Por Marcos Corach (*)
La decisión del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, de permitir la construcción de una cárcel en nuestra ciudad tiene plena coherencia con lo que viene haciendo desde que asumió: daño. Las heridas que le inflige a diario a la sociedad rafaelina serán, lamentablemente, difíciles de cicatrizar por su magnitud y obedecen, en buena medida, al amateurismo y la improvisación a escalas inéditas que caracterizan a esta gestión.
La pretensión de que la cárcel a edificarse será apenas una alcaidía no resiste el menor análisis y es más un juego de palabras que otra cosa. Otro tanto ocurre con el número inicial de internos, que según la versión oficial será de 200. Es sencillo: absolutamente todos los establecimientos penales de la provincia fueron -y seguirán- sufriendo ampliaciones periódicamente.
Hay casos emblemáticos. El gobierno de Maximiliano Pullaro licitó hace apenas unos meses una obra de ampliación de la cárcel de Coronda, la más grande de la provincia. Hubo quejas de vecinos y concejales opositores porque, naturalmente, el incremento de la capacidad de alojamiento tensiona los servicios fuera de los muros.
Hay aglomeraciones de familiares de los reclusos los días de visita, se producen asentamientos irregulares y la municipalidad debe atender, con toda lógica, las necesidades de esa gente, pero sin obtener nada a cambio. Si eso ocurre en una comunidad que convive desde hace casi 100 años con una cárcel, ¿qué pasará en Rafaela?
Podemos seguir. Al lado del actual penal de Piñero se construirá otro de máxima seguridad para presos de alto perfil, según anunció el gobierno provincial días atrás. No existe registro alguno de cuál sería el beneficio para los vecinos de esa localidad y su comuna. Parecería ser más bien lo contrario.
Otro tanto ocurrió con los complejos penitenciarios de las ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe, que permanentemente amplían su capacidad. Por el contrario, salvo algún episodio aislado, no hay ningún caso en el que la infraestructura de alojamiento carcelario disminuya. En consecuencia, el pueblo de Rafaela debe tener muy en claro lo siguiente: la “alcaidía con 200 presos” es sólo el inicio.
Todo lo antedicho no implica, en modo alguno, desconocer la necesidad de darle un abordaje a la problemática de la actual alcaidía de la ciudad. Pero eso supone, como requisito muy básico, la consulta con la ciudadanía y, en particular, con los vecinos que deberán convivir a diario con un penal.
Nuestra ciudad se caracterizó históricamente por su fenomenal dinámica productiva, por la diversidad de sus ramas económicas, por la innovación de sus empresarios, por la eficacia y eficiencia de sus trabajadores. Somos ejemplo en todo el país por ello. Dicho orgullosamente: ese modelo alcanzó su pico durante las gestiones justicialistas.
Viotti quiere quebrar ese perfil, o al menos así surge de sus actos. Agrede a los vecinos con tarifazos e impuestazos y ahora, por si fuera poco, no tiene mejor idea que construir una cárcel en la ciudad. Puede que no sea mala intención y tal vez se explique simplemente por torpeza y ausencia de plan. En cualquier caso, muy dañino.
(*) Diputado provincial de Santa Fe por el sub bloque Hacemos Santa Fe, Bloque Juntos Avancemos (PJ).
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