Por Redacción
Por Hugo de Hoffmann (*). - Las situaciones de pobreza existen por múltiples factores: cuando las personas carecen de bienes, servicios, oportunidades para su desarrollo o posibilidades de cambio de conducta. En este contexto, el Estado es el principal causante, porque está, en forma indelegable, obligado a proveer la seguridad de los ciudadanos frente a delitos, garantizar las libertades de las personas y el cuidado de sus bienes. También debe asegurar el cumplimiento de las normas sin demoras interminables y brindando el acceso real a la Justicia.
El Estado tiene excedente de dinero recaudado, sin embargo más del 60% de la población se encuentra en situación de nulos o bajos ingresos. Los millones de personas afectados son por orden: niños, menores y adolescentes, mujeres, trabajadores en economía informal, adultos y adultos mayores, los ni-ni, perdedores de los adelantos tecnológicos, inteligencia artificial y globalización, los hacinados en asentamientos o barrios, familias numerosas y empleados con menores ingresos. Hoy más de tres generaciones de personas viven en la trampa de la pobreza.
Por otra parte, existen centenares de acciones, planes y programas superpuestos del orden nacional, provincial y municipal, que comprenden a millones de beneficiarios repetidos dejando a más millones sin protección. Ante esta situación, son necesarias propuestas que valoricen a las personas de manera individual. Una forma es la implementación de sistemas de redistribución de la renta social, como se está trabajando en algunos países de Europa, basados en la asignación directa y universal de dinero a todos los ciudadanos. Entre sus beneficios se destacan: la reducción de las desigualdades sociales, la expansión de derechos, el aumento de autonomía de las personas para decidir sobre su presente y su futuro a través del gasto en servicios sociales, que dejaría de estar mediatizado por el ente público y produciría la consecuente desmotivación de la corrupción.
Así, el Estado es el facilitador y no el prestador o administrador del dinero con destino social. La unificación de los planes de seguridad social y la devolución directa del dinero recaudado incentiva el propio desarrollo y asegura el capital humano y social.
(*) El autor es presidente de la Fundación Milenio sin Pobreza.
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