Democracia judicial del kirchnerismo

Por Dr. Mario Pilo (*)

Aunque todavía queda “mucho camino por andar”, institucionalmente, por lo que aún “… no hay camino…” los dos proyectos de democratización judicial prioritarios –Consejo de la Magistratura y Cautelares– son Ley de la Nación (avergonzada).

Cierto es que, frente a la creciente deslegitimación y descrédito del Poder Judicial, lo que la gente intuye, con razón, al defenderlo –más de lo que se defiende el propio Poder corporativo– es que su subordinación final y formal –ya no será necesario pactar “jueces de la servilleta” de Corach-Menem significa el fin del Proyecto Democrático Republicano de 1810 –ese que la Presidenta convirtió en “show del bicentenario”.

Cierto es que la oposición –como un “todo”- tenía argumentos institucionales y constitucionales más que suficientes, la habilidad presidencial convirtió la cuestión en un “vamos por todo político”, con lo que disciplinó a la “tropa” y era “traidor” a la “jefa” el que osaba no ya discrepar, bastaba discutir o dudar. En este aspecto, la Oposición que la “maquinaria de guerra política” que es el kirchnerismo no tiene oposiciones, menos tibias.

Veamos: El Poder Judicial nacido en la Constitución de 1853, es eso “Poder” –a estilo filosófico de Montesquieu y de la Constitución Norteamericana, que hemos copiado en un 60% - y no, como en la mayoría de los países europeos “Servicio Administrativo de Justicia” con magistrados electos por concursos –antecedentes y oposición- y con Carrera Judicial. Países donde las Cortes Supremas o Superiores Tribunales son verdaderamente independientes pues tienen sólo el control Constitucional e Institucional del Estado (Ejecutivo y Legislativo).

El Poder Judicial Argentino es parte del Estado, es Poder, y como tal Político –en el sentido de asegurar el Proyecto Político de la Constitución Nacional – no “partidario” y esta es la primera pretensión del kirchnerismo ¿o cristinismo? Porque ni Kirchner hubiese llegado a esto.

Cierto es que por deslegitimación –por haberse convertido en funcional al “establishment” político de turno, sea civil o militar –llevó a pensar a Alfonsín en un Organo extrajudicial de contralor democrático: en Consejo de la Magistratura que, institucionalizado en la Reforma de 1994, se conforma así: Art. 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones:

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Con esta composición el Organo –no Constitucional- (forma de Estado) –se legitimaba por sus funciones democrática-republicanas (forma de Gobierno). ¿Cuántos gobiernos fueron “legales “y legítimos desde 1953 a 1983? Ninguno, desde la reelección de Perón por una Reforma Constitucional nula, al gobierno de Illia, ejemplar, pero votado sólo por un 25% que pudo concurrir a las urnas (con un peronismo proscripto).

La votación, ajustada, es obvio producto de una “tropa abroquelada” e” inflamada” del “patriotismo democrático” que le otorgan el 54% de los votos. La Oposición necesita trabajar, imperiosamente, sobre esta realidad, que “legitima” sociológicamente, lo ilegal e inconstitucional (jurídicamente).

En la Historia de un Pueblo –si es que alguna vez logramos la Unidad Nacional- este es sólo un pasaje que, por espurio, la misma Historia olvidará.

Pero, como habíamos advertido algunos académicos en 1994, el Organo y sus funciones –nombrar y remover Magistrados (Nacionales) administrar el Presupuesto Judicial- era inconstitucional por la jurídica fuerte razón de que ningún Organo institucional puede estar “por arriba” de un Poder autónomo, independiente – interdependiente, en verdad, en la moderna doctrina constitucional – y hubo presentaciones ante ello, que una Corte pusilánime –que hoy “aprovecha” como ha dicho la diputada Carrió, para recuperar lo único que le interesa: la “caja”, el “Presupuesto” –nunca resolvió -.

