La Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe informó este jueves que, luego del cruel homicidio del adolescente de 13 años Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidios ocurridos el lunes 30 de marzo pasado en una escuela de San Cristóbal, se han registrado numerosas amenazas en establecimientos educativos de la provincia.
Esta ola de amenazas se efectuó a través de carteles, pintadas, mensajes de tiroteos, incluso acompañados, en algunos casos, de armas reales o de juguetes y/o material balístico. "Estos graves hechos son delitos que se encuentran siendo investigados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación", indicó el organismo.
En este marco, en toda la Provincia se están individualizando e identificando a las y los autores, ordenando detenciones, solicitando allanamientos de viviendas o requisas domiciliarias, secuestros de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, computadoras e incluso armas. Se han recibido, al 21 de abril del corriente año, un aproximado de 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional N.º 2; 33 Fiscalía Regional N.º 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional N.º 5 que tiene su sede en Rafaela.
Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, secuestrándose aproximadamente 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.
Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional N.º 1; 23 Fiscalía Regional N.º 2; 17 Fiscalía Regional N.º 3; 4 Fiscalía Regional N.º 4; y 14 Fiscalía Regional N.º 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95% son personas menores de edad.
En este contexto, la Fiscalía General del MPA solicitó a padres, familiares y personas adultas, sean o no convivientes, extremar de manera rigurosa las medidas de seguridad sobre cualquier arma de fuego o material balístico. "Es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave en espacios de guardado seguros y completamente fuera del alcance de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (conforme ley 20.429, decreto 395/75 y anexo 1 de la Resolución de Renar –ex Anmac– 119/18). La responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo", planteó.
Paralelamente, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.
En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.
“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.
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