Por Paulo Miassi
Rafaela no está atravesando por su mejor momento, al menos en términos de tránsito y seguridad. Accidentes en las calles de la ciudad hubo siempre. Pero trágicos como los que se sucedieron en las últimas semanas, muy pocos. Lo de los robos, asaltos y conflictos familiares/vecinales ya es algo casi ancestral. Existen casi desde que el hombre es hombre. Sin embargo, últimamente la sociedad ha sido testigo de hechos de extrema violencia, en los que las víctimas sufrieron lesiones producto de golpes inflingidos por sus victimarios.
Entre febrero y el presente mes, seis personas perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en pleno ejido urbano. Dos meses atrás, un menor de 16 años falleció tras un choque en la esquina de Alvear y Brasil, y otro joven de 28 años murió en la intersección de las calles J.V. González y Carlos Gardel. En marzo, fallecieron un joven de 21 años y su hija de un año y medio, producto de un accidente en calle Presbítero Cerdán al 200.
A falta de un puñado de días para su finalización, abril ya ha igualado las marcas de sus meses antecesores con los decesos de un muchacho de 20 años en Alvear al 1.000, y de una docente de 44 años en la intersección de Pellegrini y Lisandro de la Torre.
El tránsito es, desde hace una parva de años, uno de los más graves problemas rafaelinos. Pero parece que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Ni las autoridades políticas, que han hecho agua tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, ni la Justicia, ni mucho menos la ciudadanía, se han dignado a actuar como para cambiar la situación, hoy completamente desmadrada.
Tampoco en términos de seguridad se ha hecho un buen trabajo. Es innegable que este tema ofrece algunas variables que tornan compleja la labor. El deterioro económico y social, la diversidad de fuerzas, jerarquías y competencias políticas que confluyen, son sólo algunas de las cuestiones que forman parte del cóctel con el que las instituciones integradas por funcionarios, legisladores, jueces, policías, agentes y hasta ciudadanos, deben lidiar diariamente en la ciudad.
De todos modos la inseguridad en Rafaela ha ido creciendo. No tanto como vomitan desde las pantallas de televisores y PCs, las radios y las páginas de los diarios, los medios porteños, bonaerenses y de otras grandes ciudades, ni tan poco como lo quieren hacer ver desde el Gobierno nacional. Y lo está haciendo acompañada de una violencia a la que lamentablemente nos estamos empezando a acostumbrar.
Mientras tanto, los delincuentes se cuelan por las hendijas del sistema. Actúan impunemente y duermen sin frazada, y los que deberían prevenir y proteger a la sociedad prefieren enfrascarse en discusiones a esta altura casi bizantinas. Que son menores, que salen en 24 ó 48 horas, que entran por una puerta y salen por la otra. Que la culpa es de los jueces, que es de la Policía, que es de la clase política. Que faltan leyes, que faltan infraestructura y agentes, que falta decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Algún día alguien, sin siquiera ruborizarse, le va a echar la culpa a Perón, a Alfonsín, a Menem, de todos los males actuales.
Rafaela arde, y los que pueden tomar decisiones eligen comprar baldes. Porque, ¿qué son semáforos, lomos de burro, normas, móviles y agentes sino meras herramientas? Muchas veces se ha resaltado la capacidad de la ciudad para sobresalir y ubicarse a la par o incluso por encima de urbes de mayor peso. Pues bien, en materia de tránsito y seguridad, seguimos jugando en las ligas menores.
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