Por Redacción
Por la Dra. Marcela Aeberhard (*)
En mi carácter de diputada de la Provincia de Santa Fe, recientemente tuve la oportunidad de participar del XII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) que este año se realizó en Bogotá para debatir sobre “Reforma del Estado y de la Administración Pública”.
Después de un largo camino de reformas parece existir consenso en la comunidad internacional respecto de las medidas que han sido y deben ser implementadas para promover la gobernabilidad y modernización de las instituciones gubernamentales. En este sentido, el objetivo en la actualidad es diseñar e implementar políticas públicas que permitan ofrecer a los ciudadanos mejores resultados.
En el Congreso se pudieron analizar los diversos niveles de avances que se han logrado con relación a la profesionalización en los gobiernos locales con la finalidad de apreciar el impacto de esta en la capacidad de gestión de las instituciones públicas desde la perspectiva de la actuación y el cumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios.
Algo muy interesante a resaltar es la necesidad de una formación para el servicio público con un pensamiento latinoamericano. Se trató la necesidad de comprender la importancia de la formación para el servicio público y el rol de las universidades en este sentido.
GOBIERNO ABIERTO
Otro eje fundamental en el Congreso fue la obligación de los gobiernos democráticos de rendir cuentas para reportar y explicar sus acciones. La necesidad de transparentar el funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. Se analizaron experiencias, algunas con éxitos otras con fallas o limitaciones. Se buscó analizar el tema con sentido crítico pero propositivo.
Horizontalidad, interdependencia y renuncia a la visión jerárquica parecen ser adjetivos esenciales a la hora de pensar en los nuevos tiempos de las políticas públicas.
De alguna manera, lo que está ocurriendo, aún de manera fragmentaria y poco clara, es el paso de un escenario en el que las políticas públicas estaban pensadas y formuladas en clave universalista y que buscaban representar los intereses generales desde el consenso de los grupos y actores más representativos en los procesos de intermediación, a un nuevo marco en el que aumenta muy notablemente la diversificación social, en el que la calidad en los servicios públicos derivados de las políticas se fundamentan en su capacidad de personalización, y en que se han multiplicado las posibilidades de intervención y de acción de cada individuo en los procesos de demanda, formación y elaboración de las políticas públicas.
INSEGURIDAD, UN
PROBLEMA CONSTANTE
La inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas de la acción pública en todos los niveles de gobierno. Durante el último sexenio se estableció una guerra frontal en contra de los grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados parecen estar lejos de lo originalmente previsto. En este contexto, los gobiernos locales, en particular los municipios, se encuentran en una situación complicada, pues las modificaciones e iniciativas de modernización policial parecen excluirlos de las acciones directas subordinándolos a criterios definidos desde el gobierno federal.
En ese sentido, se ha dado toda una discusión sobre la creación del llamado Mando Unico Policial. Además de la discusión sobre dicha estrategia han surgido propuestas que buscan recuperar la contribución del capital social y la participación ciudadana para prevenir la delincuencia.
Se asevera que una intensa participación sumada a programas altamente ciudadanizados favorecen la reconstrucción del tejido social. Se ofreció en los paneles en los que participé un panorama que recupera la crítica al modelo de política de seguridad aplicado, así como los potenciales alcances de la participación social como mecanismo para mejorar la seguridad en los espacios locales.
MUJERES, PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO
Debo resaltar la gran participación de las mujeres tanto en todo el desarrollo de esta capacitación como en toda la Administración Pública de América Latina. Es imprescindible la promoción de esta participación por parte del Estado mediante políticas públicas que resuelvan los déficits de equidad, inclusión y justicia social.
Existen en muchos Estados avances normativos e institucionales que muestran la participación de género y los efectos en términos de transparencia, lucha contra la corrupción y eficiencia. Contamos con evidencia empírica que nos permitieron determinar, primero el alcance de este proceso en la democratización de las organizaciones políticas y segundo comprender los cambios del sistema político, es decir: nuevas subjetividades políticas, nuevos liderazgos de las mujeres, nuevas prioridades e intereses defendidos por mujeres y nuevos énfasis de las políticas de género que reivindican nuevos derechos.
Recordé en ese momento de la exposición de tantas mujeres prestigiosas el mensaje que dio Michelle Bachelet cuando quedo inaugurado ONU Mujer en Febrero de 2011, el cual compartí con las disertantes. La decisión de establecer ONU Mujeres reflejó una inquietud mundial por la lentitud del cambio. Ya no se puede aceptar vivir en un mundo donde se hace salir de la escuela a las niñas y se les obliga a casarse temprano, donde las oportunidades de empleo de las mujeres son limitadas y donde la amenaza de la violencia de género es una realidad diaria dentro de la familia, en la calle, en la escuela y en el trabajo.
El descuido de los derechos de las mujeres quiere decir que el potencial social y económico de la mitad de la población no se utiliza debidamente. Si queremos explotar ese potencial, tenemos que crear espacios para las mujeres en la esfera política, en la ciencia y la tecnología, como negociadoras comerciales y de paz, y como directoras de corporaciones. Apoyar el progreso más rápido de las mujeres no es sólo moralmente correcto sino que tiene sentido político y económico.
Esto es verdad para los países y para las empresas. Las evaluaciones hechas en 134 países por el Foro Económico Mundial, que hace el seguimiento del desempeño en materia de igualdad de género, indica que hay una correlación evidente entre el progreso en materia de género y el PIB per cápita. Asimismo, un estudio reciente mostró que las empresas que tienen la mayor cantidad de mujeres en sus juntas directivas eran 53% más lucrativas que las que tenían menos mujeres en sus juntas directivas.
Cuando las mujeres tienen acceso a la educación secundaria, a buenos empleos, a la tierra y a otros bienes, el crecimiento y la estabilidad nacionales son mejores y hay una menor mortalidad materna, mejor nutrición infantil, mayor seguridad alimentaria y menos riesgo de VIH y de SIDA.
(*) Es diputada provincial por el Partido 100% Santafesino.
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