Por Redacción
La ola desreguladora en las obras sociales también llega a Santa Fe. La diputada provincial libertaria Silvia Malfesi presentó un proyecto en la Legislatura para que la afiliación al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) de los empleados públicos provinciales y municipales sea voluntaria.
La iniciativa que ingresó Malfesi el pasado lunes en la mesa de entrada de Diputados propone modificar el artículo 3 de la ley 8.288. Esa norma establece que la afiliación al Iapos es obligatoria para tres sectores de la población: los magistrados, funcionarios y agentes en actividad de los Poderes del Estado Provincial y sus organismos descentralizados y autárquicos; los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, y los integrantes de los grupos familiares primarios de los afiliados.
En cambio, el texto del proyecto de Malfesi propone que estas personas “pueden” ser afiliados de Iapos. Es decir, que de aprobarse los funcionarios públicos, jubilados y sus familiares directos podrían optar por otra obra social o prepaga. Pero no a la inversa: un trabajador privado o monotributista no podría afiliarse a Iapos.
“De esta forma, 575 mil afiliados serán libres de elegir ser afiliados o no a este ente”, publicó en su cuenta de X el Partido Libertario Santa Fe, presidido justamente por Malfesi. “Es simple: consagrar la libertad de elección de la cobertura en salud. Que la afiliación a la obra social Iapos en Santa Fe ya no sea obligatoria. #LibreElección #bastadecurros”, escribió la legisladora provincial. La iniciativa de Malfesi se enmarca en la avanzada desreguladora emprendida por la gestión de Javier Milei.
Cabe señalar que el último miércoles, el gobierno nacional publicó el decreto que reglamenta el DNU 70/2023 en lo referido al sistema de salud. A partir del 1 de marzo, los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas, ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo y podrán hacerlo "sin ningún tipo de intermediación", "una vez al año" y "en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral", indicó el gobierno a través de un comunicado.
Los cambios, agregó, “impulsan la libre competencia entre los distintos entes privados que forman parte del sistema”.
De todos modos, en la Legislatura el proyecto de Malfesi tiene pocas chances de prosperar. La legisladora libertaria pertenece al bloque encabezado por Amalia Granata y que cuenta con sólo siete legisladores sobre cincuenta.
De hecho, en los últimos días Granata tomó distancia de Milei. Dijo que "la que está pagando el ajuste es la clase media y los jubilados" y se desmarcó del estilo confrontativo del presidente: "No me gusta este Javier que roza lo autoritario".
La mayoría pertenece al oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene 28. Puertas adentro de Unidos no la ven: interpretan que es una movida para difundir el ideario libertario y deslizan que la iniciativa no tiene futuro. “Es como que haya una Afjp santafesina”, dijeron a La Capital.
¿QUE DICE LA OBRA SOCIAL?
Mientras tanto, desde IAPOS están al tanto del proyecto pero advierten que "el instituto no está alcanzado por las leyes de obras sociales sindicales y privadas" sino que es autártico y no creen que vaya a prosperar. "IAPOS es la obra social más grande de la provincia y hoy estamos trabajando en ponerla en valor" afirmó Luis Asas, subdirector provincial de IAPOS.
PÉSIMO SERVICIO EN RAFAELA
Cabe destacar que desde hace varios años a esta parte, los rafaelinos se quejan constantemente y son víctimas de una mala prestación de IAPOS en Rafaela, donde tiene muchos afiliados. De hecho, se trata de un viejo problema que parece ser no tiene solución, al menos para nuestra ciudad y el resto del departamento, ya que esto no sucede en otras ciudades más grandes, como Rosario o Santa Fe, donde ahí si el servicio funciona como corresponde. Además se ser mal atendidos en la sede de Bv. Lehmann, hay inconvenientes para poder obtener una consulta médica, ya que son muy pocos los profesionales que trabajan con esta obra social, debido a que cobran a 90 días las prestaciones, con lo cuál están obligados a cobrar un plus a cada paciente que ronda los 4 mil a 6 mil pesos. Y ni que hablar si el afiliado necesita realizarse algún estudio médico de manera urgente, ya que la autorización tiene una demora de más de 10 días, y con un turno aproximado de realización a los dos meses, aproximadamente. Además, teniendo en cuenta que en el sueldo de los empleados ya viene descontado el aporte a la obra social, y que tiene un costo elevado, también hay inconvenientes con el pedido exagerado, en algunos casos, de los bonos, donde a veces se hace dificultoso obtenerlos, sobre todo en lo económico, al igual que las ordenes de consultas. En tanto, la cobertura para poder tener la medicación necesaria también es un grave problema, porque la cobertura y los descuentos son prácticamente nulos.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.