Por Roberto Actis
Cuando se anuncia un plan de viviendas, desde cualquiera de los niveles gubernamentales, y más aún cuando por su volumen tienen un alto poder de impacto, generando una gran expectativa enorme, es algo no sólo recibido con alegría sino que generador de enorme esperanza. Tal como en este caso lo hizo la presidenta Cristina Kirchner, con 400.000 viviendas hasta 2015 de las cuales las primeras 100.000 podrían ser concretadas en lo que resta de este año, lo cual parece un exceso de optimismo considerando ciertas improvisaciones que ya han salido a la superficie, pero tolerables al fin por el objetivo que se persigue. Quien ha estado esperando la oportunidad de la vivienda propia durante años, o quien nunca vislumbró la posibilidad de tenerla si no es por uno de estos planes sociales, poca importancia tienen meses más meses menos.
Ciertas dudas, en realidad existen, no siendo generadas por un simple acto de desconfianza, sino por las improvisaciones que van apareciendo en el sistema a medida la gente va metiéndose dentro de esta posibilidad, desbordando la capacidad de recepción. En un par de días ya era más de 500.000 la cantidad de personas que intentaba incluirse en esta chance del techo propio, superando incluso el número previsto de aquí a 2015, cabiendo recordar que el déficit de viviendas en todo el país está estimado en 3,2 millones de unidades.
Este proyecto, necesario por donde se lo analice y para destacar, es una verdadera muestra de inclusión, y viene muy bien para la Presidenta en un momento en que su imagen estaba siendo bastante vapuleada -se redujo 25 puntos en cuestión de semanas- donde la agenda pública pasó a ser dominada por la inseguridad, la inflación, cortes de rutas, corrupción, paros y movilizaciones, incluidos incipientes cacerolazos que, aunque relativizados por sus orígenes, no son preanuncio de nada bueno. Primero la recuperación de YPF, y ahora este plan de viviendas le posibilitaron al gobierno recuperar la iniciativa, aunque con ello se logren efectos muy positivos por intención y objetivos apuntados, pero aún no de muy transparentes diligenciamientos.
En el país, contando planes oficiales, cooperativos y sector privado, se construyen anualmente unas 50.000 casas por año. Ahora se lanzan 100.000 de un saque, lo que no parece sencillo de llevar a la práctica. Más si pensamos, por ejemplo, que aquí en Rafaela se está esperando desde hace unos 4 años el dinero que se debía enviar desde la Nación para hacer las 600 viviendas del Plan Federal II. Las que a esta altura, debemos suponer que quedaron en la nada.
Ojalá esto no tenga un contenido de esa avalancha "para todos" que incluyó desde productos alimenticios a electrodomésticos, y que fueron terminando bastante maltrechos, algunos como total fracaso. Sería una frustración muy grande para esta legión de esperanzados, y también para que no haya manoseados.
Otra cuestión trascendente es la financiación de este mega proyecto, mediante el uso del dinero de los jubilados en gran parte. La caja de la ANSeS se ha convertido desde hace rato en el recurso al alcance para la inclusión y redistribución. De allí salen fondos para la asignación por hijo, las pensiones que otorgan el Congreso y Desarrollo Social, la cobertura de los déficit de las cajas del personal de seguridad, el pago de planes como las computadoras, la absorción de las pérdidas de Cajas Provinciales que no fueron transferidas, y además, como frutilla del postre, la financiación de parte de los gastos corrientes del Estado, ya que desde hace rato tiene sus cuentas en rojo, sin olvidar tampoco préstamos para empresas privadas como fue el caso de General Motors. Todo lo cual, según estimaciones, estaría rondando más de 50.000 millones de pesos al año.
La financiación de este gran plan de viviendas, a tasas muchísimo más bajas que la inflación, demandará unos 20.000 millones de pesos. El recupero se hará en plazos entre 20 y 30 años, por lo cual el riesgo de desvalorización es muy grande, comprometiendo en consecuencia los futuros pagos a los jubilados, quienes además no pueden acceder a estas viviendas aún cuando sean quienes las financien, por razones de edad. Y por otra parte, el promedio de los cerca de 6 millones de jubilados está cobrando un 40% del haber que le correspondería por el 82% móvil que fue desechado por la falta de recursos. Los que sí en cambio se disponen para todo ese amplio abanico, siendo reemplazados por bonos y títulos, cuyos vencimientos son a larguísimo plazo, siendo lo más probable que no se paguen nunca. Ya ha sucedido otras veces.
La Corte Suprema se ha interesado por el destino que se le da a los recursos de los jubilados. Pide que se cumpla con los juicios y la ANSeS apela para resguardar fondos, pero después los desvía hacia otros destinos. Lo de este plan de viviendas fue simple coincidencia, pues el reclamo a Diego Bossio para que informe dentro de los 30 días, fue resuelto antes del anuncio.
Y por último, tal vez lo realmente importante, que este domingo todos los padres tengamos una feliz jornada.
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