Por Jorge Henn
Hace unos días se hizo pública una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros (resolución 13/2013), que establece el mecanismo para que los municipios y comunas de todo el país puedan solicitar ayuda financiera directa a la Nación sin tener en cuenta a los gobiernos provinciales.
No es ni más ni menos que un atajo que abre el camino a una política prebendaria, distorsiva y que premia a los amigos y castiga a quienes piensan distinto.
El decreto faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar a los gobiernos locales ayuda financiera para la ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones. En otras palabras, no establece parámetros objetivos para solicitar las ayudas ni explica cómo se repartirán, a excepción de la discrecionalidad absoluta otorgada a Juan Manuel Abal Medina, en este caso.
Decimos con convicción que hay otra manera de hacer política, que implica respetar las instituciones, fortaleciendo la democracia y sus mecanismos de funcionamiento. Por eso nosotros proponemos que se vote, y sobre todo se cumpla, una nueva ley de coparticipación y que se acuerde con las provincias la forma de reparto de los recursos con los municipios. De esa manera, en todos los niveles de gobierno sabremos lo que nos corresponde a cada uno y en función de qué parámetros.
La autonomía de los municipios debe estar dada por su ejecución presupuestaria, por la elección de prioridades que les son propias y por la decisión de cómo llevar adelante sus políticas. Este decreto, en cambio, no favorece la autonomía municipal, ni la planificación de gastos ni mucho menos la distribución equitativa de los ingresos públicos. La Nación también debe dejar de extorsionar a los Estados provinciales para que cada uno pueda desarrollar sus respectivas políticas.
El federalismo fiscal es un planteo serio, de gestión y democrático. Nosotros pensamos que debe haber reglas claras en el reparto de los recursos, independientes de los signos políticos. Los fondos públicos son de los ciudadanos y deben volver a ellos en obras, programas y políticas palpables. Para que esto sea posible el Estado debe garantizarles a los gobiernos provinciales y municipales un flujo de dinero fijado por ley, con parámetros objetivos y automático. Los otros mecanismos pueden devenir extorsivos, discrecionales e ineficientes.
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