Por Rosendo Fraga
La Presidenta "redobla la apuesta" en todos los frentes, comenzando por el conflicto con los holdouts. En su primera aparición tras 26 días de internación y convalecencia, en su discurso en la Cámara Argentina de la Construcción dijo que no iba a ceder ante los "buitres financieros".
El ministro de Economía (Kicillof) dijo por su parte que "los buitres no aceptan ninguna oferta", reconociendo que el monto de los juicios acumulados en la causa que lleva el juez Griesa llega a 10.000 millones de dólares. A su vez, el viceministro de Economía (Alvarez Agis) dijo que si Argentina paga la sentencia de Griesa, incrementará su deuda en 500.000 millones de dólares. El oficialismo explicita así su estrategia de postergar la resolución del tema posiblemente hasta el próximo gobierno.
Al mismo tiempo, denunció ante la justicia a personas y sociedades que son titulares de 4.400 cuentas en el banco HSBC de Suiza -de las cuales estarían declaradas en la AFIP menos del 1%-, las acusa de evasión fiscal y aprovecha el hecho para reiterar las críticas al sistema financiero internacional. Se ha constituido una comisión parlamentaria para investigar el tema.
Esta estrategia implica que la Presidenta ha decidido escalar el conflicto con los "buitres" en momentos que los holdouts encabezados por Paul Singer concentran su acción en lograr información sobre sociedades y cuentas de Lázaro Báez y Cristóbal López y sus vínculos con la familia Kirchner en el exterior, argumentando que se trataría de dinero proveniente de la corrupción del estado argentino.
Coincidentemente, la Presidente decide también "redoblar la apuesta" frente a la denuncia que investiga a una de sus sociedades por irregularidades. La denuncia fue presentada por la dirigente opositora Margarita Stolbizer y una de sus asesoras (Martínez), que fue funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta denuncia que investiga el Juez Bonadío apunta a mostrar las vinculaciones económicas y comerciales entre la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, es decir va en la misma dirección que la investigación de los "fondos buitres" en los EE.UU.
La propia Presidente aludió a Bonadío como un extorsionador, diciendo que no iba a ceder ante los "caranchos judiciales". El oficialismo ha pedido el juicio político del juez en el Consejo de la Magistratura -donde acaba de asegurarse el control de las comisiones de selección y remoción de jueces y del control del dinero de la justicia- y un senador kirchnerista (Fuentes) lo ha denunciado por lavado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Acusaciones similares presentaron particulares impulsados por el oficialismo contra Stolbizer y su asesora.
El Jefe de Gabinete, junto con legisladores y funcionarios oficialistas, insisten en que la actitud del juez es "golpista" y está articulada por la "corporación mediática" y la oposición política. Al mismo tiempo se profundiza el conflicto entre el Kirchnerismo y el Poder Judicial.
El integrante de la Corte más alineado con el oficialismo (Zaffaroni) ha insistido con ampliar los miembros de la Corte a 9 o incluso 15 y en las elecciones de la Asociación de Magistrados -que representa a 3.300 funcionarios judiciales y respalda a Bonadío- se impuso la lista opositora al gobierno nacional por amplio margen.
La Presidenta también decidió avanzar en su estrategia electoral y dispuso que antes de finalizar el año, el Congreso sancione la ley por la cual los legisladores del Parlasur se elijan en forma directa. Este cuerpo se reúne muy poco y tiene hasta ahora un rol a lo sumo declarativo.
Pero si se sanciona esta norma -el oficialismo tiene la mayoría necesaria como también para ampliar los miembros de la Suprema Corte-, de los 43 legisladores que le corresponden a la Argentina, los que hasta ahora han sido electos por el propio Congreso entre sus miembros en forma proporcional a la integración de los bloques, 24 serán elegidos uno por provincia por mayoría simple y los 19 restantes por lista y representación proporcional en distrito único, todos el mismo día que se vota para Presidente, Vice y legisladores nacionales.
Esto permitiría a Cristina ser la primer candidata a legisladora del Parlasur, encabezar la lista de su partido en todo el país el mismo día de la elección presidencial y tener el mismo fuero que los legisladores nacionales, que impide sean detenidos por causas judiciales.
El oficialismo impulsará también una intensa actividad del Congreso en diciembre, buscando la sanción del nuevo Código Procesal Penal, la ley de Telecomunicaciones, el adelanto de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial a agosto de 2015 y el acuerdo para que la nueva conducción del Banco Central se quede hasta el 2020.
En Santa Cruz, para impedir el triunfo del candidato radical que está primero en los sondeos (Costa), el oficialismo impulsaría la candidatura de Alicia Kirchner junto con una reforma que establezca la ley de lemas que permita a cada partido tener varios candidatos sumando sus votos.
Pero al mismo tiempo el Kirchnerismo impide la consolidación de la candidatura de Scioli. El gobernador bonaerense se reúne con el PJ bonaerense y el ministro de Interior y Transporte (Randazzo), tras manifestar que competirá con él en las PASO, critica el encuentro porque no defendió al matrimonio Kirchner. A su vez, otros dos presidenciables K (Uribarri y Rossi) participan del encuentro de la agrupación K "Martín Fierro".
La oposición defiende al Juez Bonadío y se reúne con el empresariado, mientras que la tensión social crece al comenzar diciembre. Los principales candidatos presidenciales de la oposición (Massa, Macri, Cobos, Binner y Sanz) se reunieron con las 60 cámaras empresarias que integran el Foro de Convergencia Empresaria, coincidiendo en la crítica a la política económica del gobierno. La oposición en su conjunto ha defendido al juez Bonadío y a Stolbizer frente a las denuncias del oficialismo.
En lo social, los secretarios de seguridad de la Nación (Berni) y la provincia de Buenos Aires (Granados), se reunieron con casi 200 jueces y funcionarios judiciales para organizar una intervención judicial rápida frente a eventuales hechos de violencia social en diciembre.
Por su parte Néstor Pitrola, líder del Partido Obrero, anunció que se viene un "diciembre caliente". Al finalizar noviembre, los movimientos sociales (piqueteros) anti-K (Barrios de Pie, MST, Polo Obrero, CCC, etc.) marcharon en la ciudad de Buenos Aires desde la estación Liniers hasta la Casa de Gobierno, reclamando el pago de un bono de 2.000 pesos para quienes reciben subsidios. Lo hicieron después de volver a reiterar el reclamo para que los supermercados distribuyan alimentos gratis a fin de año.
Por su parte, gremios del transporte oficialistas y opositores realizaron paros de tres horas la mañana del jueves 27, reclamando el pago de un bono de fin de año para los trabajadores y la eliminación del impuesto a las ganancias a los salarios. Ante la falta de respuesta, el paro podría reiterarse por 24 horas o más antes de finalizar el año.
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