Como era de prever, entonces, por su andamiaje político, el Consejo se volvió un lugar de “aparcamiento” de políticos sin cargo –y a integrarlo y para no volver a trabajar y lavar ingresos, apuntan, con la reforma, entre otros los hermanitos Rossi.

Por lo que la ciudadanía intuye, como he dicho, que esta lucha no es tanto por lo “formal” de una composición que será más adocenada que la actual sino que es una lucha por la República, que no puede coexistir con la Corrupción; y, “el Poder genera corrupción… el Poder absoluto genera absoluta corrupción…” , que debe ser “protegida” por “reglas anticipadas” para prosperar económicamente sin temores de ser revisada cuando el Poder absoluto, finalmente, cambie de manos.

Si el total de los Consejeros deben ser políticos –inscribirse en listas políticas y acatar proyectos políticos – los nombramientos y remociones de jueces, ¿pueden ser otra cosa que políticos? –más aún Partidarios porque, además, y este es otro punto que desmiente la supuesta “democratización”, sólo pueden presentar candidatos las Fuerzas Políticas que tengan personería política en, al menos, 18 distritos electorales –Provincias-, es decir, sólo el Justicialismo y la UCR-

Ergo, la democratización de la Justicia, sin dudas necesaria, pasa por otros parámetros, no los de la impunidad, presente o futura, a la corrupción política, que nunca podrá ser combatida por “jueces partidarios”.

Y no olvido, sí lo hizo la Oposición, el gran ejemplo del país del que copiamos la Constitución: cuando EE.UU. elige al presidente Roosevelt, que debía enfrentar la peor crisis histórica del país-potencia, este decide un Proyecto que llamó “Nuevo Pacto Social” (el New Deal), que iba a producir reacciones del Mercado y declaraciones de inconstitucionalidad de una Corte Suprema conservadora –de “otro signo” político- ¿Qué tuvo que hacer Roosevelt? Cambiar la Corte Suprema.

Y fue para un “buen propósito” –no imaginamos el “mal propósito” kirchnerista; sí, más control de todo Poder, más impunidad para más corrupción –ya hoy, “por si acaso”, ningún Juez se atreve a juzgar a Baez-Kirchner – y más “vamos por todo” –la Cámpora, como es sabido, ya incursiona amedrentativamente en las Escuelas Secundarias para imponer libros sobre la vida y obra del “Nestornauta”; yo aprendí a leer en libros de “Perón me ama” “Evita me mima” -¿hasta por los Jardines de Infantes con “derecho a voto”, porque, total, el voto des “universal”?

Si el Poder Absoluto requiere un “curso de acción económica” de “emergencia”, como en el 2000 ¿qué jueces atenderán el reclamo popular de los ahorristas, por ejemplo? Y podría seguir hasta el infinito.

En palabras del respetado constitucionalista Sabsay –Vice –Pdte. 2º de la Asociación Civil Anticorrupción, que preside Monner Sans- estas leyes significan “el fin de la República, técnicamente-substancialmente, ya se perdió, otra vez en la década del 90, por desaparecer la división independiente de Poderes que se auto y hetero controlan… y agrega el Poder Judicial será un juguete bonito del Oficialismo de turno que, así, podrá “poner de rodillas” a la Ciudadanía no “alineada”. Este ha sido el voto de la representación popular mayoritaria, lamentablemente… pero ¿es el representante distinto del reflejo de su representado…? ¿Cada pueblo tiene el gobierno que se merece… o se le parece?

Sería más lamentable aún, pues, entonces, la República estaría perdida para varias generaciones, por obra de otra corrupción, la traición al verdadero sentido del voto popular…y, ya que está “de moda” el Papa Bergoglio, quisiera recordar que en una obra suya recomienda diálogo y perdón con todos nuestros ofensores, menos los corruptos.

(*) Docente UNL, ex CONADEP y ex concejal UCR de Santa Fe.