La fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su Informe de Gestión 2025 ante la Cámara de Senadores, en el marco de la audiencia pública establecida por la reforma constitucional provincial. Se trató de la tercera rendición de cuentas de su gestión, ahora bajo el nuevo esquema previsto en el artículo 90 inciso 24, que obliga a los órganos extrapoder a exponer anualmente ante la Legislatura.
Acompañada por los fiscales regionales de las cinco circunscripciones, entre ellos Carlos Vottero de Rafaela, y autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la funcionaria brindó un extenso repaso de las acciones desarrolladas durante el último año, aunque el eje político y social de su exposición estuvo atravesado por el contexto actual de conflictividad penal, particularmente por el crecimiento de la violencia extrema entre jóvenes.
“Lamentablemente, dos años después volvemos a hablar de contextos dramáticos”, señaló al inicio, en referencia a la comparación con su primer informe de 2024, marcado entonces por una seguidilla de homicidios que conmocionó a la provincia.
Violencia adolescente y nuevas formas de socialización
Uno de los puntos más sensibles de la exposición y posterior contacto con la prensa fue el análisis de los hechos recientes protagonizados por adolescentes, que —según planteó— no pueden comprenderse sin atender a nuevas dinámicas sociales y digitales.
Vranicich advirtió sobre la existencia de “comunidades virtuales donde los jóvenes encuentran espacios para exteriorizar el odio”, y mencionó investigaciones en curso que detectaron vínculos entre casos violentos y estos entornos digitales.
En ese marco, sorprendió al plantear la necesidad de abrir un debate sobre posibles restricciones al uso de redes sociales en menores de edad, tomando como referencia experiencias internacionales.
“No es una exageración. Hay un mundo digital que es real. Tenemos que empezar a discutir qué está pasando”, afirmó, y sostuvo que Argentina —y en general América Latina— llega “tarde” a ese debate.
Si bien aclaró que no es competencia del MPA impulsar ese tipo de medidas, insistió en que se trata de una discusión que deben dar los distintos poderes del Estado. “No digo que haya que prohibir, digo pongámoslo en agenda”, subrayó.
En paralelo, hizo hincapié en el rol de las familias, las escuelas y las instituciones intermedias como primeras instancias de alerta ante cambios de conducta en adolescentes, al tiempo que adelantó que el Ministerio Público comenzará a incorporar estas variables en el análisis de casos penales.
Resultados de gestión y política criminal
Más allá del contexto, la fiscal General defendió el trabajo realizado durante 2025, condensado en un informe de más de 240 páginas, y destacó especialmente la política de persecución del microtráfico como uno de los factores que contribuyeron a la reducción de los niveles de violencia en la provincia.
En ese sentido, remarcó la creación de una unidad fiscal especializada con alcance provincial y explicó que la estrategia se focaliza en mercados de drogas vinculados a situaciones de alta violencia o en entornos sensibles, como zonas cercanas a escuelas.
“Entendemos que el abordaje del microtráfico es una de las causas que explican, dentro de una multicausalidad, la baja de los índices de violencia en los últimos años”, sostuvo.
Conflicto institucional con la Corte
Otro de los temas abordados fue el conflicto con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por el destino de un edificio judicial, originalmente previsto como centro de justicia penal.
Vranicich cuestionó la decisión del máximo tribunal de avanzar sin el acuerdo del MPA y confirmó que, junto a la Defensa Pública, se iniciaron acciones formales para revertir la medida.
“Estamos haciendo el caminito jurídico”, explicó, y detalló que ya se presentó una nota de disconformidad y un recurso de revocatoria. Además, no descartó escalar el reclamo a instancias nacionales si no hay respuesta. En paralelo, reveló que solicitaron una reunión con los ministros de la Corte, aunque hasta el momento no obtuvieron contestación.
Un sistema en tensión
La presentación dejó en evidencia un sistema penal que, si bien muestra avances en algunos indicadores, enfrenta nuevos desafíos vinculados a transformaciones sociales profundas.
La irrupción de formas de violencia asociadas a dinámicas digitales, el debate sobre herramientas de prevención y los conflictos institucionales abiertos configuran un escenario complejo para el Ministerio Público.
En ese contexto, Vranicich buscó instalar una idea transversal: la necesidad de una respuesta integral. “Esto nos interpela a todos, al mundo adulto en su conjunto”, planteó, dejando abierta una discusión que excede lo judicial y se proyecta sobre el conjunto de la sociedad.
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