Por Roberto Actis
Con la justicia siempre hemos mantenido algunas diferencias que invariablemente fueron puntualizadas en cada caso, más allá de cuestiones técnicas alejadas de nuestro alcance, sino de aquellas que devienen del sentir de la gente, o bien del siempre útil empleo del sentido común. Por ejemplo las extensísimas demoras que tienen algunas causas, que terminan extinguiéndose en la prescripción -entiéndase archivo, o aún más claro, cesto-; la abismal diferencia que tienen ciertos magistrados para la interpretación de la ley ante un mismo episodio; que violadores y asesinos anden sueltos por vaya a saber qué cuestiones, y terminen reincidiendo; o más simplemente, que paguen impuestos como todo el mundo, aunque esta amplitud sea más una expresión de deseos que una realidad, ya que aquí se paga impuesto por el trabajo pero no por la renta financiera. Una montaña por la soja, pero chirolas por la minería, aun cuando no se trate de recursos renovables, y más que eso, dejando una secuela contaminante.
Aunque para ser justos, nada mejor empleado en este caso, gran parte del peso que recae sobre las espaldas de la justicia, debería ser cargado por los legisladores, autores de leyes que, muchas veces, no permiten discernir si están hechas para proteger a los ciudadanos o a los delincuentes. Sin olvidar por supuesto lo que concierne a los menores, que cubren gran parte del escenario del delito amparados en su edad, que les evita ir presos o a un centro de rehabilitación, aún estando habilitados para votar. Justamente, para aprobar el voto a los 16, hubo una acelerada preocupación legislativa impropia de su habitual andar cansino, considerando que, por ejemplo, el Plan Laura para construir una telaraña de 13.000 kilómetros de autopistas, hace 14 años que deambula por los cajones de escritorios del Congreso sin haber todavía encontrado destino.
Por las dudas, ya que hoy el despiste es mayúsculo, no estamos alentando la pena de muerte, ni mano fuerte, mucho menos palos a los menores, pero está claro que algo debe hacerse. Quienes tienen la responsabilidad de ocupar las bancas, y que tan bien retribuidos están por esa tarea, deben afrontar la responsabilidad de hacerlo. Usar la imaginación, buscar salidas. Legislación clara para que los jueces tengan las herramientas y no puedan apartarse con tanta facilidad de las normas, interpretando a diestra y siniestra.
Dichas algunas cosas que tienen que ver con la justicia y con el momento que vivimos, en el cual la inseguridad es la mayor preocupación, vayamos a la intención de estas puntualizaciones. La aspiración es que sean solucionadas y tengamos una justicia más consolidada, más fuerte y por sobre todas las cosas justa, especialmente en esta instancia de tener que hacer frente al intento de "democratización", sustentado en media docena de decretos, algunos de ellos de sabor edulcorante y sirviendo como cortina de humo para tratar de disimular -aunque sin conseguirlo- el verdadero objetivo buscado que no es otro que el alineamiento a los intereses del gobierno.
El intento, además con una rapidez increíble, ya está siendo tratado en las comisiones legislativas y es probable que antes que cante un gallo quede convertido en ley. "Sin discutir siquiera una coma", advirtió el senador Aníbal Fernández, haciendo gala del más puro estilo kirchnerista, casi rozando el sistema monárquico y bastante lejos del republicano.
Todo parece responder al "vamos por todo" lanzado por la presidenta Cristina Fernández tiempo atrás, y que ahora, con octubre como meta, está acelerándose. Lo que en realidad está definiéndose es una justicia independiente -aún con toda clase de tropiezos- u otra al estilo Oyarbide. La elección no merece siquiera argumentaciones.
La similitud que tiene esta democratización judicial con la ley de medios es mucha. Los argumentos fueron una cosa, la realidad otra bien diferente, pues trazando la línea lo único visible es la conformación de una enorme batería de medios de propaganda oficialista -en todos los casos de muy pobre penetración a pesar del elevadísimo costo que sale del bolsillo de todos- y las dificultades que se impusieron a los no alineados. La Justicia le puso algunos límites y por eso es que ahora se busca ponerla de rodillas.
Nuestro coterráneo Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, no se expresó explícitamente sobre la reforma pues es probable que el tribunal deba resolver sobre algún reclamo de inconstitucionalidad, aunque deslizó una frase simple pero de gran contenido: "se defenderá la Constitución". Una obviedad en este caso, pero de gran valor en este momento.
El gobierno está usando todo su poder de fuego en estos meses previos a las elecciones de octubre. Congelamiento de precios, de electrodomésticos, ahora también de combustibles, la tarjeta popular -en este caso debe admitirse su positivo efecto, que hizo bajar a los bancos de golpe 30% en la financiación de los plásticos-, pero ¿después qué? Se trata de medidas al estilo Moreno, de impacto inicial y luego fracaso asegurado. La economía está en claro declive, casi en un tobogán y más que esta clase de parches, necesita de otra clase de orientaciones algo más profundas. Tal vez lleguen, aunque difícilmente antes de octubre.
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