Por Dr. Hugo Alberto Degiovani
Hemos publicado hace ya un tiempo (LA OPINION 3/12/1996 y 18/04/2002) nuestra opinión sobre el debate en la sociedad acerca de la necesidad de disminuir la edad de punibilidad, tendiente a lograr que el sistema jurídico represivo responda ante el avance de la delincuencia juvenil. Al insistirse ahora mediante proyectos de legislación sobre el mismo tema, nos parece oportuno reflexionar nuevamente al respecto.
Queremos suponer que este es el motivo que impulsa la inquietud, pues resultaría grave admitir que la intención sea otra: la mera compensación y retribución por el mal causado, ingredientes estos de la pena que los sistemas jurídicos evolucionados han desterrado como únicos justificativos.
Al hablar de la prevención del delito cometido por menores debemos tener en cuenta dos tipos: una llamada "amplia", es la prevención de los factores sociales que llevan a la conducta delictiva. Este aspecto constituye el más significativo de la etiología de la conducta del menor. Nadie puede ignorar el impacto que produce la familia, la escuela, el hábitat, las condiciones demográficas, culturales y hasta históricas en la formación de su conducta.
Hoy todos aceptamos estas razones como ciertas, hasta el punto que reconocemos que a los sectores de la niñez y de la adolescencia, se les niegan legítimas oportunidades en su educación, trabajo y en la participación social.
Como dato ilustrativo, recordamos que en Iberoamérica (la Argentina no es ajena) una ínfima minoría de la población juvenil tiene acceso al estudio y a un trabajo, o por lo menos a uno digno. Se convierten así en la gran masa futura y flotante de la conducta desviada y delincuente.
En nuestro país, los índices estadísticos sobre deserción escolar, desocupación, mortalidad infantil y prenatal, desnutrición o subalimentación, etc., son signos más que representativos de esta problemática. Casi la mitad de los habitantes de la región hasta los quince años nunca tuvieron acceso a la escuela. Cada vez más son las familias que habitan viviendas precarias, hacinadas en villas miseria, motivado en una movilidad geográfica y social hacia los grandes centros urbanos determinada en la búsqueda de subsistencia.
El antropólogo social Bronislaw Malinowsky ya señalaba, hace cincuenta años, la crisis profunda de la familia. Decía que la visión estereotipada de la misma, representada en el clásico esquema padre y madre viviendo con hijos y casa propia, con estabilidad emotiva era la excepción. Ahora, el problema lejos de mejorar se acentúa gravemente. No más de un tercio de las familias en cualquier sociedad occidental responden a esa tradicional concepción.
Todo se debe a que la familia está sujeta a contradicciones impuestas por una estructura ocupacional y educativa producto -como lo señalara Juan Pablo II- de un orden económico totalmente injusto, en donde la concentración de riquezas hace estragos.
Analizado, como lo hicimos resumidamente, la problemática que lleva a la necesidad de contar con la llamada prevención "amplia", va de suyo a nuestro juicio que una vez sorteado aunque sea en parte este difícil escollo, podremos pensar en una prevención "específica" desde el campo del derecho como la pretendida reducción en la edad de punibilidad.
Invertir el orden en esta cuestión y pensar que esa sería la solución del problema de la delincuencia juvenil, es erróneo y hasta utópico. Pero peor aún, resulta injusto e hipócrita.
La legislación en la tarea preventiva, antes de bajar la edad de castigo penal, debe procurar condiciones mínimas y dignas de vida: proteger al menor de la prostitución infantil, de las adicciones, de la desocupación y del trabajo mal remunerado, de la explotación de todo tipo, y de los ajusticiamientos en masa como sucede en algunos países de Latinoamérica. Pero además debe impulsarse una legislación que garantice que al menor se le presente una escala de valores axiológicamente sana. Que bajo el amparo de una libertad mal entendida el menor no tenga acceso a la pornografía, a la humillación de los valores religiosos, al ataque sistemático del derecho a la vida y a la familia como el aborto y la eutanasia.
Mostrar al joven o al niño que todavía es más importante el esfuerzo que el mero resultado, la solidaridad al "sálvese quien pueda", el éxito que pueda dar el trabajo al exitismo del dinero. Y por sobre todo, el creer en Dios a un ateísmo práctico.
Para concluir hacemos nuestras las expresiones del criminólogo Pedro David: "Habrá también que valorar al adolescente y al joven sacarlo del purgatorio donde lo hemos recluido y hacer de la legislación un elemento de liberación y salud y no de discriminación. Lo contrario es crear la enfermedad para luego hacer mérito con su cura" (David, Pedro. Criminología y Sociedad. Pens. Jurídico. Editora. Bs. As. P.74).
Abogado - Ex becario de la Escuela Judicial Española. Docente universitario. Especialista en la Enseñanza de la Educación Superior. Licenciado en Gestión de Instituciones Educativas.
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