Por Vicente R. Ceballos
Argentina no es un país efectivamente federal, como lo establece la Constitución Nacional en su artículo primero. No caben dudas de ello. Y no lo es por la simple razón de la burla sistematizada del principio determinado por la preexistencia de los estados que acordaron el pacto fundador de la Nación, expresión jurídica de la voluntad de los pueblos de organizarse como tal sobre la base del compromiso rector refrendado constitucionalmente.
La cuestión remite a una realidad que, objetiva y desapasionadamente considerada, es reveladora de la inmensa frustración colectiva construida desde los orígenes mismos del compromiso fundacional. En la letra, un país federal, conformado por provincias autónomas que delegan precisas funciones a la Nación y reservan para sí las que debieran asegurar su fortaleza política y el desarrollo económico en un marco general interdependiente y armónico. En los hechos, un proceso degradante del espíritu del compromiso liminar, el predominio incontestado del centro neurálgico, arbitrario y concentrador político y económico que la actualidad no desmiente.
Es tal el orden imperante, al que se ha llegado por vías distorsionantes de principios y valores a las que, en el caso del federalismo, no son ajenas las mismas provincias, convertidas hoy en virtuales rehenes de un poder que afrenta la condición republicana, representativa y federal que juró respetar. Tanto así que pugnan, con suerte adversa, por fondos de un engendro antinatural como es la coparticipación, que consintieron en su momento no ignorando que lo que cedían a la Nación era su propia autonomía financiera. Conservaban entonces el federalismo político, a su turno también hipotecado en la caja-sepultura del federalismo económico.
Aunque ahora es reconocida constitucionalmente, la coparticipación no respondía en nada al espíritu y letra de la Constitución de 1853. Establecía esta que los recursos del tesoro nacional provendrían de los derechos aduaneros de exportación e importación, la venta y arriendo de tierras de propiedad nacional y la renta postal, en tanto las provincias se reservaban el cobro de impuestos internos. El sistema funcionó hasta la etapa que abriera el golpe militar de l930, que, entre otras nefastas consecuencias, sentaría las bases de la dependencia financiera de las provincias a la Nación y, de hecho, la sujeción con suerte diversa a las políticas de los gobiernos que se sucederían hasta los días que corren, con inclusión de la práctica extorsiva en determinados períodos.
Puso en marcha el proceso regresivo que nos somete la creación, en 1932, del impuesto de emergencia nacional a los réditos, ahora, ganancias, que las voces opositoras provinciales calificaron de instrumento corruptor en sus bases de las autonomías financieras federales, como realmente ocurrió. Debía caducar en 1935 pero se lo prorrogó por cinco años y de ahí en más quedó firme.
Fue el primer paso de lo que vendría. La medida adoptada por el poder de facto, de neta esencia reaccionaria, violentó lo establecido constitucionalmente respecto de las relaciones entre las partes al desconocer el principio de que lo no delegado expresamente a la Nación era facultad de las provincias. Y la cuestión impositiva no admitía discusión en tal sentido. Al fin, los factores de poder de la concepción centralista, fascista y de hecho totalitaria, impusieron su voluntad, que se prolongaría medularmente al son de vacías retóricas reivindicativas reiteradas en la marcha decadente del frustrado federalismo.
La apropiación por parte de la Nación de recursos impositivos de las provincias fue el principio de esa decadencia, que el sistema de reparto redondearía políticamente al coartar la independencia política de aquellas sumiéndolas en el atraso. “Las provincias se convierten en mendigos del gobierno central por la pobreza en la que ese mismo gobierno central las coloca sacándoles parte de sus rentas”, anticipaba el senador entrerriano Atanasio Eguiguren en el debate que en mayo del ’32 culminó con la sanción del proyecto.
“El castigo impositivo a las actividades útiles empobreció aún más a las provincias. No obstante se apeló a supuestos principios de `solidaridad´ y `justicia social´ y se creó la antinomia entre provincias `ricas´ y `pobres”, afirma el economista Meyr Zylberberg. El proceso abierto entonces sentó las bases del deterioro social y económico que experimentarían vastos territorios, generando la atroz consecuencia del despoblamiento del interior y el éxodo consiguiente hacia centros urbanos de zonas más propicias. Testimonios vivos de ese fenómeno no cerrado son los bolsones de pobreza alrededor de grandes ciudades y las villas miseria de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Debemos preguntarnos si lo que esos conglomerados y sus dramas exponen crudamente no reflejan la tragedia del federalismo mutilado, la razón de este presente convulso e incierto que agota a la Nación toda. ¿No son una muestra pavorosa de la centralización impiadosa y voraz que continúa avanzando sobre derechos provinciales en una manifiesta estrategia de concentración total?
Otro país, otra realidad
¿Pudo ser otro el país de los argentinos si lo señalado no hubiese ocurrido? Es probable que sí en gran medida, pero lamentablemente otra es la realidad dominante. Superarla en términos provechosos presupone grandeza de miras y desprendimientos que, es evidente, chocan contra afirmados intereses y objetivos de poder hegemónicos. La centralización política que engloba, además de los recursos del Tesoro, el control, desde ese único punto, de los resortes institucionales, sumado a la cooptación de la justicia y el dominio y/o capacidad para decidir o influir o amañar respecto de sectores estratégicos de la economía (energía, comunicaciones, transporte, finanzas, recursos naturales, comercio exterior, etc.) cierra el círculo de poder unitario consolidando aún más la dependencia de las provincias y sus comunas, células básicas del ordenamiento republicano y democrático. Ciertamente, nada que no conozcamos; en esencia, nada diferente de lo que caracteriza a las formas totalitarias de derechas recicladas con variado discurso y proclamas. Irónicamente, y como muestra, valga el caso de la provincia de Buenos Aires, secesionista en los tiempos de la organización por no querer compartir con el resto de las provincias los ingresos de la aduana, sitiada hoy por la Nación, como es conocido. En similar condición se encuentra, entre otras, Córdoba, cuyo reclamo admite el supuesto de implícita denuncia del Pacto de Unión Nacional que dio origen a la República Argentina.
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