Por Carlos R. Nayi (*)
En medio de un escenario apocalíptico de medidas impopulares cuya contracara ha sido la resistencia, muchas veces extralimitada, de quien se entiende legitimado para ejercer un derecho constitucional pero que en manera alguna es absoluto, se ha sometido al ciudadano a vivir un calvario inmerecido.
En el marco de esta situación, ha brillado un Estado ausente a la hora de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales, materia en la cual tiene responsabilidades indiscutibles.
Dicha falencia se hizo dramática fundamentalmente en materia de salud, cuando miles de ciudadanos fueron rehenes de una retracción inaudita a la hora de acceder a un servicio esencial como la salud pública.
La prestación fue condicionada de manera injusta e ilegal a la superación de un conflicto salarial entre dos protagonistas bien definidos.
Debe tenerse siempre presente que donde hay una necesidad, existe un derecho; y si el Estado está ausente, es la sociedad entera la que termina soportando las consecuencias dañosas que cada vez con más frecuencia terminan siendo irreparable.
Encontramos otros ejemplos en un pasado no lejano, plagado de desbordes intolerables desde el Estado mismo, como fue el tarifazo aplicado sobre el gas natural, que merece calificarse de arbitrario e irrazonable desde el punto de vista económico; groseramente lesivo y manifiestamente ilegal, ya que contraría y desafía elementales principios de justicia consagrados en la Constitución Nacional y que atañen a todos los ciudadanos.
En un Estado de derecho, no se pueden asumir actitudes pasivas frente al cercenamiento de los derechos fundamentales, ni tampoco dictar normas arbitrarias e ilegales. Estas, de verificarse, serán motivo de revisión judicial como reproche legal irremediable, y podrá el damnificado solicitar a la autoridad competente la inmediata suspensión de los efectos derivados de la resolución de la autoridad que corresponda.
Así como con el problema de la salud, con una etiología particular y con responsabilidades inocultables de parte de ambos protagonistas, se pueden citar como antecedentes nefastos de desbordes de la autoridad pública lo acontecido en el país con la aplicación de las retenciones al agro, entre otros tantísimos ejemplos.
Estado de derecho y autoridad. Todo lo que excede el sentido común, carece de fundamento en derecho, por lo que no pueden dictarse disposiciones que se caractericen por su irracionalidad económica ni entrar en un estado de postración frente al avasallamiento de derechos fundamentales. Nos referimos al dantesco panorama que presentó nuestra ciudad con motivo del conflicto de Crese, con una Municipalidad sitiada y la sociedad entera en estado de zozobra.
En un auténtico y real Estado de derecho, la estructura legal debe brindar un marco jurídico a las acciones de sus integrantes y sólo así viviremos en un real y no virtual mundo civilizado. Pensar lo contrario importaría admitir la existencia de un Estado de excepción, que no es otra cosa que una dictadura constitucional, lo que es inadmisible.
Si bien sólo la Constitución Nacional delimita las funciones del Poder Ejecutivo, recuérdese que la Carta Magna por sí sola es un documento retórico si carece de alguien que la interprete y la haga cumplir.
Hoy por hoy nos queda como certeza sólo el respeto a las garantías de rango constitucional como único factor de unidad nacional.
(*) Abogado. Publicado en La Voz del Interior.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.