Por Roberto Actis
No hay que dar demasiadas vueltas ni buscar explicaciones complejas. Siempre, en esta clase de situaciones cuando "no hay un mango" -parangonando al viejo Gómez, aunque ahora estamos en la época del dólar, y desde hace rato-, todos los gobiernos recurren al dinero de los jubilados.
Parece el más fácil de tomar, incluso en este tiempo en que las cajas tanto del PAMI como de la ANSeS tienen colgado el rótulo de autárquicos, es decir, supuestamente deberían ser independientes de la administración central, pero eso, es apenas una formalidad. No se cumple, pues los funcionarios puestos al frente de esos dos organismos, responden con obsecuencia debida a las órdenes "de arriba", como siempre se dice cuando hay que ocultar a quien toma este tipo de determinaciones.
Hace un par de domingos hablamos de la ANSeS de Diego Bossio, donde los valores del Fondo de Sustentabilidad, creado justamente para evitar este manoteo indiscriminado del gobierno cuando está necesitado como ahora, están siendo sustituidos por los "pagadios", esos papeles que son enviados desde el Tesoro al momento de hacerse de letras, títulos y otros recursos que sí tienen valor y que pertenecen a los jubilados. Habiéndose incluso llegado al colmo de disponer de esos fondos no sólo para urgencias, sino para financiar el gasto público, que como dijimos tantas veces en estas recientes entregadas, tiene una vorágine expansiva realmente tremenda.
Ahora, como para terminar de completar un escenario complicado para el futuro de la clase pasiva, también el PAMI abrió sus cajas sin reparos para financiar al Estado. Aquí, en claro perjuicio para la atención de los jubilados, ya que son fondos que deberían supuestamente ser destinados con ese fin, pero en cambio se restan al objetivo que tienen para desviar a las cajas del gobierno.
¿Se entiende entonces por qué razones un pasivo debe dejar su cama de internación a los pocos días, aún requiriéndolo su estado de salud? Hace unos días la sede del PAMI fue allanada por el juez Bonadío, quien investiga ese desvío de fondos. Debió llegar a esa medida extrema ya que cuando solicitó información, desde el mismo PAMI y luego de una más que extensa espera, le respondieron con otros datos que nada tenían que ver con el asunto. Una tomada de pelo, que en realidad deja sentado el sentido de impunidad y desprecio con el cual se conduce casi toda la administración, después de una docena de años en que todo lo público fue tomado poco menos que por asalto.
Desde 2007, cuando asumió Cristina Fernández, el PAMI está intervenido por parte de Luciano de Césaris, ese mismo que lo primero que hizo fue asignarse un sueldo de 100.000 pesos. Hoy está acusado de haber desviado fondos por casi 3.000 millones de pesos en estos últimos años. Desde el área más sensible de los jubilados, pues de allí deben salir los recursos para sostener la obra social, que no es todo lo buena que corresponde. Así, ahora el dinero de la obra social de los jubilados es de todos.
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