Por Pedro Ulman
La expansión en el nivel de los precios que soportan los argentinos y que no registra el INDEC explica, en gran medida, la creciente conflictividad social a partir de la falta de acuerdos en las paritarias por los salarios. Los trabajadores municipales y de la educación de la provincia de Santa Fe se presentan, en estos días, como los casos emblemáticos en la nueva coyuntura.
Siempre existió, en las discusiones por la distribución de los ingresos, un grado lógico de tensión. Pero los mentirosos datos que proporciona mensualmente el INDEC dejan sin punto de referencia para las negociaciones, ampliando la distancia entre la oferta que efectúan las patronales y las demandas que realizan los representantes sindicales.
El INDEC calculó que los precios se incrementaron 9,5 por ciento durante el 2011, una cifra sustancialmente inferior al 23 por ciento que estimaron las consultoras privadas y difundieron en el Congreso, a través de legisladores opositores, debido a la persecución que sufren por parte del Gobierno.
En tanto, el organismo que cumple similar función en la Provincia, el IPEC, registró una inflación del 21 por ciento el año pasado. Por tanto, a priori existen tres indicadores sobre el comportamiento de los precios en torno a los que se procuran establecer acuerdos por los salarios. En este escenario resulta muy complicado buscar consensos y sólo se alimentan las diferencias que se traducen en un mayor nivel de confrontación.
Esta situación no cambiará en el corto plazo si se tiene en cuenta que el diputado oficialista, Roberto Feletti, aseguró en la semana que la inflación no es una “preocupación del Gobierno”, al que sólo le interesa bajar la tasa de la desocupación.
Es en este marco que aparece un cuarto indicador que complejiza aún más la discusión por los salarios. Se trata de la inflación del supermercado, una categoría instalada por los sindicatos a la hora de plantear los reclamos para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Precisamente, los dirigentes gremiales consideran que en las góndolas se licuan rápidamente los salarios.
Así las cosas, la FESTRAM, la entidad que nuclea a los empleados de municipios y comunas, exigió un incremento de los sueldos del 29 por ciento. Los intendentes y jefes comunales ya concibieron tres propuestas, la última postula una suba escalonada del 23 por ciento, pero nunca pudieron conformar a los gremialistas. Ante el estancamiento, la organización sindical aumentó la presión en la mesa de negociaciones a partir de dos paros, el primero por 48 horas y el último, de 72 horas.
Ante la imposibilidad de superar las divergencias y satisfacer las demandas de sus empleados, los intendentes pidieron la ayuda de la Provincia para que, a través del Ministerio de Trabajo, se dicte la conciliación obligatoria y de esa manera ganar tiempo para rediseñar sus ofrecimientos y evitar el deterioro de los servicios que prestan los municipios. El malestar de los vecinos de cada pueblo y ciudad por la ausencia de servicios preocupa principalmente a aquellos intendentes que están en condiciones de otorgar el aumento reclamado.
Sin embargo, la FESTRAM negocia corporativamente sin reconocer las distintas realidades financieras de los municipios y comunas, lo que enreda las discusiones y desalienta a los jefes de gobierno locales que están dispuestos a terminar con el conflicto ahora mismo proponiendo un aumento más cercano a las aspiraciones de los gremios. Quedará para un próximo debate el formato de las discusiones. ¿Será posible que cada municipio y comuna encare paritarias independientes con el sindicato que le corresponda? Es una tarea pendiente incómoda.
Por otro lado, los maestros protagonizan la otra batalla, pero en este caso es el Gobierno provincial la contraparte. La administración que lidera Antonio Bonfatti ofertó una suba salarial ajustada a la inflación medida en las ciudades de Santa Fe y Rosario a través del IPEC, esto es el 21 por ciento. Es una propuesta similar a la que aceptaron SADOP, ATE y UPCN, pero no pudo lograr que los combativos maestros se conformen con ese porcentaje.
El ciclo lectivo no comenzó con normalidad, sino con una medida de fuerza, condicionando el diálogo y cambiando el humor de la sociedad en relación a las reivindicaciones solicitadas por los docentes. Prácticamente, a esta altura de marzo los días de paro y de clases son iguales.
Un relevamiento del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría sostiene que desde 1983, cuando se restableció la democracia, los gremios docentes fueron el sector sindicalizado que más paros concretó.
Bonfatti advirtió que descontará los días de paro ya que la última propuesta formulada por el Gobierno no sería mejorada. Para poder aplicarlo debería declarar como ilegal la medida de fuerza. En el medio, la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, talló en el conflicto sugiriendo a los docentes una mayor sensatez y poniendo en valor la oferta hecha por la Provincia gobernada por el Frente Progresista, un gesto que no es menor.
Con porfiados en ambos lados de la mesa paritaria, todo se estancó hasta el viernes, cuando AMSAFE, el gremio de los maestros de las escuelas públicas, pidió que se convoque a una nueva reunión, obteniendo una rápida respuesta. Mañana, cerca del mediodía, los representantes oficiales y del gremio se encontrarán quizás con mayor predisposición a encontrar un punto en común.
En el mientras tanto, son los ciudadanos los que padecen las consecuencias. Se encuentran con la escuela cerrada y con la Municipalidad sin trabajar. El deseo, entonces, para normalizar el funcionamiento de la ciudad es que esta semana todos los protagonistas de estas paritarias tengan mayor sensatez.
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