, que "en la última década en la Argentina, la pobreza ha experimentado un aumento significativo, estimándose que cerca de 25 millones de personas viven en situación de pobreza, y casi 8 millones en extrema pobreza" a la vez que sostiene que "la inseguridad alimentaria por tal motivo es preocupante, y mas aún cuando afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes que presentan riesgo en su salud, desarrollo corporal y cognitivo".
"En el contexto socioeconómico actual es inminente recalcar que la seguridad alimentaria y la alimentación adecuada son derechos humanos fundamentales, y es muy importante garantizar el acceso a alimentos para todos. En los últimos años se ha visto un aumento de asistencia a comedores comunitarios, donde se estima que casi el 60% de los niños, niñas y adolescentes se alimentan en comedores escolares u otros espacios", subraya el proyecto.
Y en referencia a Rafaela, afirma que "en los últimos años, a nivel local, se ha visto un creciente numero de personas que asisten a comedores y que solicitan refuerzos alimentarios y asistencia social, con motivo de la pérdida de puestos de trabajo y baja de beneficios sociales". En tal sentido, menciona que "la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud gestiona el Programa de Asistencia Alimentaria mediante el cual se adquieren productos alimenticios para entregar a familias carenciadas de la ciudad".
Asimismo, detalla que "a nivel local, la población a la cual se asiste con refuerzos alimentarios esta conformada en un porcentaje del 45,43% por menores de edad, para los cuales la alimentación es crucial para su crecimiento, desarrollo físico e intelectual, y su salud a largo plazo, como también para proporcionar los nutrientes necesarios para un desarrollo óptimo, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar el rendimiento escolar y prevenir enfermedades crónicas". "Además se asiste a un 15,17% de adultos mayores, los cuales enfrentan una serie de desafíos que requieren una atención urgente y la implementación de políticas públicas que tengan en cuenta sus necesidades especificas".
"Mediante Ordenanza N.° 5.578 se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a la contratación directa para la adquisición de alimentos en los términos del artículo 11. 0) de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 2.756 y artículo 48) inc. a del Decreto Ordenanza N.° 3.090 y bajo las condiciones que establecen en la misma. Esa autorización mantiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025", amplía el proyecto.
Por último, plantea que como "aún se mantienen vigentes los fundamentos que le dieron origen a dicha autorización, ya que persiste el contexto de dificultad socioeconómica en nuestro país, a los efectos de dar operatividad y continuidad a todas las actividades y al funcionamiento general de la administración resulta necesario contar con esta herramienta". "Por los motivos expuestos y de manera similar a lo que acontece en situaciones urgentes, resulta necesario contar con herramientas jurídicas que agilicen la contratación para la satisfacción de necesidades inmediatas de la ciudadanía, que autoricen excepcionalmente y por tiempo determinado, a contratar en forma directa los alimentos", concluye.
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