Tras la sanción definitiva de la reforma del Código Procesal Laboral, distintas organizaciones empresarias de la provincia expresaron su apoyo a la nueva normativa, destacando su impacto en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la previsibilidad para la actividad productiva.
En su sesión del jueves 23 de abril, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad la modificación de la Ley 7.945, en una iniciativa orientada a “reducir la litigiosidad laboral, uno de los principales problemas señalados tanto por el sector productivo como por el propio ámbito judicial”.
Uno de los ejes centrales de la norma es la adhesión a la ley nacional de Riesgos del Trabajo, que establece la obligatoriedad de una instancia administrativa previa —a través de comisiones médicas— antes de iniciar un juicio. El objetivo es agilizar la resolución de conflictos, descomprimir los tribunales y reducir los costos del sistema.
Además, la reforma introduce cambios en la determinación de honorarios de los peritos médicos, desvinculándolos del porcentaje de incapacidad fijado en cada caso. Según sus impulsores, esta modificación apunta a evitar distorsiones en la valoración de las lesiones y a dotar de mayor transparencia al proceso.
En este contexto, el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe celebró la aprobación de la ley y la definió como “una decisión política importante que responde a una demanda concreta de los sectores productivos de la provincia”.
A través de un comunicado, la entidad consideró que se trata de “un avance necesario para reducir distorsiones, mejorar la previsibilidad y construir un marco más razonable para quienes producen, invierten y generan empleo en Santa Fe”. Asimismo, subrayó que la reforma “aporta mayor equilibrio y seguridad jurídica” y valoró el proceso de diálogo que permitió su tratamiento.
Por su parte, desde la Federación Industrial de Santa Fe señalaron que “esta medida representa un avance significativo en una agenda que venimos impulsando activamente”. En esa línea, remarcaron que el esquema anterior generaba “sobrecostos relevantes para el sector productivo, incertidumbre y pérdida de competitividad, sin traducirse en una mejor protección para los trabajadores”.
La entidad industrial destacó que la reforma incorpora herramientas clave para abordar estos problemas estructurales, entre ellas el fortalecimiento de las instancias administrativas previas y la introducción de criterios más adecuados en la determinación de honorarios profesionales, lo que —según indicaron— contribuirá a un sistema “más ágil, previsible y equilibrado”.
Finalmente, desde FISFE también pusieron en valor el proceso de diálogo con legisladores provinciales, en el que acercaron propuestas técnicas y evidencia para el diseño de una normativa alineada con experiencias de otras jurisdicciones.
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